10

 

Cuanto conocimos las filtraciones de Wikileaks, nos hemos encontrado con una situación en la que los fiscales maniobraban para frenar las investigaciones acerca de la muerte de José Couso, con la bendición, (o petición) del gobierno, para satisfacer a las autoridades norteamericanas.

Ni tan siquiera la presión de los jueces o el tribunal supremo ordenando reabrir el caso, ha llevado a los fiscales a otra cosa que no sea el intentar cerrar el caso. Es muy difícil entender que un fiscal no se dedica a investigar un delito y formular acusaciones, cuando existen unos indicios tan poderosos que hasta el tribunal supremo ha ordenado reabrir el proceso, una vez cerrado.

Curiosamente, un aspecto muy parecido nos hemos encontrado en las actuaciones para el caso de las “cesiones de crédito”, caso del que surge la “doctrina botín”, en caso de que el fiscal aprecie la inexistencia de delito. Por supuesto, el presunto fraude en las cesiones de crédito quedará siempre como presunto, ya que al decidir los fiscales que no existe delito, pues lo que opinaba la acusación particular quedaba en nada.

Estos fiscales no han tenido problemas para iniciar diligencias previas el domingo 3 de diciembre de 2010, (viernes e inicio de puente), contra los controladores aéreos acusándolos de un delito de sedición a las 23.00 horas. Debemos tener en cuenta que desde las 22.00 horas nos encontrábamos con la declaración de estado de emergencia y ni tan siquiera en estos momentos estaban militarizados los controladores. Está claro que lo que para otros casos lleva unos cuantos años, en otros casos se despacha con una velocidad inaudita.

Recientemente la fiscalía ha anunciado que inicia la investigación de las actuaciones de Amorós, por su deficiente gestión al frente de la caja de ahorros del mediterráneo. En este caso, desde luego parece que existe una manipulación de las cuentas de la citada sociedad, que ha provocado un gran quebranto a una parte significativa de la sociedad. Parece que de repente los fiscales hacen lo que deben, pero sin embargo resulta que curiosamente en ningún momento, se investigan las actuaciones de los reguladores, y en especial del Banco de España, que es completamente imposible no supiese que los engaños en las cuentas de la entidad existían. Aparte de las declaraciones de Amorós, que apuntan a esto exactamente, la lógica entiende que si el Banco de España aceptaba unas cuentas que nadie en España se cree, es con premeditación.

Por otra parte, extraña un poco que se acuse a alguien de falsear las cuentas de un banco, cuando nos encontramos con toda una política a nivel general, (no sólo en España), de ocultar los distintos datos de las distintas entidades, (manipular la información para que los inversores no conozcan la realidad y no se retiren), de lo que hay declaraciones abiertas de todo tipo de organismos, autoridades y empleados de banca.

Pero si completamos el esquema la semana pasada hemos conocido, (aunque de pasada), que la fiscalía apoya el indulto a Alfredo Saez, tras ser condenado por el supremo por estafa procesal, por enviar falsamente a prisión a unos industriales para tratar de cobrar unas deudas en el 94. Debemos además recordar que este caso está actualmente en el constitucional, (desconozco si ha sido admitido a trámite). El fiscal alega en su informe tanto las dilaciones indebidas, como la situación del sistema financiero español.

En todo caso, está claro que es una autentica vergüenza, tanto las dilaciones en el proceso, (de lo que se podría hablar y mucho, sobre todo teniendo en cuenta quien es el beneficiario y quien es el perjudicado de dichas dilaciones); como de la situación del sistema financiero español.

El objetivo de este indulto es evitar la inhabilitación, como el hecho de que el banco de España no se vea obligado a retirar la licencia a Alfredo Sáez, por haber perdido “la honorabilidad” necesaria.

En todo este ambiente, no es muy difícil tratar de establecer una situación que justifica la mala fama de la justicia en España, ya que es más que evidente que existe cierta confusión en los términos en un argumento que puede empezar en la frase de “la honorabilidad” empleada por el Banco de España.

Cuando esta entidad exige honorabilidad, en realidad está exigiendo imagen, y son conceptos que no tienen que ser necesariamente equivalentes;  La honorabilidad se define por las actuaciones de unas determinadas personas, y no dependen en absoluto, por mucho que algunos se empeñen, de lo que opinan o definan terceras personas. Hace tiempo que la honorabilidad de este señor  ha sido perdida, pero maniobrando para conseguir la honorabilidad lo único que se hace es contagiar. Es decir, la fiscalía acaba de sufrir un golpe en su honorabilidad que exagera un problema  previo que se manifiesta en estos y tantos otros ejemplos.

Se ha olvidado que los organismos de la justicia han de buscar la justicia, que no depende de circunstancias ajenas; un delito, una pena. Es la única forma de evitar posibles delitos. Lo que no tiene sentido ninguno es apoyar un indulto para quizás la persona condenada por un delito que menos lo merece en toda España.

