Gran escándalo, golpes de pecho, ataque a la democracia y una nueva razón para salir de España. Así ha recibido el separatismo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de citar a declarar a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega como imputados por el referéndum del 9-N. Acentúan que la decisión se ha tomado dos días después de las elecciones y subrayan que Mas tendrá que comparecer ante el Tribunal el próximo 15 de octubre, en pleno fragor de la constitución del nuevo parlamento regional y una efeméride singular, puesto que se cumplen 75 años del fusilamiento de Lluís Companys.
Tanto el Gobierno de la Generalidad como las fuerzas separatistas se rasgan las vestiduras y claman por el archivo de la querella. La escena está medida a la perfección: victimismo y martirio del nuevo Companys, un Artur Mas que tres cuartos de siglo después comparecerá ante un pelotón de jueces.
La realidad, sin embargo, es muy distinta. La Fiscalía catalana se resistió como gato panza arriba a emprender un procedimiento contra el presidente de la Generalidad por haber hecho caso omiso del fallo del Constitucional contra su referéndum. En una de sus apelaciones a la astucia, Mas cambio la palabra referéndum por "proceso participativo" en la confianza de que el Constitucional no sabría reaccionar a tiempo. No fue el caso, pero el 9-N se llevó a cabo en lo que constituyó un desafío al Estado ante el que el Gobierno de Rajoy fue incapaz de responder. Dirigentes de su propio partido en Cataluña declararon que se sintieron abandonados.
Querella y admisión a trámite a regañadientes
A regañadientes, la Fiscalía presentó la querella -expediente que acabó con la dimisión del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce- y el TSJC la admitió a trámite con más recelos todavía. Ni el presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, que abandona el cargo en dos meses, ni la mayoría de los miembros de la Sala Civil y Penal eran partidarios de juzgar a Mas.
Gimeno, por ejemplo, llegó a participar en una "cumbre" anticorrupción organizada por Mas en febrero de 2013. Adscrito a Jueces para la Democracia, oscense de nacimiento, siempre ha ejercido en Cataluña. Desde octubre de 2010 es presidente del TSJC. Una de sus actuaciones más destacadas fue la de rechazar hace tres años la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el exalcalde de Lloret de Mar (Gerona), el convergente Xavier Crespo. Como Crespo, también diputado regional, estaba aforado, Gimeno alegó que no había indicios suficientes de sus relaciones con la mafia rusa y derivó la denuncia a un juzgado de Blanes (Gerona). De ahí y ante la magnitud del caso, éste se trasladó a la Audiencia Nacional. El juez Eloy Velasco mandó detener a Crespo y devolvió el caso al TSJC, donde por el momento duerme el sueño de los justos, no sin que antes Gimeno cambiara por sorpresa a uno de los componentes del tribunal, el exfiscal Carlos Ramos, por el magistrado Enric Anglada.
Los manejos del presidente del TSJC
Tal vez influyera en el extraño proceder del presidente del TSJC el hecho de que Ramos ejerciera la acusación en casos que implicaban a la Generalidad de Jordi Pujol o en los sobornos del exjuez Luis Pascual Estevill, quien llegó a ser miembro del CGPJ a propuesta de CiU. Anglada, en cambio, fue con tan sólo 33 años el juez adjunto en la instrucción del caso Banca Catalana, que, como es sabido, quedó en agua de borrajas.
Otro de los jueces de la sala que "interrogará" a Mas, a la consejera de Enseñanza Irene Rigau, y a la exvicepresidenta Joana Ortega, de Unió, es José Francisco Valls. Hace años y para lograr el cargo de director de la Escuela Judicial se afilió a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de signo conservador, pero sus compañeros destacan de él varios aspectos, entre ellos su docilidad con el poder político y su fervorosa afición por el Barça.
Eugènia Alegret, también de la APM y anterior presidenta del TSJC, completa la sala. Alegret se ha distinguido por su independencia y discreción. No así Gimeno, que no ha tenido reparos en afirmar por activa y por pasiva que confiaba que el "conflicto" planteado por Mas no llegara al ámbito judicial. En el 2013 llegó incluso a declarar que una consulta como la que planteaba el separatismo podría tener amparo legal "siempre que los políticos llegaran a un acuerdo". Según dijo Gimeno entonces, un referéndum ilegal "no tendría efectos jurídicos, por lo que seguiría siendo una discusión política".
Fecha simbólica
El TSJC ha querido restar importancia tanto al hecho de que la citación se produzca dos días después de las elecciones, cuando han pasado más de diez meses del 9-N, y vaya a tener lugar el día del 75 aniversario del fusilamiento de Companys. Alegan problemas de agenda de Abril y se amparan en las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha manifestado que citar antes a Mas hubiera sido perjudicial y contraproducente con el momento electoral.
En CDC, en ERC y en los ámbitos judiciales se considera que el TSJC ha echado un cable a Mas, a quien presenta como un político acosado por el Estado. La elección de las fechas no es casual, dicen por lo bajo y con evidente satisfacción. Las CUP insisten en que no apoyarán su investidura, pero la campaña de presión mediática no ha hecho más que empezar, aunque nada se dice en ella de las orientaciones, tendencias y antecedentes de algunos de los jueces que recibirán a Mas como un héroe el próximo 15 de octubre.
