Ladrillazos en el origen
Tras el corte directo de ingresos provocado por la recesión económica, muchos ayuntamientos que hasta hace apenas cuatro ejercicios fiscales veían engordadas sus posibilidades de apalancamiento, descubren ahora preocupados la imposibilidad de cubrir sus gastos operativos.
¿A quién se le ocurre legislar haciendo que el controlador sea el recaudador y esperar luego que no se desarrollen comportamientos de pillaje caciquil?
Esa ley urbanística ha sido un gran hit, permitiendo las mayores tropelías por un puñado (o vagón) de euros.
Dejar al lobo como cuidador de las gallinas
Eran gallinas que ponían huevos, huevos de oro. Eso sin entrar en el capítulo de los enriquecimientos ilícitos.
Recordemos el papel del "agente urbanizador" (ley urbanística valenciana) que, cual acelerante, ha desarrollado sinergias entre ladrones y oportunistas, sin remisión.
Una cotizada (ascenso y descenso espectacular en bolsa, hace unos años), que facilitó el enriquecimiento compulviso de cierto empresario valenciano, arrancó precisamente en el albor del pespunteado que suponía ese "agente urbanizador".
De ahí a crear valor (digo burbuja) sólo hay un paso. Y en España (todos) se dieron un buen paseo.
Esta va a ser la tendencia de esta temporada
Hoy, día 30 de julio de 2011, en tanto que en Estados Unidos demócratas y republicanos aún se enzarzan en un debate estéril y, de momento, inútil, y a la espera del fin del mundo, el ayuntamiento de Moià (Barcelona) se declara en quiebra. El consistorio regido por ERC asume que no podrá abonar los salarios a sus trabajadores y funcionarios en el mes de agosto.
Una solución posible pasa por un profundo cambio en la ley Reguladora de Bases de Régimen Local, afectando al modo de financiación y a su techo de gasto (sobre todo, de endeudamiento). Ello acompañado de la disolución de muchos ayuntamientos, optimizando costes y reagrupando serivios y dotaciones a través de mancomunidades.
Ahí sí se darían coaliciones sumamente interesantes. Con sólo pensar la "experiencia democrática" que ello supondría para ciertos caciques pueblerinos (perdón, quise decir caciques de municipios), merece la pena ilusionarse con la posibilidad. Aunque de ilusión (y de posibilidades), en realidad, no se vive.
En paralelo, la matización de las funciones y costes asociados, si no la eliminación completa de las diputaciones provinciales sería una de las herramientas que podrían resultar clave de esta crisis de financiación local.
Un importante número de las transferencias podrían ser reconducidas adecuadamente. Y gran número de chupópteros políticos que cobran dobles y triples sueldos verían "ajustada" su nómina a la realidad, conforme a ética, que no al derecho por ellos mismos legislado.
Las fastuosas inversiones realizadas en tiempo de bonanza (o no necesariamente: simplemente, en tiempo de elecciones) por más de un ayuntamiento debe ser atendida en sus vencimientos, y es ahora cuando intervención insta a los electos representates salidos de las urnas, a fin de dar una solución a los problemas provocados por su irreflexiva actuación.
Es lo que ocurre cuando:
(a) Se gestiona el dinero de terceros, sin arriesgar el propio
(b) No se audita de forma externa la gestión de esos presupuestos
(c) No existen mecanismos de corrección de la actuación (léase: punitivos, incluso por la vía penal para con los gestores "manirrotos")
(d) Nuestro sistema democrático exime de responsabilidades en el cumplimiento de objetivos.
En la empresa privada, ante el incumplimiento de los objetivos trazados en un plan estratégico la Junta General de Accionistas (aun extraordinaria) puede cesar al Consejo de Administración (de hecho, en ocasiones lo hace) e incluso solicitar responsabilidades judiciales derivadas de su actuación.
En el ámbito político nacional, sin embargo, aquellos representantes electos que no cumplieron con las "promesas" que llevaban en sus respectivos programas electorales o de gobierno, salen impunes, y se postulan a la reelección, provistos con un rostro de cemento armado.
Ya son muchos los ayuntamientos sumidos en su particular plan de eficiencia, cuando ésta debería haber sido implícita tiempo antes de la crisis. Cada día leemos en la prensa el anuncio de nuevos planes municipales de ajuste.
La españa de 17 taifas
Mientras, algunas comunidades autónomas se plantean seriamente la posibilidad de devolver ciertas competencias a la administración central, por incapacidad financiera y presupuestaria para aboradar su correcta gestión.
