Pacto de Toledo 2020: Otra Patada Hacia Adelante

La mayoría de nosotros invertimos para jubilarnos y vivir de las rentas que generen nuestras inversiones. A no ser que alcancemos la independencia financiera temprana, estas rentas serán un complemento de nuestra pensión pública. 

En España, esta pensión pública se basa en un sistema de reparto. Bajo este sistema, los jubilados de hoy obtienen su pensión con las aportaciones de los trabajadores de hoy. 

Como explico en la guía "De Ahorrador Activo a Inversor Pasivo", este sistema está seriamente amenazado debido a la evolución de la demografía española. 

Sin embargo, estos problemas no son nuevos. 

Para intentar garantizar la sostenibilidad del sistema, los políticos españoles crearon hace años el llamado "Pacto de Toledo". 

Se conoce como Pacto de Toledo al acuerdo alcanzado en el año 1995 entre todos los partidos políticos españoles para analizar los problemas estructurales del sistema de seguridad social y realizar las reformas pertinentes.

En el año 1999, se creó la "Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo" para realizar un seguimiento de los objetivos originales del Pacto de Toledo así como proponer nuevas recomendaciones para la mejora del sistema.

Esta comisión, más conocida como la comisión del Pacto de Toledo, es una comisión permanente no legislativa. Es decir, su formación es obligatoria en todas las legislaturas pero carece de poder legislativo.

¿Quién compone el Pacto de Toledo?
El Pacto de Toledo tenía como objetivo la búsqueda del mayor consenso posible sobre las reformas que se debían implantar en el sistema de pensiones español evitando caer en los conflictos partidistas frecuentes en todo regulación política .

Por este motivo, la comisión del Pacto de Toledo tiene representación de todos los grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados.

 El pasado jueves 19 de noviembre, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó las últimas recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo (Informe). Pese a la deficitaria situación en la que se encuentra la Seguridad Social, en todo el informe no hay rastro de reformas de calado y las 21 recomendaciones que lo forman se resumen en cuatro medidas: 

 Como ya alertaba en 2019 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Seguridad Social se encuentra en déficit estructural. En otras palabras, sus gastos son sistemáticamente superiores a sus ingresos.

Una de las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo para corregir este déficit es la financiación de ciertas prestaciones no contributivas a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Esta recomendación coincide con una de la dos medidas a corto plazo propuestas por la AIReF en su informe de Enero de 2019 sobre la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social.
Sin embargo, esta recomendación no es más que de una jugada de trilerismo contable ya que si bien la Seguridad Social reducirá sus gastos, el Estado los aumentará y necesitará buscar nuevas vías de ingreso.

 En varias partes de su informe, la Comisión del Pacto de Toledo menciona la necesidad de aumentar los ingresos del sistema. Tanto a través del aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social como mediante impuestos a la población general.

En este sentido, una de sus propuestas estrella es la vinculación de las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales. Esta recomendación es vendida como protección a los autónomos ya que en su mayoría estos cotizan por la base mínima y, en el futuro, tendrán una pensión escasa.

Sin embargo, es evidente que la principal motivación es el incremento de la recaudación por parte de la Seguridad Social.

Otra de las recomendaciones de la comisión para aumentar los ingresos de la Seguridad Social es gravar a aquellas empresas que reemplacen parte de sus plantillas por sistemas de producción automatizados. Es decir, que los robots coticen a la Seguridad Social. 

Esta propuesta no está redactada explícitamente en el informe. Sin embargo, la idea se extrae de la frase “encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social” redactada dentro de la recomendación “Seguridad Social y Economía Digitalizada”.

No se trata de una idea nueva. Hace más de un año, la propuesta fue adelantada a la opinión pública como parte de los trabajos hasta la fecha del Pacto de Toledo (Noticia). 

Finalmente, además del aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social, el Pacto de Toledo sugiere la creación de nuevos impuestos. No solo para el pago de las pensiones no contributivas que propone trasladar a los Presupuestos Generales sino también para financiar parcialmente las pensiones contributivas.

Esta recomendación abre la puerta a un impuesto similar a la “Contribución Social Generalizada” que existe en Francia desde el año 1991. Curiosamente, un impuesto general que es pagado por los trabajadores, los ahorradores…y los propios pensionistas que se pretende ayudar.

 La tercera medida del Pacto de Toledo para sostener el sistema de reparto es aumentar la edad efectiva de jubilación.

En la última reforma de las pensiones, la edad legal de jubilación se incrementó hasta los 67 años. Sin embargo, en la actualidad la edad media de jubilación se encuentra en los 63,4 años para los hombres y los 64,5 para los mujeres. Esto es debido a que la legislación permite jubilarse anticipadamente si se cumplen ciertos criterios. Por ejemplo, si se han cotizado 38 años y 6 meses, la edad legal de jubilación se reduce hasta los 65 años. 

En este sentido, la comisión propone reformar la legislación para acercar la edad de jubilación real a los 67 años a través de las siguientes medidas:

 De entre todas las recomendaciones del Pacto de Toledo, quizás la más sorprendente es la apuesta por los Planes de Pensiones de Empleo como segundo pilar del sistema de pensiones.

La comisión propone incentivar la adhesión a estos planes por parte de los trabajadores y relegar los planes de pensiones actuales a un segundo plano. Esta propuesta sigue la línea de otros países europeos donde estos planes tienen un gran peso como complemento de la pensión pública.

El gobierno ya ha recogido el guante y el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado 2021 se propone: 

 Si bien la propuesta inicial no es mala, habrá que esperar a su puesta en práctica. Para empezar, José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social ha anunciado la creación de un fondo público de gestión privada cuyo objetivo será la compra masiva de deuda pública española (o eso se rumorea). 

 

Sin embargo, no van a ser todo malas noticias. Viendo la firme apuesta política por los planes de empleo, Indexa Capital ya se ha posicionado y ha anunciado el lanzamiento de su propio plan de pensiones de empleo. 

Un gran noticia viniendo de una entidad con uno de los mejores planes de pensiones indexados del mercado.

 Si echamos la vista atrás y revisamos las recomendaciones del Pacto de Toledo 2011, podemos observar que pocos han sido los cambios en estos nueve años.

El consenso político existente sobre el actual sistema evita las reformas de calado. Por lo tanto, en el futuro solo podemos esperar nuevas fórmulas para reducir la pensión de forma encubierta (e.g. aumento del número de años para el cálculo de la base reguladora) o medidas "innovadoras" para aumentar la recaudación.

Y tú, ¿qué opinas sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo?

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