La crisis de las Savings & Loans, S&Ls, de los 80 y los 90 se llevó por delante a 747 entidades financieras, de las 3.234 que había en EEUU. Su valor en libros era 402.000 millones de dólares y el coste inicial para el estado fue de 160.000 millones de dólares, aunque luego se estima que alcanzó los 341.000 milllones. Estas S&Ls, a las que podríamos asimilar a las “cajas” o “cooperativas” de crédito en España, eran entidades que por el lado del pasivo aceptaban depósitos de los ahorradores y que por el lado del activo se caracterizaban por ofrecer hipotecas, créditos para el consumo y personales a miembros de su entidad o “cooperativa”.
Su mejor época de negocio fueron las dos décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En aquellos años, la vuelta al hogar de millones de soldados estadounidenses deseosos de volver a recuperar sus vidas pasadas condujo a un importante incremento en las nuevas familias que se constituían. Por supuesto, esas nuevas familias tuvieron hijos, el famoso “baby boom”, lo que llevó a la construcción masiva de nuevas áreas urbanas por todo el país para acomodar a una naciente clase media. Ese nuevo impulso constructor necesitó un fuelle financiero, el cual fue provisto por las S&Ls. Algo que encajaba perfectamente con un deseo institucional, ya que las sucesivas administraciones estadounidenses siempre estuvieron de acuerdo en que se ofrecieran hipotecas asequibles a la población estadounidense, con el objetivo de que esas nuevas cohortes de ciudadanos pudieran hacer realidad su sueño de poseer una vivienda.
Sin embargo, el generoso funcionamiento de las S&Ls como proveedor de hipotecas a los estadounidenses tenía un talón de Aquiles: el coste de financiación. Así, se desataban periódicas guerras por la captación de depósitos, lo que implicaba elevaciones de las remuneraciones de dichos depósitos para atraer pasivos. Pero, mientras el dinero fluyó no hubo problema. La burbuja que se estaba viviendo en el sector inmobiliario estadounidense en esos años ejercía demasiado atractivo sobre estas entidades financieras como para poder desarrollar su negocio bajo un principio de prudencia. Baste decir que los préstamos hipotecarios en EEUU en 1976 alcanzaban los 700.000 millones de dólares, mientras que en 1980 alcanzaban los 1,2 billones de dólares.
Sin embargo, este panorama cambió por la subida de los precios del petróleo que causaron un incremento de la inflación. A ella respondió en 1979 el nuevo presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, con una serie de subidas de los tipos de interés en el corto plazo. Ello provocó que la subida en el coste de la financiación en el corto plazo fuera superior al retorno de las carteras de activos hipotecarios, una proporción importante de las cuales eran a tipo fijo. Un “descuadre” que llevó a la crisis. Dado que la inesperada y rápida subida de tipos amenazaba con causar la caída de centenares de S&Ls, el Congreso accedió a desregular el sector. Esta desregulación no solo permitía ofrecer a las cajas un abanico de productos de ahorro más amplio, también les permitía expandir sus poderes para conceder préstamos (lo que incluía hipotecas con tipos de interés ajustables), a la vez que la supervisión sobre ellas se reducía, gracias al uso de una normativa contable más permisiva para presentar sus estados contables, lo que sencillamente invitaba al “fraude”.
En suma, la relajación de la regulación permitió el préstamo de las S&Ls en mercados muy distantes a ellas, directamente o a través de participaciones en préstamos hipotecarios conjuntos con otras entidades. Sin embargo, estos prestamistas no conocían en detalle estos mercados distantes y alejados de sus tradicionales ámbitos de influencia, pero les daba la oportunidad de participar extensivamente en actividades de construcción especulativas con constructores y promotores que tenían una participación financiera mínima o inexistente en esos proyectos. Además, una nueva generación de propietarios y de ejecutivos oportunistas llegó a los cuadros de mandos de estas S&LS. Ello llevo a fraudes y a prácticas internas de abuso consentidas como, por ejemplo, la concesión de créditos a los propios miembros de los consejos. Además, la presión comercial en un mercado inmobiliario alcista en el que se premiaba la consecución de beneficios en el corto plazo les hizo apartarse de su política de préstamos tradicional. Igualmente, la falta de supervisión pública e independiente de sus negocios no hizo sino ayudar en el camino del desastre. Así, en lugar de admitir la insolvencia de sus entidades, castigadas por los altos tipos de interés, algunos directores optaron por utilizar una contabilidad creativa que convirtió sus negocios en “Esquemas de Ponzi”. Ésto les hacía parecer muy rentables, con lo que se atraían nuevos inversores y se crecía rápido, aunque verdaderamente se perdía dinero. Es decir, el riesgo moral y la adversa selección de incentivos del sector resultaron en un desastre financiero, lo que obligó a un rescate financiero por parte de los ciudadanos.
Para terminar, una idea. ¿Aprendieron los reguladores estadounidenses de todo esto? No, según se deduce de la crisis “subprime” de 2007. Las distintas y sucesivas administraciones siguieron promoviendo el acceso fácil a los créditos hipotecarios, se desreguló el sector financiero y los supervisores no cumplieron con su cometido, lo que condujo a hinchar de nuevo la burbuja inmobiliaria. Como dirían los economistas Reinhart y Rogoff, el concepto “Ésta vez es diferente” se volvió a extender entre los agentes económicos y otra vez se volvió a tropezar en la misma piedra: la de la ambición desmedida de los hombres y su falta de memoria. ¿Volverá a pasar? Pues, posiblemente sí.
