Mucho se habla últimamente sobre la necesidad de una banca pública para superar la crisis y garantizar el correcto funcionamiento del sistema financiero español, puesto que una banca controlada por el Estado es la única forma de evitar abusos y evitar que se recaten entidades financieras con dinero público. Algo que me suena a paradoja, puesto que una banca pública estaría constituida por dinero público, y el dinero público sería el que tendría que encargarse de los problemas de la misma.
Tradicionalmente, la banca pública española ha estado formada por las Cajas de Ahorros. Es importante distinguir a los bancos privados de estas Cajas de titularidad pública. Durante años, se ha intentado engañar al público pregonando que la banca fue rescatada con dinero público a raíz de la crisis, mientras un sector de la ciudadanía vivía en condiciones pésimas. Las entidades que realmente fueron rescatadas fueron las Cajas de Ahorros, empezando por Caja Castilla-La Mancha, Cajasur, Caja de Ahorros del Mediterráneo y Banco de Valencia, y siguiendo por Unnim, Caja3 y Banco Gallego. Por su parte, Banco Mare Nostrum, formado por Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra, y participado por el FROB en un 65% (por tanto, de titularidad mayoritariamente pública), recibió ayudas por valor de 1.645 millones de euros.
Por último, todos conocemos la historia de Bankia, nacida de la fusión de 7 cajas de ahorros y participada en un 63% por BFA Tenedora de Acciones, entidad 100% controlada por el FROB. Bankia recibió más de 22.000 millones de euros para poder sobrevivir.
Como se puede ver, ninguna entidad privada o mayoritariamente privada ha sido rescatada. Banco de Valencia, en su día era una entidad semipública, pero al ser adquirida por CaixaBank pasa a ser exclusivamente privada.
Todas las entidades que han recibido ayudas públicas eran Cajas de Ahorros, gestionadas por políticos y sindicalistas. Entidades públicas, gestionadas y administradas por representantes del público, elegidos por el público. Todas ellas se vieron ahogadas por una mezcla de corrupción e incompetencia, y como los propietarios de una entidad, los accionistas, son quienes deben hacer frente a las situaciones de estrés, los contribuyentes son quienes debieron soportar la carga de rescatar a todas esas entidades que, al fin y al cabo, eran de su propiedad.
Por ello resulta incoherente demonizar a los verdaderos bancos (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell…), ya que nunca han recibido un solo euro de propiedad pública, como un sector generalizado de la población piensa.
Lo que sí resulta incoherente es la defensa cada vez mayor de la creación de una banca pública como instrumento para capear la crisis y solucionar los problemas de la ciudadanía, cuando no cabe duda de que esa banca pública fue la principal causante de los problemas financieros en España. Los gestores de todas esas Cajas las saquearon, a costa del dinero de los contribuyentes, asumiendo riesgos inaceptables y quedándose, literalmente, con dinero público. Y no importa el color de esos gestores, puesto que los había de todos los partidos políticos, e incluso representantes de los sindicatos.
Actualmente existe incluso una plataforma por una banca pública, y muchos políticos que defienden seriamente la necesidad de la misma. No es de extrañar que haya políticos que defiendan estas instituciones, después de comprobar los resultados tan positivos que tienen para ellos. Cabría plantearse la peligrosidad de las afirmaciones de ciertas formaciones políticas, las cuales proponen el reconocimiento constitucional de “un principio que consagre el crédito y la financiación a la economía como un servicio público esencial”, equiparándolo así a la sanidad o la educación. Las consecuencias de un incremento de la morosidad y los impagos en un sistema financiero de titularidad pública como el propuesto serían imprevisibles y de una magnitud mucho mayor que la crisis vivida, ya que, si el objetivo de ese sistema es financiar a todo aquel que no logra financiación a través de la banca privada, los riesgos asumidos serían enormes, y las probabilidades de un impago generalizado aumentarían constantemente. Como ya se ha dicho, tal situación sería soportada y financiada por los accionistas de esas entidades: los contribuyentes. Y dudo que una persona esté dispuesta a pagar por los impagos de sus semejantes.
Así que, ¿necesitamos una banca pública?
