Los inspectores del Estado denuncian el exceso de control político de los gobiernos

Los inspectores del Estado denuncian el exceso de control político de los gobiernos Los inspectores de Hacienda presentaban este miércoles un escrito donde piden que el plan de control tributario de este año recoja “expresamente” la comprobación de las regularizaciones hechas por la vía de la amnistía fiscal. La solicitud está dirigida a la directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, pero el destinatario último es el ministro Cristóbal Montoro. La petición de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) no es nueva. Desde hace meses, vienen realizando la misma reclamación de palabra. Ante la respuesta poco satisfactoria del Ministerio, han decidido ponerla negro sobre blanco, para que conste con toda oficialidad. Consideran, en boca del presidente Ransés Pérez Boga, que existe “un control político” de los expedientes y que la Declaración Tributaria Especial es más opaca de lo que dicen las autoridades. De ahí la queja. La amnistía fiscal ha avivado, así, las discrepancias entre los inspectores y los responsables de Hacienda, recuperando además el debate sobre el tira y afloja casi permanente que existe entre los funcionarios más cualificados de la Administración y los gobiernos. Es más, el caso de Hacienda tiene una réplica dentro del Banco de España, donde los inspectores también han denunciado en varias ocasiones la discrecionalidad de la dirección. La última vez, en enero. Denuncian que algunas actuaciones del Gobierno han eludido los criterios técnicos Aunque con ciertas diferencias, tanto los unos como los otros, todos funcionarios de élite, levantan la voz para significar que algunas de las actuaciones acometidas por el Gobierno han eludido los criterios profesionales. Un reproche que esta vez salpica al equipo de gerencia de Mariano Rajoy, pero que antes afectó a otros. Socialistas y populares: ambos cargan sobre las espaldas algún caso. “Las apreciaciones técnicas a veces no gustan políticamente”, asegura Pérez Boga. “Por eso hay mucho interés en imponer control sobre los funcionarios”, argumenta. Coincide con el planteamiento Rubén Manso Olivar, inspector del Banco de España en excedencia, quien añade que “los Gobiernos pretenden no estar fiscalizados”. Deficiencias evidentes Las injerencias políticas tienen, para ambos, un efecto principal: la pérdida de eficacia de las instituciones. La crisis y los errores detectados recientemente en varias de las actividades de supervisión han dejado al descubierto esas carencias. Según Manso Olivar, “en el Banco de España no estaban regulados aspectos relacionados con los procedimientos, muy importantes. No estaba reglado por qué debía haber una inspección, quién debía ser investigado y tampoco cuándo un inspector podía ser retirado de un trabajo que ya había iniciado o cómo habían de ser utilizados los informes una vez que son entregados”. Explica que ese vacío no pesó durante una etapa, pero la ausencia de un reglamento concreto deja abierta la puerta a la arbitrariedad de los que ejercen la autoridad. “Lo que ha pasado en los últimos años es que esa deficiencia latente ha dejado de serlo. Cuando a los políticos no les han interesado los informes, los han metido en un cajón y se han olvidado de ellos”, zanja. Pérez Boga: en la Agencia Tributaria, “las cúpulas están excesivamente politizadas” El descrédito cayó sobre el Banco de España cuando ya era patente el agujero de la banca española. “Los inspectores habían hecho bien el trabajo”, dicen varios expertos del sector, y habían advertido de la deriva de los acontecimientos en el periodo de bonanza, pero tanto Jaime Caruana como Miguel Ángel Fernández Ordoñez, gobernadores desde el año 2000 hasta el 2012, “obviaron los avisos”. Dentro de la Agencia Tributaria, “las cúpulas están excesivamente politizadas”, afirma Pérez Boga. De hecho, “el presidente de la Agencia Tributaria es el secretario de Estado de Hacienda, la prueba está ahí”, subraya. Para el presidente de la IHE, eso repercute en el correcto funcionamiento de la entidad: “Determinadas decisiones, sobre cómo orientar los planes de inspección, parecen tener unos condicionamientos políticos y no de carácter técnico que perjudican la eficiencia de la gestión”. Otro ejemplo de politización aludido por Pérez Boga, es la propia amnistía fiscal. “Ningún técnico de la Agencia Tributaria estaba de acuerdo con ella y sin embargo el Ministerio la aprobó”. La independencia del funcionario Además de reprobar esta actitud controladora de los gobernantes y denunciar que afecta al desempeño de la Administración, los funcionarios aseguran que los ciudadanos están asumiendo gastos no necesarios por ello. Cuando un Gobierno acude a asesores externos o a empresas consultoras, paga para que desarrollen labores que bien podrían efectuar los empleados públicos. ¿Por qué lo hacen entonces? “El funcionario cobra con independencia de lo que diga; el consultor está mediatizado”, destaca Manso Olivar “Los políticos ven con mucho recelo la independencia de los técnicos; no quieren someterse a ella”, dice Pérez Boga, “también por eso crean estructuras que les concedan el protagonismo de la decisión final”. Manso Olivar hace referencia a este factor contrastando: “El funcionario cobra con independencia de lo que diga; el consultor, por el contrario, está mediatizado”. En esa misma dirección apunta el análisis de José Fernández Vidal, vicepresidente del sindicato CSI-F (Central Sindical Independiente y de Funcionarios): “A los gobernantes les gusta la gente afín, que les digan lo que quieren oír”. Diferencias entre partidos Las quejas de los altos funcionarios son iguales para los gobiernos de PP y PSOE. Según Pérez Boga, “desgraciadamente todos los gobiernos son parecidos. Tanto socialistas como populares han actuado con los mismos parámetros, siempre han tenido un interés en controlar las instituciones con fines políticos. Escuchan los criterios técnicos, si interesan; y si no, tratan de modularlos”. Manso Olivar asegura que una de las pruebas de la semejanza es la gestión que realizaron, como gobernadores del Banco de España, Caruana y Fernández Ordóñez, con José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, respectivamente. “El comportamiento fue muy parecido”. Fernández Vidal: "La libre designación va en detrimento del servicio público" Al respecto, Fernández Vidal señala que él no ha percibido diferencias “nunca” y que España está lejos del ejemplo francés. “En Francia apenas se nota cuando cambia el Gobierno”, recalca. El vicepresidente de CSI-F anima, no obstante, a perseverar en la petición de una Administración más profesionalizada: “Siempre hemos defendido una Función Pública profesional. Pensamos que el máximo número de cargos posibles deben ser otorgados por méritos. La libre designación, que ahora alcanza cotas absurdas, va en detrimento del servicio público”. La acusada recesión que atraviesa el país urge a practicar cambios en pos de una gestión pública más eficiente. ¿Cambiará eso la politización sobre la que alertan los funcionarios? “Lo único positivo de esta crisis es que puede contribuir a racionalizar algunos organismos del Estado. Confío en que van a dejar a los funcionarios trabajar con honestidad, como siempre han hecho, y con independencia”, argumenta Pérez Boga. Menos optimista parece Manso Olivar: “No me atrevería a decir qué va a pasar. Mi confianza en la clase política es muy escasa”.