y la gente esperando año y medio para que le operen ...
La Generalitat aumenta en un 107 por ciento la partida para sus 'embajadas'
Tras el incremento presupuestario, Romeva asegura que «estamos construyendo un ministerio de una nueva república»
Te recuerdo que estamos preparando un nuevo país. Luego cuando quieras irte a Catalunya...bien que buscarás la embajadita catalana más cercana para que te demos un visado. Si es que...
ja ja ja pero te lo crees ...si no mueven nada ya hasta los de la CUP me decepcionan ....donde esta la sublevación contra el estado español??? lo dicho sois unos flojos mucho bla bla bla pero no haceis nada.
aaaaa y a pedir dinero a papa estado...dais pena lo siento por el 50% de españoles que viven en cataluña que tienen que soportar carencias por las utopias de unos cuantos....saludos
Imagen insólita la de un millar de policías manifestándose en Barcelona. Miembros de los Mossos d’Esquadra, de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) y de otros cuerpos de seguridad municipales, del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de la Guardia Civil se han concentrado en la plaza de la Universitat este martes para marchar hasta Sant Jaume en denuncia por la situación de "desprotección" que, según aseguran los sindicatos, viven diariamente los agentes en la calle.
Un ataúd en el que simbólicamente estaba enterrada la "dignidad policial" ha encabezado la protesta. Detrás, los agentes, debidamente vestidos de negro; de luto. Como única banda sonora, al margen de los petardos, la marcha fúnebre y, por unos minutos, la canción 'Only time' de Enya. La protesta la ha convocado una plataforma profesional creada en noviembre e integrada por los sindicatos USPAC, SPC, CAT, SIAT-AREA V.A., SIPEPOL y EUSPEL.
Un millar de policías se manifiestan contra la "desprotección" política y judicial
FERRAN NADEU
Manifestación policial por las calles de Barcelona, este martes.
David Miquel, portavoz de este colectivo y del SPC, ha denunciado la "falta de apoyo institucional y judicial", lo que genera que los policías se sientan "desamparados". "Esta es una manifestación contra todo el que puede hacer algo para cambiar esta situación. Nosotros no romperemos escaparates ni quemaremos contenedores, como hacen otros".
SINDICATOS AUSENTES
Preguntado por los dos sindicatos con mayor representación en los Mossos y ausentes en la protesta (SAP y SME), Miquel ha asegurado no compartir las dudas de estos compañeros, que alegaron, entre otras cuestiones, razones de seguridad, por lo goloso que puede resultar que tantos agentes estén en un mismo lugar. "Estamos en nivel cuatro de alerta terrorista, así que cada día, con solo salir a la calle, ya nos estamos jugando la vida", ha respondido.
La mecha 'cupaire'
Los concejales 'cupaires' en el Ayuntamiento de Barcelona denunciaron el viernes que uno de sus ediles, Josep Garganté, aparecía en una de las pancartas que los policías preparaban para la protesta de este martes. "Consideramos inadmisible esta manifestación, en la que sindicatos defienden la impunidad policial. Lucharemos contra los abusos policiales y por la defensa de los derechos humanos", aseguraron en su comparecencia. La portavoz de la CUP, Anna Gabriel, remató: "La manifestación del 17 de enero es una amenaza, no a la izquierda independentista, sino a la sociedad democrática".
Josep Miquel Milagros, del sindicato USPAC, ha reclamado a los representantes políticos que dejen de utilizar a los policías como "herramienta electoral". "Queremos dejar claro a los partidos, sean del color que sean, que queremos recuperar nuestra dignidad". Eso se consigue, a su modo de ver, con respeto, y no convirtiendo a la policía "en moneda de cambio para aprobar unos presupuestos".
Milagros ha negado que la manifestación haya sido contra la CUP. De hecho, no se ha escuchado en las dos horas de protesta un solo lema en contra de la formación antisistema, aunque sería ingenuo no intuir el recelo hacia esta formación. Sí ha dicho, sin embargo, que el "odio" de los 'cupaires' a los cuerpos de seguridad les desprestigia.
PROBLEMAS SIMILARES
La portavoz del CAT, Gemma Avilés, explica que los problemas con los que los agentes están topando se parecen mucho entre sí independientemente del cuerpo de seguridad al que pertenezcan y del rincón de España al que hayan sido destinados. Por eso se creó "una plataforma profesional" hace dos meses durante una reunión en la que se redactó un manifiesto de seis puntos que esta tarde han defendido durante la concentración.
