VARIOS ACCIONISTAS MINORITARIOS DEL SCH PIDEN EN LOS TRIBUNALES QUE SE IMPUGNEN LAS CUENTAS DEL BANCO DEL EJERCICIO 2002
Los minoritarios del SCH contrarios a la gestión de su presidente, Emilio Botín, no descansan. De acuerdo con su particular causa, el Juzgado de Primera Estancia de Santander cuenta ya con distintas demandas contra el banco en las que se pide la impugnación de los acuerdos sociales de las cuentas de 2002, aprobados en la junta celebrada en el mes de junio de este año.
La primera de las demandas, presentada por Antonio Panea, tiene como base la falta de transparencia en las cuentas referentes al ejercicio 2002, por cuanto que figuran sociedades domiciliadas en Bahamas, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas, cuyos balances no han sido verificados por auditor externo, ni han sido presentados o registrados en ninguna oficina pública nacional o extranjera.
Según la demanda, las 35 sociedades que en total están domiciliadas en estos tres paraísos fiscales ostentan una importancia significativa dentro del consolidado del Grupo Santander, puesto que entre todas ellas, participadas de manera directa o indirecta por el SCH, representan cerca de 6.700 millones de euros de capital más reservas y 676 millones de beneficios durante el ejercicio.
La demanda presentada por Javier Sotos hace referencia a la aprobación en las cuentas de 2002 de unas retribuciones a los administradores que exceden el importe máximo autorizado por los Estatutos del Banco, equivalente al 5% de los beneficios del ejercicio, y en mayor medida el fijado como autolimitación por el propio consejo de Administración, por lo que el demandante entiende que no sólo se infringen los Estatutos Sociales del banco sino la propia Ley de Sociedades Anónimas.
De acuerdo con el escrito de la denuncia, si el beneficio de los resultados de 2002 alcanzó los 1.376 millones de euros, el importe máximo destinable a retribuciones debería equivaler a 68 millones de euros, o a 2,6 millones si se tomara como referencia la ?autolimitación?.
Estas cantidades son superadas con creces por los ingresos designados a los miembros del consejo, que al final, según el querellante, cobraron un total de 151 millones. Ello, sin incluirse en esta partida la indemnización de 108 millones de euros recibida por el ex consejero delegado de la entidad, Ángel Corcóstegui.
La tercera de las demandas corre a cargo de Rafael Pérez Escolar, en la que argumenta el carácter fraudulento de las maniobras contables llevadas a cabo por el SCH, según las cuales los beneficios de 2002 formulados por el consejo son falsos y no hacen sino ocultar unas pérdidas por importe de 1.265 millones de euros. El escrito está corroborado por el dictamen de Jesús Quintás, experto contable y tributario.
