El Estado responsable por el error judicial cometido
El Estado, responsable por el error judicial cometido
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Creado en Lunes, 07 Julio 2014 05:56
Escrito por Alejandro Castilla. SSJJ Ausbanc
Los afectados de Afinsa y Fórum llevan ocho años esperando soluciones.
Los afectados de Afinsa y Fórum llevan ocho años esperando soluciones.
Nueva vía de reclamación.
Ausbanc exigirá al Estado el resarcimiento de los daños causados a los afectados por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia.
Cumplidos ocho años desde la intervención de las filatélicas, el balance del resultado de los diversos procedimientos judiciales instados para tutelar los intereses de las miles de familias perjudicadas por la que, sin duda, es la mayor crisis de consumo vivida en nuestro país, desde luego no puede calificarse de positivo.
Las expectativas generadas acerca de una respuesta judicial acorde a las legítimas aspiraciones de los afectados no se han visto colmadas y la vía jurídica que desde el inicio se había contemplado como la idónea, la exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, pese a la firmeza, tesón y rigor desplegado por los Servicios Jurídicos de Ausbanc desde el primer momento, se ha revelado definitivamente agotada tras los reiterados pronunciamientos del Tribunal Supremo que han rechazado esas justas pretensiones.
Pero no cabe el desánimo cuando el Alto Tribunal, al menos, ha reconocido que el presupuesto de la desproporcionada intervención de las empresas, la del supuesto negocio financiero, estaba huérfano de toda razón, concluyendo que la naturaleza de la actividad era netamente mercantil. Por tanto, sobre esta premisa judicialmente apreciada corresponde a los profesionales del Derecho y en concreto a Ausbanc trabajar para elaborar una rigurosa defensa que permita abrir nuevas vías de defensa para la adecuada tutela de los intereses de los afectados, en atención al compromiso que la asociación tiene contraído con este grave asunto.
Error judicial
Si con toda lógica se mantiene la licitud de la actividad mercantil de las empresas de bienes tangibles y, por tanto, la validez de los contratos celebrados con sus clientes, lo que resulta conclusión inexorable –y de ello estamos convencidos en Ausbanc–, es la responsabilidad del Estado por los daños generados a los clientes a causa del fulminante cierre de una actividad mercantil –y legal–. En tal tesitura, una vez rechazada definitivamente –y agotada– la vía de la responsabilidad de la Administración del Estado y, por tanto, de las autoridades administrativas responsables en materia económica y de consumo, se evidencia cada vez más nítidamente la contradicción existente entre los pronunciamientos de los diversos órganos judiciales implicados en este asunto acerca de la naturaleza de la actividad de las filatélicas y, consecuentemente, la pertinencia de acudir a aquellos instrumentos procesales que permiten obtener, en su caso, el reconocimiento del error judicial habido –particularmente en el ámbito de los procedimientos penales aún en trámite ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional en los que se investiga la presunta comisión de delitos por parte de los administradores de las mercantiles Fórum y Afinsa–.
Nos referimos al presupuesto de la intervención, el de la naturaleza pretendidamente financiera en que se basó la querella de la Fiscalía, presupuesto que por parte del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) se ha visto claramente rechazado y que desde Ausbanc hemos de esperar –y esperamos– que se vea plasmado con palmaria rotundidad en próximos hitos judiciales pendientes de resolverse ante la Jurisdicción penal.
Con esta base fáctica que, insistimos, esperamos que quede reforzada en próximas resoluciones judiciales, resulta jurídicamente plausible plantear una nueva acción que tiene su fundamento, al más alto rango normativo, en el art. 121 de la Constitución Española: “los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”.
¿Cuál es el cauce legal para ello? El ordenamiento jurídico reconoce y articula un procedimiento específico para exigir al Estado el resarcimiento de los daños causados por el funcionamiento de la Administración de Justicia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ese procedimiento va dirigido, en primer lugar, a obtener una resolución judicial que aprecie la existencia del error judicial, en la forma de una resolución judicial firme, injusta o equivocada, viciada de un error patente, indubitado e incontestable, o que haya provocado conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas e irracionales.
Éste es el primer hito del nuevo proceso: el reconocimiento del error por decisión judicial. A lo que se añade que, como toda acción de exigencia de responsabilidad, la acción de responsabilidad por error judicial necesita de la acreditación de un daño efectivo evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas, daño que en este caso está cuantificado en el importe de las cantidades invertidas por los afectados en virtud de los contratos celebrados con las filatélicas.
El presupuesto de esta nueva acción de responsabilidad por error judicial nace, por tanto, primero de la clarificación conceptual que ha supuesto el reconocimiento por parte del Supremo de la naturaleza mercantil de la actividad que realizaban Fórum y Afinsa, y segundo –presupuesto inmediato– de la contradicción existente en la actuación de los órganos judiciales responsables de las decisiones de intervención y cierre de las empresas en cuanto que partían de una premisa errónea, y es la naturaleza diversa –financiera– de la actividad. Para ello se precisa instar, sobre la base de una resolución judicial dictada en el ámbito penal que patentice ese error-contradicción, un procedimiento judicial dirigido al reconocimiento del mismo y, una vez se obtenga esa eventual resolución, en su caso, se articulará la reclamación al Estado en demanda del concreto resarcimiento –indemnización– de los daños evaluables económicamente que ese error ya evidenciado ha causado a los afectados por la intervención de las empresas.
Las Cortes de Castilla y León muestran su apoyo a los afectados
El pasado mes de junio las Cortes de Castilla y León expresaron su apoyo a los ahorradores afectados por las sociedades Fórum Filatélico, Afinsa y Arte y Naturaleza con la aprobación de la proposición no de ley, firmada por los tres grupos de la Cámara –Popular, Socialista y Mixto–, que se debatirá y votará en la Comisión de Economía y Hacienda.
En los antecedentes de la propuesta, se recuerda que han transcurrido ya casi ocho años desde la intervención judicial y se indica que los afectados superan los 475.000 con un montante que asciende a la pérdida de más de 4.800 millones de euros.
Afinsa venderá sus inmuebles al no salir adelante la subasta
La subasta de inmuebles de Afinsa, organizada durante el pasado mes de junio por la Administración Concursal, ha quedado desierta. De esta manera, la Administración de Afinsa tratará en los próximos meses de vender los activos e inmuebles al mejor postor –que se valoran en su conjunto en una cifra cercana a los 50 millones de euros–, eso sí, sin tener que organizar una subasta con precios mínimos como se estaba haciendo hasta ahora.
Previsiblemente, los administradores nombrados por el juez en el concurso de la compañía contratarán una consultora para vender los activos.
Casi el 90% de los afectados son pequeños ahorradores
Datos aportados por las administraciones concursales de Afinsa y Fórum indican que la inmensa mayoría de las familias y de los afectados que invirtieron sus ahorros en las empresas filatélicas eran pequeños ahorradores con importes inferiores a los 30.000 euros. De este modo, casi el 90% de los afectados tenían invertidos menos de esa cantidad, provenientes en su gran mayoría de ahorros familiares. El resto del porcentaje de afectados tenían invertidas cantidades superiores. Así, el 1,4% tenían más de 100.000 euros, el 3,7% entre 50.000 y 100.000 euros y el 5,7% entre 30.000 y 50.000 euros.
Alejandro Castilla. SSJJ Ausbanc