Guerra de bufetes por el control de las grandes quiebras de empresas
CRISTINA CABALLERO / Madrid
13/06/2011
Guerra de bufetes por el control de las grandes quiebras de empresas
El CGPJ investiga las primeras denuncias contra magistrados por conflictos de intereses
Acusaciones de trato de favor en los concursos, connivencia entre jueces y administradores, reparto a dedo de los mayores procesos concursales, dilaciones injustificadas... En el mundo del derecho mercantil se ha desatado una guerra por una ley concursal que sólo siete años después de su nacimiento ha revelado numerosos «agujeros» por los que se cuelan todo tipo de irregularidades.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recibido las primeras denuncias contra jueces mercantiles por el anómalo funcionamiento de los procesos concursales. «Ha llegado una denuncia contra un juzgado de Valencia, que se está investigando, y otra genérica», confirman a este periódico fuentes del CGPJ.
Las irregularidades, según han explicado a este periódico varios abogados que exigen anonimato, tienen dos vertientes: la connivencia de muchos jueces y administradores concursales, que genera escandalosos conflictos de interés, y el acceso limitado a los grandes concursos de un grupo privilegiado de economistas y abogados cuyos nombres se repiten en varios procesos, siempre los más grandes y, por tanto, los que más ingresos generan.
El gran problema de la ley concursal es el mecanismo por el que se establece el sueldo de los administradores, que han de velar por la marcha de la empresa en el momento en el que se decreta el concurso.
Hay muchos procesos concursales en los que los administradores cobran muy poco, e incluso nada, pero hay otros en los que el sueldo puede ascender a varios millones de euros. Martinsa Fadesa es uno de los grandes, donde cada administrador concursal se ha embolsado unos cinco millones de euros; en las empresas filatélicas Afinsa y Fórum, que se liquidarán, los administradores cobrarán 3,5 millones por barba; en grandes inmobiliarias como Habitat y Aifos, el sueldo está entre uno y dos millones.
A los elevadísimos sueldos que generan los grandes concursos se suma la discrecionalidad con la que actúa el juez, que tiene la última palabra para nombrar a los administradores de una empresa quebrada. La presión para colarse en alguno de estos concursos es enorme, según testifican las fuentes consultadas.
Algunos despachos de abogados han encontrado la manera de influir sobre los jueces y están proliferando las conferencias, cursos y seminarios, organizados por bufetes, en los que son contratados jueces mercantiles como expertos. Los magistrados reciben sueldos de entre 600 y 3.000 euros, en función de la categoría de su juzgado y de las posibilidades de obtener un buen concurso. Otras veces, a los jueces se les paga con regalos caros.
En esos actos, que son una manera más o menos sutil de ejercer presión sobre los magistrados o darse a conocer para futuros concursos, se mezclan jueces y administradores de un mismo proceso en un claro conflicto de interés.
«Lo extraño es que en jornada laboral haya jueces dando conferencias», afirma Fernando González, presidente de Iure Abogados. Este bufete ha creado una asociación, Accorde, que aboga por introducir la ética en el derecho concursal. «Tenemos que cambiar la actitud de los jueces al mismo tiempo que la ley concursal», asegura.
El caso de la Fundación Fide, presidida por la magistrada en excedencia Cristina Jiménez Savurido, es un ejemplo de la extraña cohabitación que se da entre jueces mercantiles y administradores concursales fuera de los juzgados.
La Fundación, que celebra periódicamente conferencias y cursos sobre derecho concursal, tiene contratado como profesor, entre otros, al juez de lo Mercantil número 2 de Madrid, Andrés Sánchez Magro. Este juzgado asumió el concurso de la inmobiliaria Nozar a finales de 2009, nombrando administradores al economista Ángel Rojo y al abogado Francisco Javier Ramos.
Sin embargo, sólo un año después ambos fueron cesados por el juez, ante la sorpresa del mundo judicial, ya que no son habituales estos ceses sin una falta grave que lo justifique. En su lugar fue nombrada Cristina Jiménez Savurido.
Otro juez mercantil habitual en las conferencias de la Fundación Fide es Santiago Senent, titular del juzgado Mercantil 7, que lleva el concurso de Fórum Filatélico. Como patrón de Fide figura el economista Antonio Moreno, administrador de Fórum y habitual en otros grandes concursos.
GUILLERMO ALCOVER Y ÁLVARO BAÍLLO