¿Cuál es el plazo de prescripción fiscal? Tanto en obligaciones como en derechos frente la Agencia Tributaria exige un plazo de 4 años antes de la prescripción fiscal, tal como indica la Ley General Tributaria (LGT) en el artículo 66, existen una serie de derechos administrativos que prescribirán a los cuatro años.
- El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. Este quedará prescrito a los 4 años, a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.
- El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas. Plazo de 4 años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período voluntario.
- El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. En este caso el plazo de 4 años comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado.Se prevé que en el caso de que existan distintos tributos sobre una misma operación y que las mismas sean incompatibles, el plazo de prescripción comenzará a contarse desde la resolución del órgano específicamente previsto para dirimir el tributo procedente.
- El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. En este caso el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías.
La interrupción de la prescripción fiscal
Se prevén diversos motivos que suponen la interrupción de este plazo:
- Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, sobre la obligación tributaria o su cobro. Esto es, por toda acción de la administración conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación, aun cuando la acción se inició sobre otra obligación tributaria.
- Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, como denuncias por delito fiscal.
- Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria, a la devolución correspondiente, a exigir el pago, o por cualquier actuación de Hacienda para efectuar la devolución o el reembolso.
- Por la declaración de concurso de acreedores.
Producida la interrupción, la prescripción volverá a iniciarse con el cómputo de cuatro años. Salvo en los casos de interrupción producida por la interposición de recurso contencioso-administrativo, o por acciones civiles o penales, así como la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal o por la recepción de un comunicado de paralización del procedimiento, donde el computo se iniciará de nuevo cuando la Administración tributaria reciba la notificación de la resolución firme que ponga final al proceso judicial o que levante la paralización, o cuando se reciba la notificación del Ministerio Fiscal devolviendo el expediente.
Además, si estas actuaciones se realizan en otro Estado en el marco de la asistencia mutua, tendrán efecto interruptivo, aun cuando dichos actos no produzcan efectos interruptivos semejantes en el Estado en el que se materialicen dichas actuaciones.
Dicha interrupción tiene diferentes efectos en función del tipo de responsabilidad. Así, si esta es solidaria, la interrupción afectará a todos ellos, pero si se trata de una obligación mancomunada sólo verá interrumpido el plazo la parte afectada. Del mismo modo, si sobre un solo contribuyente recaen varias obligaciones tributarias, la interrupción solo afectara a la deuda referida.
¿Qué efectos tiene la prescripción fiscal?
Esta se aplicará de oficio, por lo que no será necesario solicitarla a la Administración. Su principal efecto es la extinción de la deuda tributaria.
En cuanto a las obligaciones formales, como regla general aquellas obligaciones formales vinculadas a otras obligaciones tributarias del propio obligado sólo podrán exigirse mientras no haya expirado el plazo de prescripción del derecho para determinarlas. Pero en el caso de la obligación de justificar la procedencia de los datos originados por operaciones realizadas en periodos impositivos prescritos se mantendrá durante el plazo de prescripción del derecho para determinar las deudas tributarias afectadas por la operación correspondiente.