En el seno de los Mossos disgustó, por ejemplo, que recientemente hiciera falta una recolecta solidaria para reunir los 39.000 euros que un agente tenía que pagar a un hombre al que rompió un brazo durante un arresto por conducción temeraria. Y se acentuó el malestar tras el atropello del mes pasado en Rubí y la posterior puesta en libertad -por decisión de la cúpula policial- del vecino que había embestido gravemente a un mosso que pretendía identifica
Tienes toda la razón...por cierto hablando de "la razón"...esto de poner a Catalunya en minúscula... no se puede considerar una simple falta de ortografía. Más bien es una declaración de intenciones que otra cosa.
preguntale a puigdemont que creo ha tenido varias faltas de ortografía ... de todas formas el texto de La Razon pone a rajoy con mayúscula ...normal mariano es único je je
En la La “resolució” para declarar la independència ya hay confusiones con mayúsculas y minúsculas. Redactada en nuestro Parlamento Autonómico:
bueno pero no tiene importancia como el proceso a la independencia es una utopía!!!
El trilingüismo en la escuela "tiene una intencionalidad uniformadora y centralizadora, siempre en detrimento del gallego, el vasco, el catalán, el aranés, el asturiano y el aragonés, cosa que no nos dejaremos imponer". Este es uno de los puntos del "Manifiesto de Sitges por las lenguas propias", un documento suscrito por el sindicato nacionalista catalán de profesores USTEC y sus correlatos en el País Vasco, Galicia, Baleares y Valencia.
Según estos profesores, reunidos bajo el auspicio de la Diputación de Barcelona, "el aprendizaje de una lengua extranjera es un objetivo compartido, pero no se pueden manipular las expectativas sociales sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras con el objetivo de reducir el espacio de las lenguas propias que todavía no están normalizadas".
La "cumbre" se llevó a cabo los pasados viernes y sábado en Sitges y contaron con la presencia entre el público de miembros de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) que cuestionaron el supuesto "acoso" al catalán cuando es lengua vehicular en detrimento del español y se mostraron partidarios de la introducción de una lengua extranjera en la enseñanza. Las respuestas de los organizadores de las jornadas no se ciñeron en ningún caso a criterios pedagógicos. Primaba la política, la construcción nacional no sólo de Cataluña y los "países catalanes", sino también del País Vasco y Galicia.
Intervención disidente de la AEB
La dirigente de la AEB Ana Losada pidió la palabra para exponer que "estoy muy sorprendida porque se considera el catalán una lengua asediada cuando es la lengua vehicular en la enseñanza" y "son las personas quienes tienen derechos, no las lenguas", lo que levantó murmullos entre la concurrencia. La respuesta de uno de los ponentes fue que "los padres que no aceptan la inmersión es porque no confían en el criterio de los profesores" y que "el castellano y el catalán se aprenden igual a pesar del desequilibrio de horas de enseñanza en una u otro lengua".
En cuanto a los padres que han solicitado la enseñanza en español en Cataluña, el mismo representante de la USTEC afirmó que "cuando consiguen el auto del TSJC renuncian y se arrepienten porque se dan cuenta de lo que han hecho". Obvió las presiones, manifestaciones a las puertas de los colegios y el acoso que sufren las familias y que fueron denunciadas en el parlamento europeo.
El representante sindical valenciano abundó en que "el castellano no necesita tantas horas para su aprendizaje porque los niños están rodeados de castellano" y el vasco mostró su "sana envidia" por la extensión del catalán y la "cohesión social y nacional" que ello implica.
"Oligolingüismo"
Uno de los intervinientes de más prestigio en las jornadas fue el doctor de filología catalana Lluís de Yzaguirre, experto en "ingeniería lingüística" y profesor de la "Universitat Pompeu Fabra", quien denunció que "el Estado Español no protege ni el catalán, ni el vasco ni el gallego, que se deberían enseñar en toda España". Además, aseguró que "ya sé que el inglés es la lengua litúrgica del imperio capitalista, pero tenemos ahora la gran suerte de trescientas lenguas aquí (en Cataluña) y para encontrar trabajo el inglés es importante, pero es mucho más útil saber chino, árabe o incluso ruso. Que una sociedad sepa tres lenguas, que eso es lo que yo llamo oligolingüismo, es una sociedad pobre porque debería saber cuarenta o cincuenta. Necesitamos que la primera generación de la escuela de la república sepa catalán y chino".
