Hilo cerrado
Eso es mejor decirlo cuando venga a cuento. Si no pregúntale a Margallo lo canutas que las está pasando por decir "Gibraltar español" en un momento inoportuno y en un lugar inadecuado. Menos mal que no le contestaron: "Viva Trafalgar". La prudencia es la madre de la diplomacia.
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
No, esos sería hijos de madres de reputación dudosas.
Esto me recuerda una "anécdota" que me contaba un abogado amigo mío sobre un "viejo abogado" que acudió a un círculos socia (no voy a hablar de nombre) con dos chicas con "pinta de moral ligera".
.-Perdone don José-le dijo el portero- Las señoritas no pueden pasar por ser de "dudosa moralidad"
.-¿Dudosa moralidad? !No, estás son PUTAS no hay dudas!
El vigente Estatut contempla un plazo entre 40 y 60 días, pero no hay desarrollo legal ni reglamentario, así que o se hace un tercer decreto ex profeso para meter con calzador los nuevos plazos, o debería solventarse por la legistación hasta ahora vigente, que marca un plazo creo que de 54 días.
Una posibilidad muy de "focs d'encenall" es convocar para el 9N. Como la disolución y convocatoria sí serían legales, pero no la fecha de los comicios, la JEC ("Madrit"), no nos dejaría votar en esa fecha, ya que no estaría en plazo, y posiblemente corregiría la convocatoria a la siguente e inmediata fecha en que sí se cumpliesen los plazos (16N quizás?).
La ciudadanía catalanesca, ofendida y agraviada por esa imposición/intromisión española, votaría masivamente a las candidaturas soberanistas.
Cuando se disuelve una cámara legislativa, y se convocan elecciones, se constituye una Administración Pública de novo, encargada de todo el proceso. Es la Administración electoral, y es la quinta administración del pais (General, Autonómica, Local -incluye Diputaciones- y Universidades), de misión concreta y duración efímera.
Esa Administración es totalmente autónoma y soberana en su cometido, y las demás quedan supeditadas a ésta.
Los órganos de gobierno de esta administración están copados por el poder judicial (las Juntas Electorales), y para desarrollar su cometido, utiliza los medios necesarios facilitados por los correspondientes poderes ejecutivos (Delegaciones del Gobierno, departaments de Gobernació e Interior,...), y convoca a la ciudadanía como funcionarios temporales (los miembros de las mesas electorales), a prestar sus servicios de manera obligatoria e ineludible, y con su correspondiente alta en la SS (por los riesgos laborales) y retribución mediante dietas exentas de IRPF.
Esta nueva Administración tiene su supremo órgano de gobierno en la Junta Electoral Central, y para la resolución de los conflictos que pudieran darse, los organos del poder judicial que intervengan (Tribunal Supremo y Constitucional) tienen establecidos unos procedimientos sumarísimos y urgentísimos.
la plus belle des ruses du Diable est de vous persuader qu'il n'existe pas!
Has tenido suerte, 3 horas y aun no te han llamado falla... !creo que es un record.
Yo también digo !VIVA ESPAÑA!
Cuanto envidio a obama que luce con orgullo en la solapa de su chaqueta un pin de los EEUU aqui si un presidente llevara un pin de españa se te tacharia de lo que dices.
Pues no hay que ir tan lejos, nuestros vecinos, todos, !se sienten orgullosos de enarbola la venderá de su nación! En España no es posible, fácilmente te puede llega un energúmeno y no solo te puede llega a insulta, sino que puede llegar hasta las manos.
Que raro!, porque será?...,
Por ahora todo son hipótesis. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no termina de desvelar su calendario sobre la convocatoria del referéndum ilegal previsto para el 9-N. Tampoco si se conformará con la suspensión de la ley de Consultas que ordenará el TC. Lo único que parece claro a día de hoy es lo que conllevaría que, con esta suspensión decretada, Mas siguiera adelante con sus planes alentando la consulta. Sería imputado al menos por un delito de desobediencia, al que podría sumarse el de prevaricación, en el caso de que convocara el referéndum con la ley ya suspendida.
Así lo consideran los penalistas consultados por ABC, que a la vez ven remota la posibilidad de que el presidente de la Generalitat pueda ser imputado, llegado el caso, por un delito de sedición, también previsto en el Código Penal y castigado con entre 10 y 15 años -si se trata de una autoridad pública- e inhabilitación absoluta.
Un «terreno resbaladizo»
El catedrático Miguel Bajo recuerda que, aunque el delito de prevaricación (dictar conscientemente una resolución injusta) entra en un terreno «muy resbaladizo», parece claro que si esa resolución (la aprobación de la convocatoria del 9-N) se lleva a cabo cuando la ley de Consultas ya está suspendida, la decisión de Mas no entraría dentro de una interpretación «razonable» de la ley, como establece la jurisprudencia. Por tanto, sí estaría cometiendo ese delito.
Respecto a una posible sedición (lo que exige un «alzamiento público y tumultuario»), Bajo ve improbable que Mas pueda incurrir en este delito. Los Mossos en este caso podrían quedar sometidos «a las leyes militares», por lo que garantizarían la seguridad ante un supuesto alzamiento. Por ello, no cree que Mas se arriesgue a que suceda esto.
Otro catedrático de Derecho Penal que pide no ser identificado coincide con Bajo en que está clara la posible comisión de los delitos de desobediencia y prevaricación, este último en el caso de que el decreto de convocatoria del 9-N sea posterior a la suspensión del TC. Sin embargo, reconoce que la sedición en los términos en los que se está planteando la hipotética rebelión de Artur Mas «no es el concepto de alzamiento que maneja» el Código Penal. «Es un camino inexplorado», dice. Y en este sentido recuerda que quizá lo que falta por regular en el Código Penal es un delito de «actuación contraria a la Constitución» para la autoridad que se niegue a cumplir los mandatos constitucionales. En este punto, tanto Miguel Bajo como este jurista recuerdan que en 2003, con Aznar en La Moncloa y para hacer frente al desafío del entonces lehendakari Ibarretxe, se introdujo en el Código Penal el delito de convocatoria de un referéndum ilegal, precepto castigado con hasta cinco años de cárcel, que fue suprimido en 2005, pocos meses después de la llegada de Zapatero a la Presidencia del Gobierno.
Un anuncio inminente
Lo cierto es que aunque hubiera voluntad política de volver a introducir este artículo en la reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso, no daría tiempo a aplicarlo a Mas, pues la aprobación de su decreto de convocatoria es inminente.
Por último, Joan Queralt, catedrático de la Universidad de Barcelona, considera que no basta la suspensión de la ley de Consultas que dicte el TC para que Mas incurra en un delito de desobediencia, sino que es preciso que se obligue al presidente de la Generalitat a cumplir esa resolución judicial, y eso solo puede darse con un incidente de ejecución, es decir, en un momento posterior a la mera notificación de la suspensión. Hay que tener en cuenta además que el TC dará un plazo al Parlamento catalán para que formule alegaciones a la impugnación del Gobierno.