La imputación de Rajoy en Andorra busca la X de la Operación Catalunya que la Justicia española se resiste a investigar La investigación al expresidente del Gobierno es la iniciativa judicial más contundente frente a las maniobras parapoliciales contra el procés que se desarrollaron en el primer mandato del líder popular— La jueza de Andorra imputa a Rajoy por coacciones de la policía política para obtener datos bancarios de los Pujol Ocho años después de la primera información sobre su existencia, la investigación de la Operación Catalunya se abre paso en los juzgados. La sordina que la Audiencia Nacional viene poniendo sobre la operación parapolicial para contrarrestar el proceso soberanista en Catalunya, de forma prospectiva y sin control judicial pero con fondos del Ministerio del Interior, se ha roto en un juzgado de Andorra, que investiga formalmente a varios mandos policiales y políticos, incluido el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. La noticia llega tres semanas después de que el comisario al mando de aquellas maniobras, Eugenio Pino, haya sido condenado en un un tribunal de Madrid por intentar adulterar el caso Pujol. Bautizada tiempo después de ponerse en marcha como Operación Catalunya, las maniobras policiales contra el procés arrancaron al poco de que Mariano Rajoy llegara a La Moncloa. El 30 de noviembre de 2014, elDiario.es desveló que un grupo secreto de policías rastreaban información sobre supuestas corruptelas de líderes soberanista y sus entornos fuera de cualquier causa judicial. En ese contexto, Andorra se revelaba como un escenario clave y la familia Pujol como un objetivo prioritario. La actuación de la justicia andorrana llega mientras en España la Operación Catalunya se ha convertido en el elefante en la habitación del caso Villarejo. El juez y la Fiscalía se resisten a que la gran causa de la Audiencia Nacional que investiga la utilización partidista de la Policía en el caso Kitchen, para borrar pruebas de la corrupción del PP en manos de su extesorero, se adentre en las maniobras contra el procés. En uno de sus autos, el juez instructor, Manuel García Castellón, defiende la legalidad de la actuación de Villarejo en la época de la Operación Catalunya porque consistía en “captar información” sobre corrupción en la citada comunidad autónoma. as querellas que han propiciado la imputación de Rajoy y el resto de presuntos responsables de la brigada política fueron puestas hace casi seis años en Andorra, de un lado por el lnstitut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) y el colectivo de juristas Drets, y de otro, por Higini Cierco, exmáximo accionista de la BPA. Los escritos versan sobre una presunta operación, en una doble vertiente política y policial, para obtener de forma irregular información bancaria de la familia Pujol en el país vecino. En su resolución, la magistrada cita los seis delitos del Código Penal andorrano que se investigan: coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacción a órganos constitucionales andorranos y creación de documento inveraz por un funcionario.
