Zapata no aclara la contratación de su expareja como le obliga su código
Defiende que la confianza "no debe ser un valor sospechoso" pero no muestra los criterios que justifican la elección de Nuria Sánchez como asesora.
Hombre, ¿sabemos los criterios que justifican la elección de los cientos de asesores de la Moncloa?
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
Siguen empeñados en ir a por el mensajero ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar esos ataques a los derechos más elementales?
http://www.eldiario.es/politica/Catala-investigacion-revelacion-Reyes-empresario_0_493100854.html
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
El asunto púnica sigue adelante y el juez investiga 584 millones en obras de 0HL por la financiación ilegal del PP.
Me gustaría saber de dónde sale el dinero para pagar a los abogados del caso Noos. Lo digo porque, por lo poco que he visto, me perecen buenísimos, así que sus honorarios deben ser astronómicos.
La última "jugada" para tapar la boca a un testigo decisivo ha sido de "chapeau".
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
Besteiro renunciará a ser el candidato socialista a la Xunta
Varios dirigentes califican la decisión como «insuficiente» y piden su dimisión como secretario general
El candidato de Sánchez para Galicia ya suma 10 imputaciones
Entre los "gastos de dudosa legalidad": gafas, prótesis o instalación de DIU. "Es una persona honesta, tiene toda mi confianza", dijo Sánchez 24 horas antes.
El fiscal pide más de 119 años de cárcel para tres exdirigentes del PNV de Álava
Crearon una trama para adjudicar contratos y cobrar comisiones.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha citado a declarar en calidad de investigado al secretario general del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, por los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos.A Gómez Besteiro se le investiga en el marco de la denominada operación Pulpo por su etapa como presidente de la Diputación Provincial de Lugo y ha sido citado para el próximo día 11 de mayo, a las 10.30 horas. Besteiro ya está imputado por el mismo juzgado en otra causa judicial por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y contra la ordenación del territorio, por su etapa como concejal en Lugo.Entre los cargos sospechosos incluidos como "gastos sociales" que investiga ahora la juez Pilar de Lara figuran, entre otros, grandes viajes como un crucero por el Rhin o estancias en Disneyland París, la India, o Ámsterdam.
Sobre el particular, sin embargo, desde la Diputación de Lugo han aclarado este viernes que todos estos cargos son anteriores al año 2006, esto es, cuando el PP gobernaba la institución, pues el primer presidente socialista fue Gómez Besteiro en 2007.Al respecto, la Diputación asegura que se atribuyen al Gobierno de Gómez Besteiro (2007-2015) acciones de Francisco Cacharro, del PP (1983-2007), y recuerda que la partida "gasto social" a la que hace referencia la investigación judicial se basa en el Convenio Colectivo de Personal Laboral de 1990 y en el Acuerdo Marco del Personal Funcionario de 1991, ambos aprobados con mayoría absoluta del PP, como una partida para ayudas a funcionarios o hijos de funcionarios, que compensan gastos no cubiertos por la Seguridad Social, o ayudas para la compra da primera vivienda, guardería y estudios. Desde 2007 se han reducido. Reunión de la ejecutivaTras conocer su imputación, Gómez Besteiro ha convocado de urgencia para hoy sábado a la ejecutiva socialista para abordar su situación judicial, informa Europa Press.Además de Besteiro, deberán prestar declaración en calidad de investigadas otras seis personas, entre ellas, Raúl López López, el principal empresario del transporte de Galicia, propietario de la empresa Monbus y presidente del club de baloncesto Obradoiro de la Liga ACB. La juez instructora, le ha citado también el 11 de mayo para que declare como presunto autor de un delito de cohecho, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, fraude de subvenciones y uso de información privilegiada. Raúl López fue detenido en 2015 en una investigación policial por delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad, tráfico de influencias y cohecho y está actualmente en libertad bajo fianza de 20.000 euros. Denuncia de empleadasLa operación Pulpo, que se remonta al 11 de junio de 2013, investiga presuntas irregularidades relacionadas con la gestión del programa denominado KM0 de la Diputación de Lugo a raíz de una denuncia presentada por trabajadoras del mismo. Las empleadas también denunciaron al jefe del servicio de Protocolo, ahora entre los investigados, por acoso.La juez investiga si la Diputación incluía en los denominados "gastos sociales" cantidades de cuantioso importe, tanto de ayudas médicas como de viajes y comidas y otras prácticas como adjudicaciones presuntamente ilícitas para favorecer a grupos empresariales y otorgamientos supuestamente fraudulentos de subvenciones. Besteiro se declara "indefenso"Gómez Besteiro ha asegurado en la tarde de este viernes no tener ninguna información sobre el procedimiento en el que está siendo investigado, de modo que se encuentra ante una "inadmisible indefensión" que "lamenta". Asegura que en cuanto "disponga de algún dato" estará a disposición de los medios de comunicación y de la ciudadanía para aclarar todo lo que sea oportuno, pero, de momento, no puede dar "ningún tipo de explicación" porque "no tengo acceso a los motivos por los que la jueza me vuelve a llamar como investigado en esta ocasión".
