La última medida del gobierno, espectacular y no esperada, consiste en hacer frente a los pagos de aquellas administraciones públicas – Ayuntamientos y Comunidades- cuya gestión de pagos a sus proveedores es calamitosa. Todavía no se sabe el mecanismo que se va a aplicar, 
pero sea el que sea, pasará por empobrecernos aun más.
Esta práctica, no es nueva ni original. Es la que algunas empresas ya practicaban con sus proveedores en función de su tesorería. El llamar al proveedor de turno y ofrecerle un pago rápido, si aquel accedía a un determinado descuento, es más antiguo que el agua. Ahora, el gobierno le da carácter institucional, a lo que se puede denominar sin error, abuso de poder o predominio de situación. ¿Quién no va a querer cobrar más rápido, si los intereses se están comiendo los márgenes y cada vez es más difícil obtener liquidez?
Este proceso tan corriente, es el motor de nuestra economía. Una economía de empréstitos que junto con la voracidad empresarial de aumentar el beneficio, a pesar de tener un alto coste financiero asociado a su actividad, crea una espiral sin fin de inflación y crecimiento virtual o artificial. Dejando muy poco margen para esa mejora de beneficios sin límite, por lo que se acude al prorrateo de los costes asociados entre los trabajadores, que es lo que está ocurriendo. Mientras los bancos cuentan con un negocio redondo, dándose el caso de que por el mismo dinero cobran a tres o cuatro empresas implicadas en la cadena productiva.
Aquí está la verdadera reforma a hacer. Racionalizar la actividad y función de los bancos, evitar el despilfarro en las Administraciones Públicas, acabar con la corrupción y el fraude y no hacer recaer todo el peso sobre el grueso de la población, que vive con un sueldo más que ajustado y no participa de la fiesta codiciosa y obscena que algunos nos preparan sin nuestro consentimiento. Sin pudor ni moral alguna.
