El Consejo de Ministros, ha aprobado este viernes 25 de enero, el Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.
El objetivo de esta ley es permitir a empresas y profesionales ofrecer sus productos y servicios en toda España, con una única licencia.
Bastará con cumplir la legislación de su Comunidad Autónoma para poder vender en toda España. Actualmente se daba la situación de tener que adaptar el producto y el etiquetado a diferentes normativas en cada Comunidad Autónoma.
La nueva ley se inspira en los mismos principios en los que se basa el Mercado Único Europeo. Se pretende que los bienes y servicios puedan circular libremente por todo el territorio nacional. Se daba la paradoja de que mientras con los países de la Comunidad Europea, la mercancía circula con facilidad, dentro de España había ocasiones en que algunas empresas debían fabricar hasta 17 versiones distintas de un producto o pedir hasta 17 licencias para venderlo. Esta maraña de normas (desde 1978 se han publicado más de 100.000 leyes estatales y autonómicas), perjudica la competitividad de las empresas y con ello, el empleo.
Mientras que a nivel europeo se ha facilitado la circulación de mercancías, en España, cada Comunidad ha creado sus propias leyes dificultando el comercio y por tanto, empeorando la economía. Esta sobrecarga normativa es una dificultad que desincentiva las inversiones, al aumentar la inseguridad jurídica e impedir que se consigan economías de escala.
Imagínese la diferencia entre producir un solo producto para 47 millones de consumidores, o tener que hacer 17 versiones con su diferente etiquetado o incluso composición para cada Comunidad Autónoma. Y además de producirlo, hay que comercializarlo, almacenarlo y distribuirlo….
Según las estimaciones del Gobierno, con esta ley se aumentará anualmente el PIB en 1.500 millones de euros.
Se creará un Consejo para la Unidad de mercado que velará por el cumplimiento de la norma.
Se creará una base de datos electrónica para ejercer que las Administraciones Publicas puedan ejercer labores de control y supervisión.
La ley incluye el principio de no discriminación: se evitará por ejemplo que sea necesario para dar una autorización a una empresa, que los empleados de ésta y hayan recibido cursos de formación en esa Comunidad Autónoma.
Por último se establecerá un procedimiento ágil de resolución de conflictos con la participación de la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La norma, aspira a que España mejore en los rankings internacionales de competitividad, en los que por el momento no salimos muy bien parados (en el 2012 estábamos en el puesto 36 de 144 paises analizados por el World Economic Forum).
Ya ha habido algunas voces (me temo que interesadas) que se han alzado contra este anteproyecto. Algunas Comunidades Autónomas consideran que el Gobierno se está metiendo en sus propias competencias.
¿Para qué queremos gobiernos autonómicos que legislen en su propia Comunidad si luego el Gobierno central tiene que volver a legislar para allanar las dificultades que implica la “superabundancia” de normas autonómicas?
Juan Carlos Burguera www.BurgueraAbogados.com
