El Gobierno constituido por Mariano Rajoy tras las elecciones generales últimas, que ganó prometiendo que iba a hacer el milagro de acabar con la crisis y el paro, acaba de aprobar unas medidas que van precisamente en sentido contrario.. Cualquiera con un mínimo de sentido común puede ver que es imposible crear empleo si se destruye empleo público, se reduce la actividad del Estado y se reduce el dinero a disposición de la economía real.

Por una vez, y en contra de la trayectoria que vengo siguiendo en este blog, voy a publicar este artículo no con un análisis propio sobre mi opinión de las medidas aprobadas por el Gobierno mendaz del Sr. Rajoy, sino remitiéndome a otras publicaciones que explican perfectamente la realidad de las cosas.

En primer lugar, Paco Álvarez, en su blog "Noledigasamimadrequetrabajoenbolsa" viene publicando una serie de entrevistas, intervenciones en medios y artículos en que explica por qué se producen las crisis en el seno del capitalismo del mito del crecimiento eterno, denuncia una y otra vez las malas prácticas de políticos y banqueros, incluso con un manifiesto muy significativo, y pide que se tengan en cuenta otras políticas orientadas al bien común (de ello habló en Oviedo, en una conferencia-coloquio a la que asistí).   Leer más

La Defensora del Pueblo acaba de publicar un informe denominado “Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo”, de una calidad, agudeza y claridad excepcionales. Es un documento que explica el funcionamiento del sistema bancario e hipotecario con sus disfunciones, señalando el origen de éstas y las consecuencias que ocasionan. Mucho me temo que un ejercicio de seriedad, compromiso y sentido común como el que muestra este informe se vea recompensado con el cese y el nombramiento de un nuevo Defensor del Pueblo más dócil. Ojalá me equivoque.
Dado el interés de este informe y su gran extensión, a continuación, presento un resumen.

Ya la presentación del informe (págs. 3-4) son una muestra de su sensibilidad, buen criterio y sentido de responsabilidad: su posición institucional le permite observar la realidad social, el grave efecto de la crisis sobre las economías familiares y ello le mueve a proponer soluciones, sin limitarse a ser mero testigo de lo que sucede. ¡Qué diferencia con la Procuradoría General que padecemos en Asturias, resultado de una componenda entre los dos grandes partidos!   Leer más

En pleno furor de demandas de nulidad de las permutas financieras o swaps, con un elevado porcentaje de sentencias favorables a las víctimas de estos productos, empiezan a multiplicarse las quejas, reclamaciones y demandas por otros instrumentos financieros como las participaciones preferentes, los depósitos estructurados y otros productos complejos atípicos. Estas demandas no son novedad, pero lo que desde hace años era un goteo de sentencias aisladas, ahora se ha convertido en un fluido constante debido a que la banca ha pasado de colocar estos productos a los inversores que pedían algo especial a recomendarlos como una inversión segura y apta para cualquier pequeño ahorrador. Existen también numerosos litigios por instrumentos ligados a entidades fallidas: Lehman Brothers, bancos islandeses, fondos de Madoff, etc. En estas fechas en concreto se están multiplicando las quejas relativas a las participaciones preferentes porque han coincido ofertas de varias entidades (BBVA, Banco Santander, Banco de Sabadell, en condiciones especialmente desfavorables en el caso del último Banco citado) de canje de varias emisiones de participaciones por acciones o por bonos convertibles en acciones. Pero el problema viene de antes, por la falta de liquidez de estos productos, o las pérdidas sufridas por quienes consiguieron vender a costa de un importante descuento sobre el capital invertido, circunstancias no esperadas por quienes desconocían sus características y riesgos.   Leer más

Hasta la aprobación de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de Mejora de la protección de los consumidores, era práctica habitual en muchas zonas de España que el promotor de viviendas incluyera una cláusula en sus contratos (tanto en el contrato privado como en la escritura pública) por la que se imponía al comprador el pago de todos los gastos e impuestos de la compraventa, incluido el Impuesto Municipal de Incremento del Valor de los Inmuebles, popularmente conocido como Impuesto de Plusvalías.

Digo que esto ocurría en muchas zonas de España porque existía una polémica doctrinal sobre si esta cláusula era abusiva o no: algunas Audiencias Provinciales entendían que sí lo era y otras que no; la Audiencia de Asturias era de las que entendía que no era abusiva.

Las grandes constructoras de ámbito nacional, con promociones en distintos lugares de España, optaron por no utilizar esta cláusula para evitar verse en conflictos judiciales innecesarios con sus clientes. Pero las promotoras de menor tamaño, que sólo operan en una zona concreta, sí la aplicaban cuando se localizaban en zonas donde los tribunales admitían la validez de esta cláusula, como es el caso de Asturias.   Leer más

Viendo la televisión, escuchando la radio, leyendo la prensa, parece que ya está decidido quién va a ganar este domingo las elecciones: en los pocos ratos libres que quedan entre fútbol y salsa rosa, se escucha el mensaje de los mercados, y éstos se imponen una vez más. Sólo falta que podamos votar directamente en el banco.

De tanto repetirlo todo el mundo se lo ha creído: la crisis se combate reduciendo el gasto público, reduciendo el empleo en servicios públicos, restringiendo el crédito. Todos debemos aceptar sacrificios para permitir que los mercados (léase, los especuladores, quienes se han enriquecido con la crisis) sigan ganando cada vez más. Tienen que venir economistas de muy lejos a decirnos que este planteamiento es absurdo.