Colonialismo y resistencia misquita
También advirtió de que "los españoles tienen clarísimo que la recuperación de la lengua va asociada a la recuperación de la conciencia nacional. Por tanto (a los compañeros vascos y gallegos), nuestra independencia os traerá problemas". Por último, De Yzaguirre alertó de la "colaboración de compañeros nuestros con el colonialismo español, que no ha logrado imponer su idioma en quinientos años en la Región de los Misquitos y que con un falso llamamiento al internacionalismo se estén convirtiendo en misioneros del español con campañas de alfabetización en castellano. El castellano está llegando a regiones a las que nunca había llegado y eso nos debería hacer pensar".
por solicitud de unos miembros del foro pongo articulo del Sr.Planas (amigo de serra y jaumes)
Con cierta frecuencia se alude a las consecuencias que pueda tener entre los nacionalistas catalanes el incumplimiento de sus expectativas y la frustración consiguiente. La mayoría de los políticos partidarios de la independencia, en cambio, ni se plantean la cuestión. Ya sea por convencimiento o disimulo, el fracaso no consta en su diccionario y si no es hoy, será mañana, pero Cataluña dejará de ser España a no mucho tardar.
En principio, y dadas las circunstancias, lo más que puede pasar es la repetición del referéndum del 9 de noviembre de 2014 y la inmediata convocatoria de unas elecciones autonómicas que se proclamarían constituyentes por parte de los nacionalistas. En el mejor de los supuestos para el bloque separatista, la participación en la consulta no pasaría de la mitad del censo, por mucho que se presuma que un ochenta por ciento de los electores es partidario de votar sobre el particular.
Este porcentaje, alumbrado por las encuestas de la Generalidad, no ha variado desde el antedicho 9-N. En aquella ocasión, y según la Administración autonómica, participaron 2.305.290 personas, mayores de 16 años incluidos. El censo, como las urnas, era de cartón, por lo que fue imposible dar un dato de participación exacto. La referencia más próxima es que en las elecciones autonómicas de un año después, las del 27 de septiembre de 2015, 5.510.798 de ciudadanos mayores de 18 años tenían derecho a votar en Cataluña. En el referéndum de Mas, la república catalana ganó de calle, con el voto a favor del 80,76 por ciento, 1.861.753 personas según la organización.
Con estos antecedentes, y en caso de que no se anticipen las autonómicas, no parece aventurado colegir que el próximo evento referenderario constituirá a la vez una gran victoria del sí a la independencia y un gran fracaso de participación. No obstante, el separatismo se caracteriza por su maestría en la reinterpretación de los hechos y la multiplicación de los manifestantes, dándose el caso de que un metro cuadrado en el que caben apretados cinco individuos es capaz de albergar a cuarenta sujetos si se trata de independentistas. Y lo mismo puede ocurrir con los votantes. Garantías democráticas al margen, el propósito de Carles Puigdemont es tan descabellado como el de su antecesor, carece de la más mínima legitimidad y sobrepasa el absurdo.
Sin embargo, la vaina del procés lleva determinando la actualidad política desde hace un lustro, con lo que ello significa de desgaste institucional, crisis económica, inseguridad jurídica, inestabilidad política y fractura social. Entre tanto, el separatismo consolida posiciones y trata de avanzar sin pausa. Sus promotores aplican un programa de agitación permanente, intensifican la manipulación mediática, la inmersión lingüística y el adoctrinamiento en las escuela, todo ello con el discurso del odio a España como argamasa.
Un viaje del president a Bruselas para hablar en el casal de la embajada se convierte en un desplazamiento de alto nivel para dar un discurso ante el Parlamento Europeo. Los profesores nacionalistas catalanes conciertan planes con sus colegas del País Vasco, Galicia, Baleares y Valencia para consolidar la erradicación del español y extenderla a otras comunidades y admiten sin ambages que no se trata de enseñar idiomas sino de crear "conciencia nacional". Y Puigdemont, en un alarde de dejación de funciones, se abstiene de acudir a la reunión de presidentes autonómicos en la que se dilucida nada menos que la financiación de las Administraciones regionales.
Es cierto que aún no han transcurrido cien días desde el comienzo de la operación Diálogo, pero, visto el panorama, la aplicación del artículo 155 de la Constitución empieza a oscilar entre lo urgente y la oportunidad perdida. Lamentablemente, Rajoy es el autor de la frase "A veces, lo más urgente es no hacer nada".
La Audiencia de Barcelona juzga desde hoy y hasta el 28 de febrero al expresidente de la Fundació Catalunya i Territori, afín a Unió, Josep B.C. y a dos exvocales y responsables del holding empresarial IMS por una presunta trama que consiguió fondos y créditos de bancos con facturas falsas y desvió fondos desde dicha fundación a su empresa, además de condonar y sufragar gastos a Unió.
