Blog de Consumerista

El Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Pamplona dictó sentencia el 14 de febrero de 2020 que estimó íntegramente una demanda por la que reclamaba la nulidad de la compra de participaciones preferentes emitidas por el Banco Popular en 2009.

El TJUE ha dictado la sentencia sobre el IRPH que cientos de miles de hipotecados esperaban, con la ilusión de que rectificase al Tribunal Supremo y permitiese anular la vinculación del tipo de interés de sus préstamos a este índice.

Por acuerdo adoptado el 6 de febrero de 2020, la mayoría de los magistrados de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Asturias ha decidido que va a desestimar las demandas en que se pide la nulidad de la compra de acciones del Banco Popular.

La alteración de la contabilidad del Banco Popular no se produjo de cara a la ampliación de capital de 2016, sino que viene del origen de la crisis económica: ya en el año 2008 había más de 2.000 millones de deterioros no contabilizados, según el informe del Banco de España.

La Audiencia Provincial de Asturias ha dictado dos nuevas sentencias que confirman la nulidad, ya acordada por el Juzgado de 1ª Instancia, del clausulado multidivisa de sendos préstamos hipotecarios concedidos por Bankinter.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 que declaró la nulidad de las cláusulas suelo pero limitando la obligación del Banco de devolver lo que hubiese cobrado en exceso a las cantidades posteriores a la fecha de esa sentencia, se puso en duda la validez de esta limitación...

Seguimos con la defensa de quienes tenían acciones y otros productos de capital del Banco Popular y antes del Banco Pastor; en otras entradas anteriores del blog ya di cuenta de algunos casos ganados de acciones en los Juzgados y en la Audiencia Provincial y de obligaciones subordinadas.

En la actualidad existen aún muchas ejecuciones judiciales en trámite en que se están aplicando cláusulas abusivas sin que el Juez haya tenido la posibilidad de anularlas.

El Tribunal Supremo dictó una sentencia de fecha 25 de octubre de 2019 por la que confirma la estimación de una demanda presentada por una asociación de consumidores y declara la nulidad por ser abusiva.

¿El art. 39.2 de la Ley 11/2015 impide que se pueda indemnizar a los titulares de acciones y otros productos de capital que los hubieran comprados confiando en una información sobre la situación financiera del emisor que se demuestre que no era veraz?

La sentencia del TJUE de 3 de octubre de 2019 resuelve cuatro cuestiones planteadas por un tribunal polaco a propósito de una hipoteca referenciada en una divisa extranjera de forma que su planteamiento y respuestas tienen interés en varios sentidos para la defensa de consumidores y usuarios.

En los años 2007 y 2008 varias entidades bancarias colocaron a numerosas personas que querían financiar la compra de vivienda, de locales u otras operaciones un préstamo multidivisa: habitualmente un préstamo en yenes, pero que también podía ser en francos suizos u otras divisas.

Las conclusiones que ha presentado el Abogado General en la cuestión prejudicial planteada ante el TJUE sobre el IRPH incluye varios pasajes y razonamientos que son muy relevantes para este caso y, en algún caso, también para la defensa de los consumidores en general.

Hace unos días comenté sucintamente la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2019 que declaró que no se puede dirigir una demanda de anulación de una compra de acciones en Bolsa contra el emisor (Bankia, en ese caso) de las acciones porque se trata de una operación compleja.

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia con fecha 2 de julio de 2019 que resuelve la demanda de indemnización de daños y perjuicios que presentó una sociedad que había comprado participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de Bancaja.