La quiebra de la fantasía de los 17 estados en miniatura
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SE VEÍA venir desde hace mucho tiempo pero el momento ha llegado ya: el Estado tendrá que acudir el próximo mes de junio al rescate de las comunidades autónomas con una macroemisión de hispabonos por importe de 30.000 millones de euros para salvarlas de la suspensión de pagos. De hecho, según EL MUNDO revela hoy, el Gobierno acaba de conceder un crédito de 900 millones de euros del ICO a la Generalitat de Cataluña para que pueda hacer frente a los vencimientos de sus bonos patrióticos.
Cataluña acumula una deuda de 41.000 millones de euros, una cifra equivalente al presupuesto anual de la Generalitat, y tiene comprometidos unos pagos de 2.500 millones de euros a lo largo de este mes de mayo. De tratarse de una empresa privada, estaría abocada a presentar suspensión de pagos en los próximos días.
Peor es todavía la situación financiera de Valencia, que es una de las comunidades más endeudadas en relación a su población. Esta pasada semana, el Gobierno valenciano tuvo que renegociar el vencimiento de una emisión de pagarés de 500 millones de euros con Bankia, que, ante la imposibilidad de cobrar, aceptó refinanciar esa cantidad con un interés al 7%. Valencia debe más de 20.000 millones de euros y en mayo tiene que refinanciar unos 3.000 millones de euros, lo que requiere una urgente inyección de fondos del Gobierno. La suma de la deuda que tienen que devolver Cataluña y Valencia en lo que resta de año asciende a 16.000 millones de euros, lo que corrobora que si el Estado no acude en su socorro tendrán que suspender pagos.
Nuestro suplemento Mercados traza hoy una radiografía de la situación financiera de las autonomías que, sin exagerar un ápice, pone los pelos de punta. La deuda autonómica supera ya los 140.000 millones de euros, cifra que se ha triplicado desde 2005.
Esta situación es lo que explica que la agencia Standard & Poor's rebajara el pasado viernes su calificación a nueve comunidades autónomas. Las peor libradas fueron Cataluña y Baleares, cuyas emisiones están ya a un paso del bono basura, categoría donde ya se encuentra Valencia desde hace meses. La agencia habla en su informe de «despilfarro» y subraya que no se puede sostener su «mole de servicios».
La degradación de la calificación de las comunidades tiene una consecuencia práctica muy directa: que las entidades financieras que han suscrito su deuda no van a poder utilizarla como aval para refinanciarse a través del Banco Central Europeo (BCE), ya que éste no admite activos tóxicos o de baja calidad como garantía para prestar dinero.
Es verdad que bastantes comunidades han empezado a realizar recortes de sus gastos, pero, aun así, apenas han comenzado a adelgazar el gigantesco aparato burocrático que, en la práctica, supone la existencia de «17 estados en miniatura» por emplear una terminología utilizada por Aznar.
Cataluña, por ejemplo, que ha tenido que recurrir a la ayuda del Estado, mantiene todas sus embajadas en el exterior, no ha recortado un céntimo en sus políticas identitarias, se gasta cientos de millones de euros en sostener TV3 y amenaza con recurrir al Constitucional por agravios en los Presupuestos Generales del Estado. Pero está también el ejemplo de Andalucía, con el número de coches oficiales más alto del mundo occidental.
Resulta ya evidente para cualquier persona con sentido común, sea cual sea su opción ideológica, que esta faraónica estructura es imposible de financiar para un país de 45 millones de habitantes. Ha llegado el momento de despertar del sueño y afrontar la realidad.
Y la única manera de hacerlo es acometer una gran reforma del modelo de Estado con el acuerdo del PSOE y del PP. Pero no basta con un parche para seguir tirando sino que hay que acometer una profunda revisión de la Constitución, corrigiendo muchos de los abusos que se han cometido en las tres últimas décadas.
Pero mientras se negocia ese pacto, el Gobierno dispone ya de la Ley de Estabilidad Financiera, que le concede la potestad de intervenir las cuentas de las comunidades. No es lo deseable, pero el Ejecutivo no tendrá más remedio que dar ese paso si las autonomías no cumplen el plan de saneamiento y ajuste que deberían seguir a rajatabla a cambio del dinero que el Estado les va a entregar generosamente. Solidaridad, sí, pero para sanear sus cuentas y no para que la situación vuelva a repetirse al cabo de unos años.
España rescatará a sus autonomías con 30.000 millones en 'hispabonos'
Cataluña ha tenido que pedir esta semana 900 millones al ICO para pagar los vencimientos de sus 'bonos patrióticos'
Standard&Poor's critica el «despilfarro» y la «mole de servicios» de los Gobiernosautonómicos al rebajar su 'rating'
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El Gobierno de España lanzará a partir del mes de junio una gigantesca operación de rescate para salvar a algunas comunidades autónomas de la suspensión de pagos. En total, el Estado emitirá títulos (los llamados hispabonos) por valor de unos 30.000 millones de euros para hacer frente a los vencimientos de la deuda y para poder financiar el déficit de las autonomías que no están en disposición de hacer frente a sus compromisos financieros y que ya no logran colocar sus emisiones en los mercados.
En estos momentos, el Ministerio de Economía y Competitividad perfila técnicamente esa macrooperación. Una de las opciones es que las comunidades autónomas que lo soliciten puedan emitir deuda con la garantía del Tesoro.
En total, este año las comunidades autónomas tendrán unas necesidades de financiación de 50.000 millones de euros. De ellos, 35.000 millones se corresponden con vencimientos de deuda. El resto se necesita para cubrir el déficit generado durante este año y que supondrá el 1,5% del Producto Interior Bruto si se cumple con el objetivo de déficit para 2012 (5,3% para el conjunto de las administraciones).
