Nuestros peores presagios se han confirmado, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha venido hoy a decir que no se dejará caer a las inmobiliarias y que Papá Estado acudirá obediente a su auxilio destinando 300 millones de euros a la compra de suelo.
Tantos meses de lloriqueo del sector del tocho se ven por fin recompensados. Seguro que también los banqueros lo agradecerán; los vencimientos de la deuda estaban muy próximos. Se pueden ir añadiendo los matices que se quieran; que si el destino del suelo será VPO, que si el precio de compra del suelo deberá ser razonable (¿?), que si la edificación deberá ser inmediata y en zonas con demanda y blah, blah, blah,...., particularmente, no tenemos ganas ni tiempo de rebatir estos argumentos que parten de una premisa indecente: echar un cable a todos aquéllos que se han forrando especulando y condenando a toda una generación con superhipotecas que les pondrán los grilletes de por vida.
En lugar de buscar un ajuste brusco del mercado inmobiliario para beneficio de la gran mayoría y hacer así borrón y cuenta nueva, lo único que se nos ocurre en este país es inyectar dinero público para sostener artificialmente a unas empresas prácticamente arruinadas para que así todos tengamos el privilegio de pagar los platos rotos del sector inmobiliario, acabándose por socializar sus pérdidas cuando sus plusvalías fueron privativas. No es ético ni moral.
En todo caso, Solbes ya puede ir engrasando la máquina de hacer billetes del Banco de España porque esta inyección de cash de 300 millones que arrimamos entre todos los españoles será insuficiente, son migaja si lo comparamos con los 300.000 millones de deuda de todo el sector del tocho. Tan solo servirán para acrecentar nuestro déficit público. Con esta decisión del Gobierno se abre un precedente muy peligroso, puesto que por la misma regla de tres, los damnificados del Forum y Afinsa hubieran podido exigir al Gobierno que por el interés general hiciera acopio de sus sellos y evitara su cierre.
Lo más sangrante del caso es que la misma ministra ha reconocido que para absorber el actual stock de viviendas se tardarán 3 años, y aún así, siguen legislando para echar más leña al fuego. Si bien dudamos que muchos promotores aguanten tanto tiempo.
Tantos meses de lloriqueo del sector del tocho se ven por fin recompensados. Seguro que también los banqueros lo agradecerán; los vencimientos de la deuda estaban muy próximos. Se pueden ir añadiendo los matices que se quieran; que si el destino del suelo será VPO, que si el precio de compra del suelo deberá ser razonable (¿?), que si la edificación deberá ser inmediata y en zonas con demanda y blah, blah, blah,...., particularmente, no tenemos ganas ni tiempo de rebatir estos argumentos que parten de una premisa indecente: echar un cable a todos aquéllos que se han forrando especulando y condenando a toda una generación con superhipotecas que les pondrán los grilletes de por vida.
En lugar de buscar un ajuste brusco del mercado inmobiliario para beneficio de la gran mayoría y hacer así borrón y cuenta nueva, lo único que se nos ocurre en este país es inyectar dinero público para sostener artificialmente a unas empresas prácticamente arruinadas para que así todos tengamos el privilegio de pagar los platos rotos del sector inmobiliario, acabándose por socializar sus pérdidas cuando sus plusvalías fueron privativas. No es ético ni moral.
En todo caso, Solbes ya puede ir engrasando la máquina de hacer billetes del Banco de España porque esta inyección de cash de 300 millones que arrimamos entre todos los españoles será insuficiente, son migaja si lo comparamos con los 300.000 millones de deuda de todo el sector del tocho. Tan solo servirán para acrecentar nuestro déficit público. Con esta decisión del Gobierno se abre un precedente muy peligroso, puesto que por la misma regla de tres, los damnificados del Forum y Afinsa hubieran podido exigir al Gobierno que por el interés general hiciera acopio de sus sellos y evitara su cierre.
Lo más sangrante del caso es que la misma ministra ha reconocido que para absorber el actual stock de viviendas se tardarán 3 años, y aún así, siguen legislando para echar más leña al fuego. Si bien dudamos que muchos promotores aguanten tanto tiempo.
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