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Botín pide amparo al Constitucional para no ser juzgado por el caso Amusátegui
Se sentará en el banquillo de los acusados por las indemnizaciones a Amusátegui y Corcóstegui Las acusaciones particulares darán a conocer en pocos días las penas que solicitan para los tres encausados
JOSÉ ANTONIO BRAVO/COLPISA. MADRID
Emilio Botín, en una convención del SCH. [EFE]
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El presidente del Banco Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, trata de agotar sus últimos recursos legales para evitar tener que sentarse en el banquillo de los acusados, un mal trago al que podría verse abocado por dos veces durante el próximo año. Una vez desestimados todos sus argumentos en la vía ordinaria, ahora ha pedido amparo al Tribunal Constitucional (TC) para que éste anule el auto de la Audiencia Nacional que deja expedito el camino para juzgarle a él, junto a José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui, por las indemnizaciones multimillonarias que recibieron ambos.
Dicho recurso, presentado el pasado martes, pretende que sus magistrados suspendan de manera provisional la tramitación del procedimiento judicial, justo ahora que quedan apenas unos días para que se conozcan los escritos de calificación de las dos acusaciones particulares personadas en nombre de dos accionistas del SCH, Juan Francisco Franco Otegui y Rafael Pérez Escolar. En principio, según fuentes jurídicas, los abogados considerarán los pagos a los ex responsables del banco como «remuneraciones ilícitas o apropiaciones indebidas», tipificación apuntada por la Audiencia en su último auto.
No obstante, fuentes judiciales señalaron que el Constitucional no suele paralizar un proceso salvo que exista la posibilidad de que se emita sentencia antes de fallar sobre el amparo demandado, algo que no ocurre en este caso. Según todas las previsiones, la apertura de juicio oral -en la que los tres imputados podrían enfrentarse hasta un máximo de ocho años de prisión, si se consideraran varias agravantes- se dictaría antes de Semana Santa o durante el mes de abril, pero la vista podría demorarse hasta un año debido a distintos trámites, entre ellos la presentación de los escritos de defensa.
«Indignación» del SCH
La decisión de Botín de acudir al TC fue apoyada el jueves pasado de forma unánime por los otros veinte miembros del consejo de administración del SCH, que se reunieron de forma extraordinaria para tratar el estado del citado procedimiento judicial. Todos ellos, según la entidad santanderina, mostraron de forma «unánime» su «indignación» con la «infundada» imputación de su presidente, ante la que dicen que no pueden «de ningún modo permanecer impasibles», sobre todo porque consideran que «se le quiere aislar como único responsable» de los hechos.
Y es que los consejeros recordaron que las indemnizaciones dadas al ex copresidente Amusátegui (43,75 millones de euros como bono de jubilación, más una pensión vitalicia de 5,1 millones anuales) y al ex consejero delegado Corcóstegui (108 millones) al dejar la entidad, en agosto de 2001 y febrero de 2002, respectivamente, fueron ratificadas por ellos mismo en cuatro reuniones distintas.
También insistieron en esas retribuciones se ajustaron «estrictamente» a la ley, tesis contraria a la que mantiene la juez instructora Teresa Palacios, y que fueron abonadas «en interés del banco».
Entre los miembros del consejo del SCH destacan el hermano y la hija del presidente, Jaime Botín y Ana Patricia Botín, respectivamente.