La Reciprocidad o el Pacto: dos fuentes de obligación a veces en pugna.
ADICAE ha demandado a 45 entidades bancarias por la conocida cláusula suelo. Está claro que los bancos españoles y los usuarios víctimas de esta cláusula tienen frente a sí una prolongada y desigual batalla ante los tribunales de justicia.
Prolongada pues cuando el litigio judicial alcance firmeza, quizás dentro de unos años, empezará otro sobre cómo ejecutar las sentencias. Seguramente, muchas familias hayan tenido que vender su casa o la hayan perdido. No hay que ir muy lejos, la cláusula del redondeo sólo al alza aún sigue dando rodeos.
Desigual, pues las víctimas poco dinero les queda para esta guerra ante los tribunales, en tanto que los bancos tienen el dinero que la propia cláusula les reporta y el apoyo del Estado avalista, además del dinero de todos los ahorradores.
La cuestión es jurídica y también moral, pues en el caso de la cláusula suelo cuyo cuestionamiento por parte de los consumidores se reduce a la falta de reciprocidad, entran en conflicto dos principios jurídicos que también son principios morales.
Son los principios “pacta sunt servanda” que quiere decir que los pactos se establecen para ser cumplidos, en tanto que el principio conmutativo o de la reciprocidad establece que la justicia de un pacto radica en la igualdad de valor de los bienes que se intercambian como una condición básica para que el trato pueda considerarse justo.
Cuando leemos la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que declara nula la cláusula suelo descubrimos que el fundamento jurídico se apoya en la prevalencia del principio de la reciprocidad sobre el principio de que lo pactado es ley.
El argumento del Banco de España y de los bancos que aplican esta cláusula adolece de moralidad pues la reciprocidad para ellos es un estorbo. La filosofía que subyace detrás de la defensa del Banco de España de la cláusula suelo es antisocial, dicho esto desde el punto de vista moral y jurídico. Es inmoral por enaltecer un pacto no reciproco y por tanto injusto. Es contrario al ordenamiento constitucional porque una economía social de derecho reprocha y condena los acuerdos mercantiles no equitativos, es decir, injustos.
Lo que se plantea es una cuestión de orden fundamental. Se trata de la sociedad en que queremos y podemos vivir. La crisis nos está arrastrando, de la mano de una clase política y económica que cada día nos sorprende más, hacia una sociedad injusta en la que los platos rotos tienen que pagarlos los ciudadanos de a pie.
Hasta cuando estos ciudadanos de a pie resistirán el agobio de la injusticia. Los funcionarios ven cada día sus retribuciones y condiciones de trabajo empeorar. Los jubilados sus pensiones congeladas. Los trabajadores sus empleos desapareciendo. Los consumidores sus derechos desconocidos y olvidados.
El último reducto está en los tribunales, pero resistirán estos el empuje de la ola ultra conservadora que glorifica los pactos injustos por el hecho de que estos pactos favorecen a los que más tienen y son más poderosos. Si el magistrado Garzón, campeón de los derechos humanos, sucumbió presuntamente al poder del Santander, podemos confiar en la justicia. Esperemos que la respuesta sea sí por el bien de todos, incluso de los que más tienen, pues cuando una sociedad carece de instituciones capaces de frenar la avaricia de los poderosos el pueblo no tiene otra opción que la rebelión frente a la tiranía.