No lo merece, porque no es normal que se imponga una pena a alguien por unas determinadas actuaciones que ha llevado a cabo para meter a unas personas en la cárcel, ¿tiene sentido de que pase menos tiempo en prisión el culpable que las victimas?. ¿tiene sentido conceder el indulto a alguien que no se ha arrepentido?. ¿tiene sentido conceder el indulto a una persona de relevancia que se dedica a pontificar?, ¿tiene sentido conceder el indulto a una persona que está imputada por estafa en el “corralito de banif”?.

Parece que se quiere enviar un mensaje en el sentido de que esta persona, (la mejor pagada de España), no ha de ser castigada, y esto es lo peor que se puede transmitir.

En este sentido, se está ahora proponiendo una reforma de la forma de organizar los procedimientos judiciales en el sentido de que sean los fiscales los que se encarguen de las instrucciones y las investigaciones, en lugar de con los jueces como ocurre actualmente.

Desde luego parece oportuna la reforma para dotar a los fiscales del papel de investigar, pero en todo caso en esta reforma hay que buscar la forma de que los fiscales investiguen lo que a los ciudadanos, (y entiéndase que me refiero a la mayoría y no a los investigables por muy poderosos que sean), y de acuerdo a las reglas de la justicia, (por mucho que de vez en cuando la opinión pública pueda tener ansias de venganza, las reglas son importantes).

En este sentido, son necesarios dos aspectos adicionales; por un lado la elección de fiscales por los ciudadanos, (como en Estados Unidos), y por supuesto el establecimiento de penas muy fuertes para los fiscales en el ámbito de la prevaricación.

  1. #11
    15/11/11 16:44

    el pais que mal..... mal acaba. La corrupcion generalizada de nuestro pais no podría existir si no se hubiera fomentado y protegido la corrupcion de los jueces y fiscales. Los jueces, fiscales y politicos si siempre fueran juzgados por jurado popular se lo pensarian mil veces antes de prevaricar y no investigar.
    Recomiendo que los partidos que realmente quieran trabajar por crear empleo y riqueza, eliminen al maximo lo podrido, empiezen por poner en su programa como punto fundamental la lucha contra la corrupcion generalizada que siempre tiene que empezar por la eliminacion de la corrupcion judicial que tanto se ha dejado engordar en la transicion. La corrupción política se sustenta en una buena corrupción del sistema judicial. Los poderes Tenían que permitir que los que les tienen que "vigilar" también pudieran coger un trozo de pastel. No interesaba en todos estos mas de 25 años aplicar el art 125 de nuestra constitucion y ley correspondiente del jurado popular para juzgar delitos de representantes publicos ni art. 13 de la convencion anticorrupcion CE firmado por españa de obligado cumpliento., en donde los ciudadanos puedan acudir a presentar sus denuncias contra la prevaricacion de sus representantes publicos. Supongo que estas leyes estaban para aparentar y por condición de la CE., y como dejaron que todos cogieran un trozo de pastel, nadie denunció respondabilidades por tantos daños materiales, éticos a los españoles. Cuando digo todos incluyo a la parte mas "peligrosa" para ellos de la sociedad: la juventud; también se les dio su parte de corrupcion con la libertad de emborracharse,fumar porros, orinar publicamente en las calles,etc !Esto era jauja! !Casi todo permitido, sálvese quien pueda, todo el mundo mira para el otro lado!, así nadie denunciaba la bestia de la corrupcion que estabamos dejando engordar o el Gran Goliat! Si reflexionamos toda injusticia personal o social, se sostiene en la corrupcion que inhabilita el sistema judicial. !por eso la revolución francesa empezó como una revolucion contra los jueces corruptos, y por eso los españoles incorporamos en nuestra primera constitucion de 1812 que los jueces siempre sean juzgados por el poderoso contrapoder de los sistemas: El jurado popular o EL PUEBLO COMO JUEZ. No infravaloremos la manipulación politica, no es descabellado pensar que para que el pueblo español no exigiera el cumplimiento de su constitucion y ley, se organizaron jurados populares sin los medios necesarios, consecuentemente con resultados erroneos para difundirlos en los medios y así desprestigiar al jurado popular. ! El ser juzgados por jurado popular haría pensar mas de mil veces a un politico. juez, fiscal o a cualquier servidor público antes de prevaricar!

  2. en respuesta a Maroci
    #10
    26/10/11 00:19

    No, si esos asesores tienen todos al menos una secretaria. Para los cargos a dedo nunca faltan medios, es para los funcionarios de verdad, los "de oposición" para los que nunca hay.

  3. en respuesta a Feinmann
    #9
    26/10/11 00:01

    Cada vez llevas más razón.

    No se estarán equivocando y lo que sobran no son funcionarios sino asesores?

    Lo que me gustaría saber es lo que opina Tomás de esto que estamos hablando, porque él seguro que tiene tantos argumentos o más que nosotros para opinar del tema.

    Pero como el hombre lleva esa productividad que lleva escribiendo posts, no creo que tenga tiempo para mirar lo que va dejando atrás.

