La independencia ahora empujaría a Cataluña a una quiebra inmediata
El dragón del independentismo catalán ha ido a despertar en un escenario económico que va de lo negro a lo negro azabache. Septiembre de 2012: el viejo debate sobre la financiación catalana y el tan traído y llevado déficit fiscal (la diferencia entre los ingresos fiscales que generan sus contribuyentes y lo que reciben del Estado) muta en un clamor separatista. El de la secesión catalana es otro de los tabús caídos en medio de esta interminable crisis; Cataluña plantea un referéndum sobre la autodeterminación, un proceso complicado, lento, fundamentado en la idea de que a la economía catalana le iría mejor sin España. Hubiese sido viable en 2005 y nadie sabe si podría serlo en 15 años, pero hoy por hoy la economía catalana es calificada como bono basura por los mercados, no recibe crédito de los inversores y ha necesitado el auxilio del Estado para pagar sus deudas. La mayor parte de los expertos consultados ven inviable, o al menos muy enrevesada, una independencia inmediata.
Si Cataluña mañana amaneciese independiente, España viviría una pesadilla, pero el nuevo Estado catalán tendría complicado evitar una suspensión de pagos. El retorno de este déficit fiscal (que la Generalitat cifra en 16.409 millones anuales, el 8% de su PIB) difícilmente compensaría los costes de la ruptura.
La nueva Cataluña nacería con una deuda que podría triplicar a la actual. Ahora es la comunidad más endeudada de España (42.000 millones que equivalen al 21%, o 48.000 si se suma la de sus empresas públicas) pero se llevaría la parte alícuota de la deuda del conjunto del Estado, que se puede calcular en función de su peso en el PIB español (18%), de la población (16%) o de una mezcla de ambos. El pasado junio, la deuda de la Administración central sumaba 617.731 millones, así que el nuevo Estado asumiría más de 100.000 millones. A estos se añadirían 5.000 millones de la deuda de sus Ayuntamientos y otra parte proporcional de la deuda de las empresas públicas (como Renfe, Adif o AENA); que alcanza en total los 34.000 millones; además, el montante del rescate recién solicitado (5.000 millones) y nuevos costes de la reestructuración bancaria. La deuda engordaría hasta unos 150.000 millones.
Las cantidades exactas dependerían de una dura negociación con el Estado, pero la deuda escalaría al entorno del 100%. Solo este año, Cataluña afrontaba unos vencimientos de hasta 13.477 millones y el pago de los intereses se engullían casi 2.000 millones.
“No tendrían capacidad para generar los recursos suficientes para asumir esos pagos en al menos uno o dos años y no podría evitar el impago salvo que acudiese a un rescate, pero esto pasaría fuera de España y sería difícil”, explica Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. La entrada en la UE, además, requeriría mucho tiempo. Una parte de los defensores de la independencia arguye que Cataluña no debe incorporar deuda estatal porque ya asumió déficit fiscal durante años, pero la mayoría asume que sí debería digerirla.
Por su parte, Josep Oliver, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), cree que la deuda alcanzaría el 80% del PIB y que una independencia ahora “no es imaginable”, y recalca que quienes la plantean lo hacen mayoritariamente “como idea de medio plazo”. En ese contexto, “Cataluña sería tan viable como lo sería España”. Además, advierte de que con la independencia, la capacidad de recursos mejoraría, lo que facilitaría la financiación en los mercados, ya que se recuperaría ese déficit.
El del déficit fiscal es un concepto muy discutido y que arroja cifras diferentes en función de cómo y quién lo calcula pero, dando por buena la cifra del Gobierno catalán, el desfase recuperable sumaría 16.409 millones. No sería inmediato y Rubio cree que la cifra no compensaría los costes de la ruptura, que incluyen riesgos comerciales: no solo posibles boicoteos a productos, sino también nuevas barreras arancelarias si no logra acuerdos con Europa.
Ángel de la Fuente, investigador del Instituto de Análisis Económico, dependiente del CSIC, advierte de que ese ingreso adicional de 16.000 millones quedaría muy reducido al descontar los gastos del Estado de los que se beneficia Cataluña, pero no se producen físicamente en ella (por ejemplo, el servicio de las Embajadas, Defensa y la Agencia Tributaria), lo que suponen unos 5.148 millones. Además, De la Fuente calcula más costes públicos por la pérdida de economía de escala y menos ingresos por parte de la hipotética Hacienda catalana (por la peor información y recursos que tendrían). Rebaja el beneficio total hasta unos 8.000 millones. “No es el momento propicio para este tipo de aventuras”, señala.
El economista Xavier Cuadras ha publicado junto a Modest Guinjoan un libro que trata de la viabilidad económica de la Cataluña independiente (Sense Espanya). Cuadras admite que la deuda subiría y que ahora no hay inversores dispuestos a prestar dinero a la Generalitat, aunque cree posibles terceras vías, como la emisión de bonos o préstamos de la banca. “Ahí el juego político tendría mucho que hacer”, apunta.
Pero habría problemas para la banca. José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, alerta de una debacle, ya que las entidades catalanas que siguen solventes —Sabadell y La Caixa— acumulan grandes volúmenes de créditos concedidos en el resto de España, por encima de los depósitos. “Y si se convirtiera en un nuevo Estado, muchos clientes españoles retirarían sus depósitos para tenerlos en su país y estos son los que financian las hipotecas. Si una empresa pierde el 30% de sus clientes, pierde dinero, pero si le ocurre a un banco, se pierde el propio banco”, explica Díez. La deuda externa neta de Cataluña no se ha calculado nunca, pero existe como concepto, y esta se dispararía. Así que, a su juicio, “tendría que plantear una suspensión de pagos, una quita de deuda y todo esto se llevaría por delante el parque empresarial”. “La independencia catalana sería hace siete años mala para España y Cataluña, pero viable. Hoy por hoy, además, es económicamente inviable”, remacha.