Gestynsa y el ICAC
La investigación de la Agencia Tributaria sobre Afinsa -y en particular sobre su proveedor principal de sellos, Francisco Guijarro- obligó al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) a abrir un expediente a Gestynsa y Carrera Auditores, las sociedades encargadas de velar por la solvencia de Fórum y Afinsa.
El ICAC, según informó ayer el Ministerio de Economía, abrió el expediente el 8 de octubre de 2003 -con Rodrigo Rato en el Ministerio de Economía-, apenas nueve días después de que el Senado aprobara la célebre disposición adicional cuarta, aprovechando la tramitación en el Senado de la ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Se supone que fue entonces cuando el ICAC, presidido por entonces por José Luis López Combarros -hoy incorporado al bufete Garrigues-, recibió material suficiente para evaluar la actuación de las dos auditoras, ya que hasta la fecha ni Afinsa ni Fórum habían recibido ninguna sanción administrativa, pese a que, presuntamente, incumplían las normas de contabilidad aplicadas a este tipo de inversiones.
Tal y como se pone de relieve en la querella presentada por la Fiscalía contra los gestores de Afinsa y Fórum, el ICAC había advertido en julio de 1991 que la adquisición de activos con pacto de recompra debía considerarse como un auténtico préstamo del cliente al vendedor -la compañía filatélica-, por lo que, para respetar el principio de imagen fiel del patrimonio (inherente a cualquier auditoría), esas operaciones debieron contabilizarse como tales préstamos, algo que no hacían las auditoras.
El mismo criterio, continúa la querella, fue establecido por la dirección general de Tributos en consulta de 20 de septiembre de 1996, realizada esta vez por la propia Afinsa.
Sin embargo, ambas compañías utilizaron criterios contables distintos a los que se fijaban en ambas comunicaciones oficiales, lo que explica que su déficit patrimonial fuera creciendo año tras año, hasta sumar los actuales 3.500 millones de euros.
Pese a ello, el ICAC no actuó hasta que las alarmas se debieron encender en Economía tras las averiguaciones de Hacienda, lo que provocó la presentación de la citada enmienda, en la que se determina que las inversiones en bienes tangibles no tienen carácter financiero, sino mercantil. La enmienda fue presentada en el Senado por el Grupo Popular el 23 de septiembre, cuando ya estaban muy avanzadas las investigaciones de la Agencia Tributaria sobre Francisco Guijarro, a quien se le descubrieron 10 millones de euros en su chalet de la Moraleja.
La inspectora María Teresa Yábar Sterling seguía desde hacía mucho tiempo los pasos de Guijarro, como lo demuestra el hecho de que en diciembre de 2003 el BOE publicara un requerimiento anunciando que estaba siendo investigado por la Agencia Tributaria. Guijarro quiso evitar a Hacienda y eludió por dos veces dar señales de vida, lo que obligó al Fisco a publicar el anuncio en el BOE.
Sanciones y recursos
Pese a que el expediente sobre las auditoras se inició en octubre de 2003, hasta abril y mayo de 2005 no se decidió incoar expedientes sancionadores. Pero es que tendría que pasar otro año –hasta el 6 de abril de 2006- para que el ICAC remitiera las notificaciones de sanción.
Las sanciones impuestas fueron calificadas como graves por incumplimiento de las normas de auditoría, y por lo tanto sancionables con un mínimo de 150.000 euros o tres veces el importe facturado por el trabajo realizado.
Gestynsa, la auditoria de Afinsa, ya ha anunciado un recurso de alzada ante el Ministerio de Economía, mientras que Fórum no consta que lo haya hecho. Pese a tratarse de unas irregularidades calificadas como graves, lo cierto es que ambas sociedades continuaron realizando las auditorias de, al menos, los años 2003 y 2004.