El Parlamento ninguneado por Rajoy ¿A que siniestro hecho histórico me recuerda?
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/03/12/rajoy_traslada_control_gobierno_los_tribunales_46295_1012.html
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
Nuevo boicot al derecho de información:
http://www.eldiario.es/politica/Lopez-Madrid-difusion-eldiarioes-mensajes_0_493451751.html
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
Más puertas giratorias. En este caso un ex ministro del PP (qué raro).
http://www.eldiario.es/economia/Villar-Mir-expolitico-cazador-corrupcion_0_493451594.html
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
Besteiro renuncia a ser candidato del PSOE a la Xunta tras su nueva imputación
NATALIA PUGASantiago de Compostela
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Se mantiene como secretario general de los socialistas gallegos, puesto que ocupa desde 2013. Está investigado en dos causas judiciales en Lugo por diez delitos
El paso de los interventores ante la comisión de investigación que trata de dirimir responsabilidades políticas por el fraude de la formación ha sido clarificador. Han ratificado de manera detallada lo que ya pusieron en sus informes: el colosal descontrol y las graves irregularidades en la gestión de estas ayudas, bajo investigación judicial. EL MUNDO de Andalucía repasa algunos aspectos sobre los que estos funcionarios han arrojado luz.¿HUBO MENOSCABO DE FONDOS? La Junta y el PSOE tratan de minimizar la dimensión del escándalo de los cursos de formación con el argumento de que no hay menoscabo de fondos públicos. Y no lo hay, argumentan, por el hecho de que aún no ha prescrito el plazo para poder reclamar el reintegro del dinero en aquellos casos que han puesto de manifiesto los interventores provinciales en sus informes especiales sobre el periodo 2009-2012. Es el último mantra del Gobierno de Susana Díaz. Esta tesis la combatió el pasado lunes durante su comparecencia ante la comisión de investigación el interventor de Huelva, Miguel Ángel García, quien sostiene que la mera infracción de la ley -como es el caso- ya supone un daño y de ello se deriva responsabilidad contable. Es el único interventor que se ha expresado en estos términos, lo que le llevó a proponer a la Intervención General la emisión de un informe de actuación. El resto se ha abonado a la tesis de que, para que haya menoscabo, debe haber un daño real, individualizado y cuantificable económicamente. Y mientras no hayan pasado cuatro años hay tiempo para reclamar ese dinero.¿Y LAS AYUDAS DE 2002-2008? Los expedientes de reintegro que ha puesto en marcha la Junta tras las graves irregularidades detectadas por los interventores provinciales corresponden a ayudas concedidas exclusivamente entre los años 2009 y 2012, el periodo objeto de control especial. Las subvenciones concedidas con anterioridad habrían prescrito ya, debido al tiempo transcurrido. La Administración dispone de cuatro años, a contar desde la finalización del plazo de justificación, para iniciar un expediente de reintegro. «Estamos ya en 2016...», contestó el interventor de Córdoba, Antonio Escudero, cuando el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe le preguntó si se podría recuperar aún fondos relativos a las ayudas anteriores a 2009. «Lo veo complicado», zanjó.LA MUESTRA... Y EL UNIVERSO La cantidad de irregularidades constatadas en la muestra de expedientes de ayudas correspondientes al periodo 2009-2012 ha llevado a algunos interventores a defender la conveniencia de que se amplíe la revisión de las cuentas justificativas de todas las subvenciones, no sólo las incluidas en la muestra (una minúscula cantidad respecto a las otorgadas). Así lo expuso el titular de la Intervención provincial de Málaga, Juan José Delgado, quien advirtió de que ello requeriría un «ingente volumen de personal» en las intervenciones del que no se dispone. También lo había dejado escrito el interventor de Huelva en su informe, emitido en junio de 2014: «La importancia de las debilidades puestas de manifiesto en la gestión de los procedimientos a través de la muestra analizada aconsejan estas recomendaciones a la totalidad de los expedientes tramitados durante el periodo controlado en aras de resarcir a la Hacienda de la Junta de Andalucía del posible quebranto económico producido».