La comunidad más endeudada es Cataluña, que acumula una deuda de 41.778 millones de euros (el 20,7% de su PIB), según datos del Banco de España.
Precisamente esta semana, la Generalitat ha tenido que recurrir al ICO para obtener un crédito de 900 millones con el que hacer frente, entre otras cosas, al vencimiento de intereses de sus bonos patrióticos.
El pasado viernes, la agencia de calificación Standard & Poor's (S&P) degradó el rating de nueve autonomías, entre ellas Cataluña, que quedó a un solo escalón del bono basura (BBB-). En su informe, S&P pone en duda precisamente la capacidad de Cataluña para devolver su deuda.
En la misma situación ha quedado la comunidad de las Islas Baleares, que acumula una deuda de 4.432 millones de euros (el 16,3% de su PIB). Por debajo de este nivel, en la clasificación de bono basura, ya se encontraba la Comunidad Valenciana, que es la segunda autonomía más endeudada detrás de Cataluña: 20.762 millones de euros (el 19,9% de su PIB).
S&P critica en su informe el «despilfarro» de los gobiernos autonómicos españoles al mantener tras las elecciones de 2011 una «mole de servicios» que no podían financiar. La agencia también critica que el ICO no sea más exigente con las autonomías cuando les presta ayuda, tal y como acaba de hacer con la Generalitat catalana.
Cataluña y Valencia por sí solas tienen que hacer frente a unos vencimientos de más de 16.000 millones de euros durante este año. Por tanto, para ellas será más de la mitad del paquete de rescate que el Gobierno lanzará a partir del mes de junio en forma de hispabonos.
La comunidad presidida por Alberto Fabra tuvo que recurrir esta semana a la ayuda de Bankia para colocar 500 millones de deuda, con vencimiento a seis meses, a un tipo del 7% (cuatro veces el que se aplica a la deuda del Tesoro).
Esa situación es insostenible y por ello Economía ha decidido acelerar los planes para el rescate de las autonomías con mayores problemas, entre las que también se encuentran Castilla-La Mancha (con una deuda de 6.587 millones: el 18% de su PIB), Murcia (2.806 millones: el 10,1% de su PIB), o Andalucía (14.314 millones: el 9,8% de su PIB).
La rebaja de la calificación de S&P supone un problema adicional, según dijeron a EL MUNDO fuentes solventes. A partir de ahora, para las entidades financieras que tienen deuda de las autonomías será mucho más difícil financiarse en el Banco Central Europeo, ya que no podrán utilizarla como garantía al tener la misma consideración que una inversión especulativa.
El Gobierno espera que el BCE haga una excepción, para no poner en más dificultades a las entidades que ya de por sí tienen problemas de liquidez y sólo pueden financiarse en dicha institución.
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el videoanálisis de Vicente Lozano.
¿ Y salvarán después CiU y PNV al Estado?
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Cualquiera que analice el Estado de las Autonomías debe basarse en tres claves sin las que no se entiende por qué hemos llegado a la trágica situación en la que nos encontramos. La primera y fundamental es que en España hay dos comunidades autónomas cuyo objetivo -mejor, el objetivo de las mayorías políticas dominantes- es su separación del Estado central. Es decir, la búsqueda de la independencia, con un horizonte más o menos lejano.
La segunda es que PNV y CiU, parte de esas mayorías políticas dominantes, han sido los asideros a los que se han agarrado los ejecutivos centrales cuando han necesitado apoyos para asegurar la gobernabilidad del Estado. Esto ha supuesto que en legislaturas con gobiernos en minoría, esos partidos regionales han sacado todo el jugo posible a su apoyo institucional consiguiendo para sus regiones -y por ende, para todas las demás- unas dosis de autogobierno y de capacidad legislativa que muchos analistas consideran que superan el mandato constitucional.
La tercera clave muestra a la perfección nuestra particular forma de ser: si el Ejecutivo de una comunidad autónoma no es del mismo signo político que el Gobierno central, inmediatamente pasa a gestionar su región como si fuera oposición: lo normal es que haga lo contrario de lo que llegue desde Madrid. Son tres principios que, juntos, no encontramos en ningún estado federal o confederal del mundo desarrollado. Ni en la Canadá del Quebec independentista. Ningún estado de EEUU aspira a independizarse de Washington y no sabemos de ningún land alemán que haga de la oposición a Angela Merkel la bandera de su política económica.
Esto significa que cualquier intento de reforma profunda del Estado necesita, claro, el acuerdo entre el PP y PSOE, que debe extenderse a todos los gobiernos autonómicos que cada uno mantiene. Pero también es indispensable la participación del PNV -en las próximas elecciones vascas veremos si también de la izquierda abertzale- y de CiU en el proceso. Y como nadie se imagina que estos partidos estén dispuestos a devolver una sola de las competencias asumidas en estos casi cuarenta años de democracia, esa reforma sólo tiene dos caminos: la desaparición del café para todos en las autonomías, de forma que en el futuro las comunidades no históricas -las que no cuentan con partidos nacionalistas fuertes, no nos engañemos- rebajen considerablemente su autogobierno, o que ese «repensar» el Estado autonómico, que dice Rajoy, sea una redistribución de funciones administrativas para conseguir una mayor eficiencia y eficacia del sector público.
En estos momentos cruciales, España necesita para su supervivencia financiera a los dos partidos que más interés manifiestan por debilitarla. Es una paradoja. Pero es nuestra paradoja. La que nos hemos dado.
