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El miércoles hubo dos anuncios del gobierno que en teoría trataban de solucionar dos problemas de la situación actual. El propio miércoles ya traté de explicar que la letra pequeña imponía penalidades a todo el mundo y beneficios a la banca. (como siempre). Desde luego está claro que el gobierno sabe perfectamente lo que hace y además (al contrario de lo que opina tanto Francisco González de BBVA y Luis de Guindos), sabe que eso no le va a gustar a la sociedad. ¿Por qué mienten a la sociedad si estuviesen convencidos de que la sociedad lo aprobaría o de que es bueno?. Está claro que el mero hecho de intentar mentir es prueba más que suficiente de lo que opinan de unas medidas. ¿O es que alguien trata de ocultar aquello que cree que va a gustar y servir?.

El caso es que, de la misma forma que en las otras reformas, tras unos discursos grandilocuentes, (en los que se anticipa un mínimo del perjuicio de las decisiones tomadas), luego nos vamos enterando de los aspectos reales de las reformas. Respecto a la propuesta para que las administraciones públicas paguen a los proveedores, resulta que tenemos todo lo que he comentado en el post del miércoles y además nos encontramos en medio de la referencia con la posibilidad de una quita (por supuesto voluntaria). El miércoles cuando se anunció el plan se afirmaba que se trataba de solucionar la deuda completa. Sin embargo, era muy previsible, (lo comenté el propio miércoles), que hubiese algún tipo de restricción a las operaciones financieras, por lo que además de una situación en la que el estado se endeuda más, para prestar dinero a aquellos a los que debe, de forma que paga intereses por la parte de deuda que no pagaba y que los acreedores del estado pagan intereses también, nos encontrábamos con el poder de las entidades; en el post recogía:

Para el resto de los efectos queda pendiente la letra pequeña de la medida, pero es más que previsible, que se siga el mismo criterio que se sigue con el resto de préstamos ICO donde el banco tiene capacidad para decidir cuáles son los criterios de la concesión y por tanto a quien se conceden estos fondos, sobre todo en caso de que existan restricciones financieras. Es decir, si no se cubren todas las operaciones, (como viene siendo habitual), el banco elige de forma que obtiene un poder de negociación adicional con fondos públicos, y la posibilidad habitual de trasladar riesgos al erario público en función de las características de las operaciones

Pues el primer efecto de esta situación ya lo podemos comprobar y en definitiva nos encontramos con una situación en la que para comenzar las empresas van a subastar sus derechos de cobro. En todo caso tenemos que tener en cuenta que esta es la primera conclusión de un procedimiento que aún no conocemos, de tal forma que aún no se refiere exactamente a los efectos que estimaba (y por supuesto sigo estimando previsibles).

A esta situación hemos llegado por un desequilibrio radical en las relaciones, de tal forma que las leyes no se usan para tratar de hacer sostenible la forma de organización o para tratar de equilibrar los distintos mercados. Existe una gran diferencia entre usar las leyes para equilibrar los poderes de negociación entre agentes económicos con distinto peso, (estado- empresas, estado- contribuyentes, empresas-trabajadores, empresas-consumidores.. y todos con los bancos), o usar las leyes para profundizar en las diferencias entre los distintos sectores.

Cualquier ley será buena si trata de corregir estos excesos, y será manifiestamente desastrosa si, como en el caso, lo que se trata es de evitar salidas a una de las partes en una situación en la que esta parte tiene nulas o escasas salidas.

Por descontado, con el ánimo de equilibrar no llega, sino que se necesita también que las decisiones vayan sobre el fondo de la cuestión. Nada actúa esta ley sobre las causas que llevan a una situación en la que se deba a proveedores privados tal cantidad de dinero, y de hecho nadie se plantea en serio como es posible que este problema exista. ¿Por qué a estas alturas del partido absolutamente nadie cuestiona las gestiones privadas, las contratas y demás como mejor sistema?. Razones hay muchas y muy variadas, para encontrarnos en una situación en la que nos encontramos ideas como las de Ana Botella proponiendo que determinadas cosas se hagan mediante voluntarios, (o mediante desempleados como aparece en la reforma laboral). Sin embargo se han ocupado perfectamente de delimitar estas actuaciones a determinadas actividades  y dejando fuera otras. Por ejemplo, nos dicen que si se pueden gestionar las bibliotecas con voluntarios, pero que temas como limpieza no. ¿Por qué?. Pues piensen en lo que puede estar pensando un bibliotecario cuando lee que su trabajo lo van a hacer voluntarios y el alivio de las grandes concesionarias (y a pesar de esto defensoras del libre mercado), cuando comprueban que no van a tocar su negocio. ¿no se ve claramente la distinta vara de medir y el uso de la norma (en este caso en grado de tentativa por ahora) para exagerar situaciones de poder distintas?.

