Fiscalia de Pontevedra investiga a Novalicia Banco por la venta de preferentes

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Fiscalia de Pontevedra investiga a Novalicia Banco por la venta de preferentes

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La Fiscalía de Pontevedra investiga si hubo abuso en la venta de preferentes
Consumo y Adicae colaboran con la identificación de afectados y los contratos

J. PÉREZ / M. FONTÁN - VIGO Ante el revuelo popular generado, las constantes quejas de clientes y las tremendas historias que los medios de comunicación recogen prácticamente todos los días alrededor de las preferentes comercializadas por las entidades financieras para reforzar sus recursos propios, la Fiscalía de Pontevedra ha tomado cartas en el asunto con la apertura de diligencias para la investigación por vía civil de la posible existencia de un abuso por parte del sector financiero y, más concretamente en Galicia, por su peso en el negocio, en las emisiones de Novagalicia, que asumió de la gestión de las dos antiguas entidades de ahorros y que asegura que ultima ya una solución. Las oficinas de Consumo de la Xunta y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) –de las plataformas más combativas en la polémica– empezaron ya a remitir la documentación con la que cuentan para que el Ministerio Público pueda averiguar quiénes son los perjudicados y estudiar las condiciones de los contratos de compra.
La ley de Defensa del Consumidor faculta a los fiscales para que puedan ser parte en un proceso de estas características ante la sospecha de una mala práctica. "Estamos en fase de recopilación de la información", sostienen fuentes oficiales. Una vez analizada la situación, la Fiscalía de Pontevedra tendrá que analizar la posibilidad de presentar un procedimiento conocido como acción de cesación, muy empleado por ejemplo para empresas que realizan publicidad engañosa, y que tiene como finalidad detener un comportamiento que suponga un atentado contra la protección de los consumidores.
En definitiva, de impedir que una mala práctica bancaria perjudique a usuarios "por la posibles existencia de un contrato de carácter leonino", explican desde la Fiscalía pontevedresa. Aunque es muy pronto todavía para saberlo, en este tipo de procesos no se descarta en todo caso la opción de acudir a vía penal si queda acreditada una conducta ilegal. De que los contratos "contengan un contenido de engaño". En cualquier caso, lo que busca el instrumento es defender los intereses generales, no a usuarios en concreto, con lo que las indemnizaciones quedan descartadas, aunque sí abre la puerta a una resolución que condene al pago de una multa coercitiva.
De momento, las diligencias se centran en la provincia de Pontevedra, aunque el Ministerio Público recuerda que si aparecen afectados de otras partes de Galicia, el caso se remitirá a la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que sería la encargada de pedir esa acción de cesación. Y eso es muy probable, a la vista de que el número de compradores podría llegar a los 100.000, y que solo Novagalicia, sin contar el resto de entidades financieras que comercializaron en la comunidad sus preferentes, acumula, según sus propios cálculos, 903 millones de euros entre pequeños ahorradores.
Los afectados continúan con su calendario de protestas en varias localidades pontevedresas. Ayer lo hicieron en Marín y A Illa, y está prevista una gran manifestación para mañana sábado por el centro de Vigo, que precisamente hoy presentará Adicae. La convocatoria es común a otras siete ciudades más –Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid, Alicante, Bilbao y A Coruña– para denunciar los "innumerables abusos bancarios" sufridos por miles de familias "en los últimos quince años".
La CNMV tiene a cuatro entidades financieras bajo sospecha
Hasta que se sepa si realmente existió algún tipo de irregularidad en su comportamiento, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no desvelará el nombre de las cuatro entidades financieras que en este momento investiga ante la posibilidad de que hayan comercializado de manera incorrecta sus preferentes. El regulador bursátil insiste una y otra vez que son "casos concretos" y que lo general no es esto. Incluso sostiene que un "alto porcentaje" de clientes fueron debidamente informados de las condiciones –son productos sin fecha de vencimiento, con elevadas remuneraciones, que se han quedado en tierra de nadie ante la paralización de la demanda en el mercado por la crisis– y que las ventas suelen requerir la firma en al menos tres contratos. Aún así, el número de reclamaciones sobre las preferentes el pasado año ante el organismo que preside Julio Segura se dispararon un 73%, hasta las 249.
En el Parlamento de Galicia tienen una visión más grave de la situación. Con unanimidad de los tres grupos políticos, el pasado 15 de febrero se presentó una resolución que insta a Novagalicia y a todas las autoridades competentes a "buscar una solución" a los inversores y la recuperación "íntegra" de las cantidades.

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