El libre mercado fiscal es un hecho de vital importancia en un entorno UE y también global, como ya dijimos hace año y medio en: Busque, compare y si encuentra algo mejor... deslocalícese. La globalización también ha llegado hasta el punto de que la oferta y la demanda de fiscalización de los paises atrae flujos de capital de unos a otros Estados. Quizás debemos ya dejar atrás los conceptos de rico insolidario, evasor y otros adjetivos leídos comúnmente, y comenzar a darnos cuenta de que demonizando su comportamiento, no conseguiremos nada mientras en los países vecinos ofrezcan condiciones fiscales más favorables para nuestros ricos. No digo que sea un mejor o peor escenario que el antiguo "pague Ud, según la legislación vigente o vaya a la cárcel", posiblemente sea más injusto. Pero es la cruda realidad. Hoy en día es más bien un "pague Ud, según la legislación vigente en España (con 17 legislaciones vigentes autonómicas donde elegir) o vaya a pagar según la legislación vigente en cualquier otro país que le ofrezca mejores condiciones". Todo ello, lógicamente, dentro del entorno de la actualizada lista blanca y gris pálido de la OCDE, es decir excluyendo los cada vez más acorralados y reducidos (y quizá por ello potenciados) paraísos donde la fiscalidad y las garantías brillan por su ausencia.

En este entorno de libre competencia de países con fiscalidad blanca, el capital fluye libre y ágilmente con la oferta y la demanda. La tecnología, la información y el alto nivel de asesoramiento de los ahorradores/inversores, hacen el resto. Y así debe ser en cualquier mercado que se precie: Con libertad, garantías legales, agilidad, bajo criterios de competencia libre y con transparencia. Y todo ello bajo una regulación que evite abusos, como la lista negra de paraísos que quedan al margen de ese libre mercado. Por lo tanto, cualquier país blanco deberá ponderar muy mucho cualquier cambio sustancial en su política fiscal, sobre todo en lo que se refiere a la imposición del ahorro y rentas, debido a su fácil deslocalización hacia mejores ofertas fiscales.

- Parece difícil imaginar que la fiscalidad de las SICAV pudiera penalizarse sin hacerlo al resto de IICs (fondos de inversión), ya que de ser así, el trasvase hacia éstos sería inmediato y la medida habría tenido repercusiones positivas nulas.
- Si se penalizasen las IICs en su conjunto, los inversores/ahorradores huirían hacia IICs de otros países como ya hemos dicho anteriormente, con el agravante de que no sólo huirían los inversores nacionales sino todos los extranjeros que están invirtiendo en IICs españolas. Imaginemos qué le ocurriría a la industria financiera del país si los fondos de inversión y las SICAV se quedaran sólo con los clientes retail más desinformados.
- Esos centenares de miles de millones de € que abandonarían las IICs españolas pasarían a ser gestionados por entidades financieras extranjeras, que inevitablemente tendrían querencia a invertir en intereses de sus propios países. De esta forma la sangría de dinero afectaría a la mismísima capacidad de financiación de nuestras empresas y del Estado, con sus consecuentes incalculables perjuicios.
- Por supuesto, la potencial tributación de plusvalías en el tiempo se acogería a los respectivos acuerdos bilaterales para evitar la doble imposición, saliendo de nuevo muy perjudicados los intereses de España.