En el ejemplo actual, y esperando por la letra pequeña de quien decide la atribución de fondos, lo que tenemos claro es que resulta que el tamaño de la quita, (y por tanto el perjuicio) a cada uno dependerá de su poder y de su situación. ¿Quién asumirá quitas mayores?, ¿el que tenga acceso a financiación como los grandes o los pequeños?. ¿el que es rescatado por tener concesiones o el que no?...

 

 

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  1. #6
    29/02/12 04:04

    Para entender el desaguisado, hágase el lector la misma pregunta que todos hacemos al leer una novela policíaca: Cui prodest? ¿A quién beneficia? No es verdad que se haya tirado el dinero. Algunos sabían muy bien para dónde iba. Con todo, la principal ganadora del boom de la construcción, estimulado sin escrúpulo alguno por los que mandan, ha sido la recaudación de impuestos. Ya saben, “Hacienda somos todos”. Aunque algunos más que otros.
    Luego vienen los particulares. Con tanta nueva infraestructura, muchos se han llenado los bolsillos y otros muchos han encontrado puestos de trabajo, de por vida que no sirven para nada. Construyendo, financiando, administrando y, sobre todo, gobernando. Algunos deben responder ante la Justicia. Otros han gozado, legalmente, de cargos, dietas, viajes, coches oficiales, fondos de pensiones astronómicos y todo tipo de prebendas. A veces, por duplicado, por triplicado, etcétera. Los más listos tienen ya sus ahorrillos en “paradero desconocido”. Los otros, pues ya se sabe, como reza el refrán, “un tonto y su dinero se separan pronto”.

    Si el nuevo Gobierno no nos saca de apuros, pues se elige otro
    ¿La cosa tiene remedio? Sí. Los reaccionarios —siempre los hay, aunque, a veces, muy bien disfrazados— dicen, como san Ignacio de Loyola, “en tiempos de aflicción no hacer mudanza”. Pues resulta que debe ser exactamente al revés. Hay que hacer toda clase de mudanzas. Habrá que apretarse mucho el cinturón. Y pagar las deudas. Y gastar solo en lo que tenga retornos seguros. Y acabar con las subastas a por el voto del personal. Y crear un verdadero mercado de trabajo. Y reformar a fondo el sistema financiero. Y cumplir con la palabra dada. Los gobernantes deben estar sujetos al Código Penal. Las instituciones deben ser transparentes y absolutamente fiables.
    Keynes se murió hace tiempo, en 1946. En una economía absolutamente abierta, como la España de hoy, las recetas keynesianas son inaplicables. Aumentar la demanda interna, como recomiendan algunos sabios (¡de izquierdas!), solo traería un aumento extraordinario de las importaciones —sobre todo de China y de Alemania, o de...—, más déficit exterior, más déficit público y, como escribía el poeta Fernando Pessoa, una ruina peor.

    La única solución es la mejora de la productividad con reformas estructurales.

    Hay que acabar con los abusos y las disfunciones. Poner fin al despilfarro de recursos en la Sanidad, exigir algún copago para que la gente no se piense que ir al médico es como ir al café a jugar al dominó, introducir precios reales —o, por lo menos, un poco realistas— en la enseñanza superior y becas para quienes se las ganen, penalizar el absentismo de quienes todavía tienen trabajo, poner peajes a diestro y siniestro, dar fin al gasto suntuario y electoralista en materia de inversiones. No se puede construir un puerto de mar en todas las capitales de provincia por la monserga de la equidad territorial.
    Hay que arrimar el hombro y asumir las medidas de quienes tienen ahora la responsabilidad de sacarnos del pozo, aun si no nos gustan. No hay otro remedio. De no hacerlo así, al presidente Rajoy, los mercados, el Fondo Monetario Internacional y la señora Merkel, en tres o cuatro meses, le pondrán en la calle. Si este nuevo Gobierno no logra sacarnos de apuros, pues se elige otro. Felizmente, para eso sirve la democracia.
    La receta no es muy difícil, aunque la medicina será muy amarga. Pero lo sucedido no debe repetirse jamás.