Frente a esta sumisión al dictado de los especuladores y sus mensajeros, hay que defender que el sistema ya no funciona y es preciso reiniciarlo.   Leer más

En el mes de septiembre se celebró en Madrid la tercera Equo-Universidad Verde de Verano. Entre otras actividades, desde el grupo de trabajo de Economía verde organizamos un taller denominado Transición a un sistema financiero justo y sostenible, en el que uno de los ponentes fue un asesor para asuntos financieros y monetarios del Grupo verde en el Parlamento Europeo (no se olvide que Equo es el referente en España del Partido verde europeo). Aproveché para preguntarle cómo veía la utilización que se había hecho en España de las permutas financieras... y no entendió el sentido de la pregunta hasta que le expliqué que se estuvieron colocando en forma masiva a consumidores y pymes. Quedó muy sorprendido y escandalizado por las mismas razones que vengo exponiendo en este blog y que venimos defendiendo en los Juzgados quienes demandamos la nulidad de estos instrumentos financieros: los swaps o permutas financieras son instrumentos de riesgo no adecuados para consumidores ni pymes, y por eso la normativa MiFID establece una serie de garantías previas a su comercialización que en la práctica deberían impedir que se suscribieran por personas ajenas a los mercados financieros. Quedamos en estudiar la posibilidad y oportunidad de presentar una pregunta en el Parlamento Europeo para que la Comisión se pronunciase sobre este escándalo abusivo de la banca española. A tal fin le envié una explicación de lo sucedido, la actuación contradictoria y a la postre de vergonzante apoyo a la banca del Banco de España; el informe del Defensor del Pueblo en que denuncia esta actuación del BdE; el Proyecto de Orden ministerial (ahora ya aprobada y publicada en el BOE) que pretende validar a posteriori la contratación de swaps con consumidores; el dictamen del Senado que denunciaba la práctica bancaria y pedía al Gobierno medidas de protección a las víctimas (petición incumplida por el Gobierno, en manifiesto desprecio a las reglas de la democracia representativa); incluso la petición de la Asociación Española de la Banca Privada al Tribunal de Defensa de la Competencia para que le autorizase el CMOF, petición en la que explicaba que los productos contemplados en él, por su propia naturaleza, nunca se utilizarían con consumidores, afirmación que pocos años después incumplió; le hablé también de la agrupación de afectados en una plataforma de la que luego surgieron una asociación de afectados y otra de pymes, y de la situación de los procedimientos judiciales, con un gran número de sentencias favorables pero también algunas en contra porque algunos jueces no están aplicando la normativa MiFID.   Leer más

En EQUO sí tenemos propuestas concretas para crear empleo y combatir el paro. A diferencia de los grandes partidos, que dicen que van a acabar contra el paro pero sin hacer una sola propuesta concreta (o con propuestas que más bien van en sentido contrario, como mandar al desempleo a funcionarios, docentes, sanitarios, investigadores...), EQUO presenta propuestas muy concretas, avaladas por organismos internacionales, gobiernos (sí, también Obama), economistas del mayor prestigio internacional y fundaciones o think tanks variados, entre los que destacan la New Economics Foundation,  y el Partido Verde Europeo. Aquí y aquí se recopilan estudios, publicaciones e información variada sobre el tema, incluyendo algunas previsiones sobre potencial de creación de empleo.

Estas propuestas no son el fruto de una noche de insomnio e iluminación sobrenatural, sino fruto del trabajo de los organismos, economistas y fundaciones a que antes he aludido, que ha formulado un modelo económico nuevo basado en la sostenibilidad ambiental, social y económica: el New Deal verde global; y vengo hablando de estos temas en este blog desde su arranque; véase la recopilación de artículos sobre el New Deal verde, sobre las propuestas de decrecimiento, sobre economía ecológica y la crítica al sistema de la burbuja del ladrillo que nos llevó a este desastre que hice en este artículo de junio de 2010, con remisiones a artículos que se remontan a junio de 2007.   Leer más

Los días 27 y 28 de octubre se han celebrado en La Coruña unas Jornadas sobre la contratación con consumidores de productos financieros, dirigidas por el Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña José Manuel Busto Lago y la profesora titular de la misma Universidad y área Natalia Álvarez Lata. Las Jornadas me han parecido muy interesantes, con ponencias de gran calidad y conferenciantes que presentaron visiones de la cuestión a tratar desde el punto de vista de las distintas partes implicadas. Los organizadores han tenido la amabilidad de invitarme para exponer el punto de vista de los consumidores y de las asociaciones que los representan en una mesa redonda presidida por el propio profesor Busto Lago y en la que también intervinieron representantes de los servicios jurídicos de dos entidades financieras.   Leer más

Sobre el Proyecto de Orden ministerial de transparencia y protección del cliente de servicios financieros

Hace ya algunas semanas se ha producido cierto revuelo, y mucha preocupación, entre los afectados por los swaps o permutas financieras de tipos de interés (o de inflación o del precio del combustible) por la revelación de que el Gobierno ha elaborado un Proyecto de Orden ministerial de transparencia y protección del cliente de servicios financieros que podría afectar a las acciones tendentes a lograr la nulidad de esas permutas. Quiero ahora aclarar el alcance legal que podría tener esa Orden, de llegar a aprobarse, y denunciar la torpe intención del Gobierno en el aspecto indicado y también en algún otro.

En primer lugar, hay que tener presente la jerarquía normativa: cuál es el rango de las diversas normas. La jerarquía entre los diferentes tipos de norma quiere decir que las normas de rango inferior no pueden contravenir las de rango superior; y si lo hicieran, puede impugnarse su validez directamente (recurso contencioso administrativo contra el R. Decreto u Orden ministerial, recurso de inconstitucionalidad contra leyes) o indirectamente (se recurre contra algún acto de aplicación de la norma que contraviene la de rango superior, amparándose en esta última, de forma que el juzgador declare la ilegalidad de aquella y rechace su aplicación).   Leer más