¿CERTIFICACIÓN REAL? Ha quedado al descubierto que muchos de los certificados que emitió la Junta ante la Intervención acreditando que el beneficiario de la ayuda había destinado el dinero al fin para el que se concedió -trámite necesario para que se pudiera pagar el 25 por ciento restante- presentaban serias debilidades, lo que arroja dudas sobre el resto de subvenciones a las que los interventores no le han puesto la lupa al no formar parte de la muestra analizada. «¿Podrían funcionar esos certificados, al descubrirse cuando han hecho el informe que no se corresponde con la realidad, como un engaño a la Intervención?», lanzó sin rodeos la parlamentaria de IU Elena Cortés al interventor de Málaga. «No lo sé, no tengo opinión», dijo.INFORMES DE AUDITORES Han sido recurrentes las preguntas de los comisionados a los comparecientes sobre el papel de los auditores en el control de estas ayudas. La orden de 23 de octubre de 2009 por la que se regulaba la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía y se establecían las bases reguladoras para la concesión de subvenciones establecía que el beneficiario estaba obligado a presentar una cuenta justificativa de la ayuda con aportación de un informe de auditor de cuentas, gasto que se podía imputar a la ayuda. En sus informes, los interventores son muy críticos con la labor realizada por los auditores y cuestionan abiertamente la rigurosidad de sus trabajos, de los que llegan a decir que se limitan a ajustarse «a los parámetros de la subvención para que el beneficiario cumplan con las normas establecidas». En pocos casos constataron, por ejemplo, el cumplimiento de contratación de los alumnos tras el desarrollo de las acciones formativas cuando era una obligación del beneficiario. ¿Pudieron haber activado las alarmas o, con la información que tenían, era imposible detectar irregularidades? INFORMES DE INSERCIÓN Entre los reproches que han realizado a la Junta se incluye que no elaborara informes para determinar qué eficacia tuvieron los cursos a la hora de propiciar la inserción laboral de los alumnos. Esos informes no aparecen en los expedientes administrativos fiscalizados, según han puesto de manifiesto los interventores. Los diputados del PSOE aseguran tener pantallazos que acreditan que se hizo ese seguimiento.EXCEPTUACIONES En los interrogatorios a los interventores han salido también a relucir las exceptuaciones excepcionales masivas que firmaron al menos cuatro consejeros por las que se eximió a cientos de entidades a justificar en plazo las ayudas concedidas y poder recibir otras con posterioridad. Para el interventor de Córdoba, el órgano gestor aplicó «incorrectamente» el artículo 124.1 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en ayudas de 2012.FALTA DE MEDIOS Si ha habido un reproche común entre los comparecientes ha sido el de la falta de medios materiales y humanos existente en las intervenciones provinciales, que vieron incrementadas de forma notable sus cargas de trabajo cuando se les pidió la realización del informe especial sobre las subvenciones en formación profesional para el empleo a raíz de las importantes irregularidades que habían puesto de manifiesto los distintos informes provinciales de control financiero permanente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) correspondiente a 2012. Todos han coincidido en la falta de cualificación técnica de muchos de los funcionarios adscritos para desarrollar la tarea encomendada.VINCULACIONES SOCIETARIAS Han sido numerosos los casos en los que se ha detectado vinculaciones entre beneficiarios y algunos proveedores de bienes y servicios necesarios para las actividades subvencionadas. No es algo ilegal cuando se solicita la correspondiente autorización y apenas hay rastro de que ello haya sucedido. La Junta no lo detectó, sí los interventores.PAPEL DEL PSOE No está pasando desapercibido cómo los diputados del PSOE se están desenvolviendo en la comisión de investigación, hasta el punto de que un interventor llegó a decirle al parlamentario Rodrigo Sánchez que parecía más interesado en defender los intereses de las entidades beneficiarias que el de la Administración en su intento de recuperar el dinero desviado. También hubo risotadas en la sala de comisiones a raíz de que el mismo diputado, pese al rosario de irregularidades que los interventores iban exponiendo, preguntó a un compareciente si pudo haber un «exceso de rigor» por parte del órgano gestor con las facturas.«IRSE DE ROSITAS» La frase corresponde al interventor de Granada Miguel Gutiérrez, que la pronunció cuando lo interrogaba la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet. Vino a decir que no sólo debe exigirse la responsabilidad a los beneficiarios de las ayudas, sino que la Junta tampoco puede «irse de rositas». Los primeros tienen «nombre y apellidos» pero la Administración «es una cosa muy abstracta», añadió. El de Córdoba, por su parte, también ha defendido que la Junta tendría que haber tenido una actuación «más proactiva» para averigurar si los beneficios dedicaron íntegramente el dinero recibido a la acción subvencionada.
Sánchez cierra en falso el «caso Besteiro» para salvar su pacto con C’s
El PSOE le aparta como candidato a la Xunta, pero le mantiene como secretario general del partido en Galicia. Barones y dirigentes socialistas demandan más «contundencia» y «ejemplaridad» en la actuación