    S2

  4. en respuesta a Maroci
    #8
    25/10/11 23:51

    Hace poco he leido que unos fiscales tenian una secretaria para cada dos fiscales. En cierto organismo publico, los inspectores tienen un auxiliar cada tres inspectores. Hay otros organismos en que jefes de área (jefes de jefes de servicio) están archivando la documentación por no tener auxiliares que lo hagan.

    Cuanto dinero malgastado, tener a personas de alto nivel realizando trabajos que podria hacer perfectamente parados con FP1 y ganarse un sueldo.

  5. en respuesta a Feinmann
    #6
    25/10/11 11:59

    Hola, Feinnman

    Estoy bastante de acuerdo contigo. El problema es que si vas un día e Noviembre a las 11 de la mañana a una AEAT para preguntar qué pasa con la devolución de tu Renta porque la presentaste el 1 de junio, te puedes encontrar la mitad de las mesas vacías, mientras que el fiscal llega al juzgado y tiene que dejar la cartera en el suelo porque "su mesa" está ocupada por un oficial del Juzgado.

    Qué diferencia con las películas americanas en las que el fiscal (elegido como un diputado) tiene despacho, ayudante, secretaria y policía a su disposición, ¿verdad? O sea, que ni reglamentos ni leches. "Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible" (Rafael El gallo).

    S2

  6. en respuesta a Maroci
    #5
    25/10/11 02:03

    Como dijo un presidente del gobierno: dejad que el parlamento haga las leyes, que ho haré el reglamento.

    Aunque se le olvidó "y ya desorganizaré como mejor me convenga". Cuando algo interesa se dota de todo el personal que haga falta, pero cuando no interesa, se extrangula de dotaciones personales y materiales y santas pascuas. ¿a que sino la diferencia de dotación informática de la AEAT y de los juzgados? Y dentro de la propia AEAT, no hay la misma dotación para las actuaciones de busqueda de fraude que para las de comprobación de las nominas.

  7. #4
    24/10/11 13:05

    Buenos días

    La noche del pasado viernes estaba haciendo zapping en la tele para buscar una noticia y me tropecé con una tertulia en la que en ese momento tenía la palabra la abogada Lidia Falcón.

    http://www.lidiafalcon.com/index.php?s=0

    Estaba hablando del Ministerio Fiscal y alcancé a oír parte de lo que decía la letrada: "... los fiscales son simples funcionarios del Estado que en la mayoría de ocasiones no tienen en los juzgados ni mesa ni silla ni lugar para guardar sus cosas. Llevan varios casos en distintos juzgados a la vez, distantes entre sí, y es raro que lleguen a su hora a las citas judiciales, y cuando llegan en general no saben de qué va el asunto en litigio. Yo misma, como la mayoría de las veces actúo como acusación, en multitud de ocasiones los he tenido que poner en antedentes del caso en un plis plas."

    Habían otros letrados en la tertulia y no le respondieron ni pío. O sea, que una cosa es la Ley y otra muy distinta su desarrollo en la realidad diaria... como bien es sabido.

    Saludos

  8. #3
    24/10/11 11:34

    El Ministerio Fiscal: órgano constitucional

    Artículo 124 de la Constitución Española:

    "El Ministerio Fiscal... tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social."

    El Fiscal General del Estado

    "El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal. Es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Intervienen, pues, en su nombramiento los tres poderes del Estado.

    El Fiscal General actúa con imparcialidad y es independiente, sin que pueda recibir instrucciones ni órdenes del Gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial. En todo caso, el Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público."

    Funciones del Ministerio Fiscal

    "El artículo 3 del Estatuto del Ministerio Fiscal define en dieciséis apartados las funciones del Ministerio Fiscal que son, entre otras, las siguientes:

    • Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales.

    • Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa.

    • Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley.

    ..."

    http://www.fiscal.es/cs/Satellite?cid=1240559967388&language=es&pagename=PFiscal%2FPage%2FFGE_subHomeImagen

    La verdad es que los artículos de la Constitución y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal parecen bien redactados... y garantizan la acción de la justicia en defensa del interés público y social.

    Pero parece que la sociedad...

    ... no está tan segura de que la justicia se aplique siempre (como no podría ser de otra forma) en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público.

    ... no lo tiene claro y duda a veces de la independencia de la justicia.

    ... que a veces los derechos fundamentales no se defienden con la fuerza que debiera.

    ... que los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), a veces parecen uno sólo.

    En fin, hace falta cambios para mejorar este sistema y el funcionamiento de las instituciones de justicia para con la sociedad, a la que le deben su existencia, su poder y su servicio.

    Y en este sentido (y mientras los ciudadanos no tengan un mayor poder para defender sus derechos ante un mal funcionamiento de las instituciones del Estado) estoy de acuerdo contigo y puede ser una buena idea la propuesta de elección de fiscales por los ciudadanos y de establecer una mayor responsabilidad en sus actuaciones.

  9. #2
    24/10/11 11:04

    Lo has bordado

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