El juicio es por supuesta estafa, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida, insolvencia punible, administración desleal y contra la hacienda pública. Los principales acusados son el expresidente de la Fundación Josep B.C., dos exvocales de la Fundación (Joan Albert L.S. y Miguel Ángel C.G), el empresario José C.M. y otra persona vinculada a la Fundación, Xavier S.B., y como responsable civil subsidiario está Unió.
Las penas más altas que solicita la Fiscalía son para los exvocales Joan Albert L.S. y Miguel Ángel C.G., de hasta 17 años de cárcel y sendas multas de 108.000 euros, por los delitos de estafa continuada, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida e insolvencia punible. Para el entonces presidente de la Fundación, Josep B.C., la Fiscalía pide ocho años y un mes de prisión y 46.500 euros de multa; y respecto a los otros acusados, pide un año y 11 meses para Xavier S.B., y tres años y un mes para José C.M.
Un entramado para esconder delitos
Según las conclusiones del Servicio de Delitos Económicos de la Fiscalía de Barcelona, los principales acusados construyeron un entramado societario constituido por dos niveles de empresas, el primero formado por el holding IMS, y el segundo por un grupo de 19 mercantiles administradas por testaferros, que utilizaron para diversos delitos.
Los acusados, junto al presidente de la Fundación, "abusaron de su condición de rectores de dicha fundación para de común acuerdo extraer ilícitamente de la caja social cuantiosos fondos de esta entidad, que se destinaron a engrosar las arcas del grupo IMS, a través de terceros desconocidos".
Este desvío se hizo mediante facturas falsas por servicios inexistentes y por un préstamo directo, con lo que, según los cálculos del fiscal, el importe total ilícitamente desviado de la Fundación a IMS entre 2004 y 2007 ascendió a 1.786.651,46 euros, y cuando llegaban a la esfera de IMS "se convertían en dinero en efectivo, ignorándose en qué y por quién fueron finalmente empleados".
Cuando supieron que estaban bajo investigación, estos tres acusados trataron de "difuminar su responsabilidad por otra vía", por lo que se convenció al entonces administrador de Copisa, el imputado José C.M., para que hiciera frente a la deuda con la Fundación, involucrando a Xavier S.B., vinculado a Catalunya i Territori, que presuntamente aparentó que cobraba un préstamo de Copisa a cuenta de servicios futuros para la empresa.
«Injustificado beneficio económico» a Unió
Asimismo, el fiscal constató que se produjo "un injustificado beneficio económico" a Unió en perjuicio de la Fundación, al dejar de cobrarle en 2005 el alquiler de cinco locales en Tàrrega, Lleida y Tarragona, y una venta de los inmuebles a un precio inferior al de mercado.
Paralelamente, la empresa Kontrast Produccions, dedicada a organizar congresos y eventos, facturó servicios prestados a UDC a la empresa IMS por valor de 116.483,72 euros, y los principales acusados utilizaron para ello "fondos recibidos de la Fundació Catalunya i Territori", además que algunas de estas facturas las pagó directamente dicha fundación.
NACE CONCORDIA CÍVICA
Empresarios y asociaciones catalanas contrarias a la ruptura crean un lobby
La mitad del PIB catalán procede de las ventas en España y al resto de países europeos.
Jajaja...Por qué siempre utiliza el unionismo la coletilla de cívico. Sólo verlo ya me hace presagiar lo peor.
Esperemos que no sea tan fascista como la CCC
En cuanto a tú afirmación sobre el PIB catalán, estaría bien que aportaras la fuente...No vaya a pensar alguien que estás mintiendo
preocupate por tus camaradas que comienzan a desfilar por los juzgados...
La ANC llama a presionar a los jueces en la calle el día en que arranca el juicio a Mas
Sugieren a los ciudadanos "solicitar un día festivo" para acudir al juzgado. El lema de la movilización será "Nos juzgan a todos".
Las entidades separatistas han llamado este viernes a una "movilización cívica y pacífica" el próximo 6 de febrero, cuando empezará el juicio al expresidente de la Generalidad Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, acusados de delitos de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por la organización de la consulta independentista del 9-N.
En rueda de prensa en la sede de la ANC, han presentado el cartel y el lema: "El 6-F nos juzgan a todos". Además, han informado de que se organizarán autocares en toda Cataluña para facilitar la asistencia y han presentado una web para que los interesados puedan inscribirse. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aún no se ha decidido el lugar de juicio.
El presidente de la ANC, Jordi Sánchez, ha pedido a las personas que tienen obligaciones laborales "que asuman la posibilidad de solicitar un día festivo para poder participar en esta movilización" porque el juicio es un lunes a las 8:15 horas, ya que en su opinión el momento lo vale.