    Jordi Maluquer de Motes es catedrático de Historia Económica en la Universitat Autònoma de Barcelona.
    http://economia.elpais.com/economia/2012/02/17/actualidad/1329491637_532783.html

  2. #5
    29/02/12 04:01

    800 dias en cobrar, no pago de intereses, y quita de 3-5 % VS Pymes si no pagan S.social - HP -Ayun a su dia, embargo de cuentas y 5-20 % en recargos...el pais de las maravillas

    Pymes no pueden competir porque no pueden cargar en factura los retrasos que saben que tendran, que las grandes si pueden financiar a mas de 120 dias...

    mientras empresas ahora pierden proyectos por falta de financiacion

  3. en respuesta a Abarat
    -
    Top 100
    #4
    28/02/12 21:51

    muchos, pero incluso en el caso de que no existiesen chanchullos hemos estado en una discusión erronea. No se trata de si la empresa privada es capaz de hacer más barato lo mismo, (sobre todo cuando la diferencia es bajar sueldos o precarizar). Se trata de como nos sale más barato a los contribuyentes y sobre todo mejor.

    Se trata en definitiva de entender que hay cosas que debe hacer el sector público con unos criterios y otras que debe hacer el sector privado. Lamentablemente esto se ha confundido mucho.

    pero en todo caso, lo que hay que hacer es cambiar las cosas, y cumplir los compromisos, no incumplir los compromisos para dejar las cosas como están...

  4. en respuesta a Abarat
    -
    #3
    26/02/12 23:55
    Pero, pregunta, ¿cuantos de esos proveedores cuyos servicios ofrecían a la administración, en teoría, por haber ganado una licitación de un servicio a una administración, lo habían ganado por méritos propios y no chanchullos?. De no haberlo ganado "honradamente", ¿inflaban sus prepuestos?
    Puede que determinades empresas de cierto tamaño hayan actuado como tú describes. Sin embargo, te voy a hablar de una multitud de autónomos que han estado prestando servicios y suministrando bienes a ayuntamientos y entidades locales, ajustando precios porque la competencia es feroz, y llevan más de un año sin cobrar. Un año durante el cual en muchas ocasiones, por culpa precisamente de la falta de liquidez (ni cobran ni tienen financiación) han incumplido plazos y obligaciones tributarias y con la Seg. Social. Ni te cuento lo que pueden haber tenido que "tragar" en recargos, moras y sanciones por parte de esa Administración morosa. Por no hablar de los que han sido embargados. Como para que ahora, además, todavía tengan que aplicar quitas. Esto es un auténtico insulto, una burla.
  5. #2
    26/02/12 21:43

    Ciertamente, el juego de leyes que estamos teniendo que, mas que un estado de derecho, ésto parece un casino de derecho, no hace mucho por fomentar la confianza entre agentes. Quizás sí a los inversores extranjeros, pues el mensaje es claro, nos estrujarán, quebrarán y empobrecerán todo lo que sea necesario, que los grandes inversores (no vamos a entrar en los pequeños) cobrarán todo su dinero y los intereses prometidos (imaginate, sacar provecho de un momento de alta incertidumbre y esperar que asuman pérdidas, vergüenza de capitalismo moderno, ironic mode on). Sin embargo, a los inversores, consumidores y trabajadores, están destrozando su confianza, pues el mensaje es igualmente claro, primero, todos los demás, y después el español.

    Sin embargo, hay una cosa. En los estudios en busca de la eficiencia del sector público, la línea entre gestión eficiente, moral e igualdad, es muy delgada e inestable (¿es más moral subvencionar a una persona que no tiene suficientes recursos para permitirse una vida digna o subvencionar a un persona que tiene una idea de negocio que, puede mostrarse estable, y permitirle a él y a otros poder llevar una vida digna?). En fin, que me despisto, los proveedores dispuestos a asumir pérdidas. Pero, pregunta, ¿cuantos de esos proveedores cuyos servicios ofrecían a la administración, en teoría, por haber ganado una licitación de un servicio a una administración, lo habían ganado por méritos propios y no chanchullos?. De no haberlo ganado "honradamente", ¿inflaban sus prepuestos? (total es la administración, tiene mucho dinero). Supongamos que no los inflaron, la gente tiende a confundir la longitud del brazo de la administración, y piensa que cualquier empresa pública, por ser pública, es el Estado el que las avala, y en muchos caso no es así. Si una empresa privada, no puede pagar, los proveedores se pondrán a la cola en el correspondiente concurso acreedores. El estado no es avalista en última instancia de todas y cada una de las empresas públicas que CC.AAs y ayuntamientos han creado durante estos últimos 10 años. Que recibieran subvenciones no las hace públicas.


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