Se está haciendo demagogia con temas sociales básicos, de interés capital, esto creo yo. Tales son la sanidad, la educación pública y las pensiones. Las dos primeras tienen sus competencias transferidas a las CC.AA. Ambas son materias que requieren de una inversión pública importante. Ambas deben de seguir siendo eficientes y eficaces. Ambas deben de llegar a todos los ciudadanos, con independencia de su capacidad económica.
Pero mantener la universalidad y el alcance de ambas, no implica abandonar la búsqueda de fórmulas o soluciones que mejoren su financiación. Fórmulas que permitan la viabilidad y eficacia futura de las mismas, tal y como las conocemos. Y esas fórmulas son sencillas y fáciles de aplicar, si de verdad hay sinceridad, interés y un sentido práctico en su aplicación. El colaborar cada uno, en la medida de sus posibilidades, al sostenimiento de estos servicios, no implicaría nada más que redistribuir de forma mejor los esfuerzos, para que todos podamos seguir gozando de una sanidad y una educación de calidad.
Para ello, mi propuesta es crear unas tasas en función de la renta disponible y de la situación personal de cada uno. Me explico:En primer lugar, ambas materias no pueden costar lo mismo al que tiene mil euros al mes que al que tiene diez mil. Es injusto e in-solidario. Si, ya sé que con los impuestos directos e indirectos ya se ha hecho un primer esfuerzo de contribución diferenciada. Pero también hay que ver quien le da más o menos uso y mejor aprovechamiento. Y aquí está la segunda cuestión. Si exceptuamos enfermedades crónicas y graves, niños y personas de avanzada edad, que deberían de ser siempre asistidas tal y como lo son ahora, el cuidado de la salud común si debería de ser objeto de una tasa por uso del servicio- atención primaria, especialista o intervención quirúrgica-.
Lo mismo respecto de la educación. Hay quién aprovecha el tiempo, aprende y aprueba. Y quién no lo aprovecha, no aprende y suspende. Evidentemente tampoco es justa esta situación. Por lo que igualmente se debería de introducir una tasa diferencial en función del aprovechamiento adecuado o no del servicio. Todo siempre, con criterios de proporcionalidad con la renta disponible, la situación personal y el adecuado uso de los servicios.
El sostenimiento del sistema y su viabilidad futura depende de ello. Lo contrario hará insostenible el mismo y sus consecuencias serían peores e irreversibles.
Por último el tema de las pensiones, que requiere ya de una solución inmediata y consecuente con la coyuntura, que se debe de afrontar sin mayor dilación, dado el enorme peso que tiene en el gasto social del Estado. Los tiempos han cambiado y debemos de adaptarnos a ellos con perspectivas de futuro. Hay que legislar para obligar a crear un sistema privado adicional de pensión desde los primeros andares laborales. La cantidad aportada hoy en día, teniendo en cuenta la esperanza de vida y la etapa laboral, no permite pagar las cantidades que se pagan. Lo contrario es cerrar los ojos a la realidad, hacer demagogia, no decir la verdad y crear una burbuja que el día que explote, tendrá consecuencias imprevisibles.
