A mi lo que me deja en duda es lo siguiente:
Si Mas y las otras dos son encarceladas finalmente, ¿debe aplicarse la política de dispersión de presos y separarlos? ¿o el peligro y riesgo de tenerlos juntos en el mismo centro penitenciario es asumible? Y si influyen negativamente a los demás presos? Imaginen a asesinos y violadores exigiendo votar cada vez para ejercer su derecho a decidir el menú del comedor!!!....
Uf.. qué difícil decisión!!!!
y lo que es peor, si les mantienen juntos en una carcel, pediran la independencia de la carcel del estado opresor o quizas pidan un tratado de libre comercio con otras carceles...uffff es un problema saludos
Creo que en Wad Ras solo armiten sras. Y La Roca solo señores
duda resuelta: Madrit dispersará a los presos políticos catalanes!!!
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Este próximo 24 de octubre se cumplirán 93 años desde que Benito Mussolini pronunciara en Nápoles una famosa amenaza: "Os digo con toda solemnidad: o se nos entrega el Gobierno o lo tomaremos marchando sobre Roma". Días más tarde la hizo realidad ayudado por decenas de miles de voluntarios llamados "camisas negras". Casi un siglo después, con similares dosis de teatralidad y populismo, con la misma amenaza en ristre, el presidente de la Generalidad en funciones acudió a los juzgados en calidad de imputado para declarar sobre la convocatoria ilegal de un referéndum.
Atrás quedan las escaramuzas nocturnas de la desintegrada Esquerra que marchaba con antorchas alumbrando a Joan Laporta en homenaje a Lluis Companys. No hace falta la noche, la sublevación puede celebrarse ya en hora punta porque, una vez más, no pasa nada. Se acabó la clandestinidad. La hermandad ya se saluda extendiendo la mano con el pulgar recogido para marcar el número cuatro en representación de la cuatribarrada, eso sí la separatista y estelada, nunca la oficial. El caso es alzar el brazo, gesto reflejo que padecen aquellos que gustan del poder total.
Los alcaldes sublevados sacaron a pasear su bastón de mando para cargar las imágenes de significado: están con el líder en la ruptura, en la violación de la Ley, en la presión amenazante a los jueces del Palacio de Justicia de Cataluña y no dudan en demostrarlo exhibiendo su condición de cargos públicos. No son alcaldes sino, como bien decía Pablo Planas en sus crónicas de esta semana, "peones" para la sedición capitaneada por Mas, aunque luego Mas se escabulla en la turba de voluntarios para aguar su propia responsabilidad. Olvidan a sabiendas que un alcalde –del árabe, "juez"– no representa sólo a sus votantes sino a todos los vecinos de su ayuntamiento. Blanden el bastón en alto, violentamente. Y no se queda ahí la algarada: el Consejero de Justicia de la Generalidad, responsable de haber prohibido o disuelto la marcha no lo hizo porque formaba parte de ella. Todo es ilegal pero ellos son "el pueblo de Cataluña", capaz de interponer querellas contra quien ose compararlos con lo que parecen. Para qué disimular, si ya no hace falta.
Hasta aquí la ilegalidad manifiesta y teatralizada con aires fascistas. Sin embargo, conviene no quedarse a dormir en las formas y destacar que lo peor es lo de siempre: el desacato con publicidad y, de momento, sin consecuencias. El propio Artur Mas dijo que sólo acatará la sentencia si le conviene, si le es favorable. Por si acaso, no dudó en dejar claro que, en todo caso, la Generalidad se limitó a dar apoyo y publicidad al referéndum de marras que en realidad fue "ejecutado por los voluntarios" puesto que el Tribunal Constitucional lo había suspendido. ¿Está insinuando Mas que él acató y dejó que los voluntarios ejecutaran? Metidos de hoz y coz en la desobediencia, ¿por qué trataría de convencer Mas al juez de que en aquella ocasión sí observó en la práctica el dictamen del Constitucional? Porque es su coartada. El golpismo es un hecho indiscutible, pero la cobardía también y, además, es bilateral.
Luis Herrero resumió con acierto en su programa en esRadio la estupefacción que provoca el enésimo episodio de abulia institucional frente a los desmanes golpistas al analizar la respuesta del presidente del Gobierno de España que, desde fuera de España, calificó la marcha de "inaceptable". Y eso, ¿qué significa? ¿En qué traducirá que el presidente del Gobierno considere "inaceptable" la marcha de Mas contra el Palacio de Justicia donde se dirime su responsabilidad por la celebración de un referéndum ilegal que, según el mismo presidente del Gobierno no se iba a producir? Pues en nada y eso es lo exasperante.
El juez Marcelino Sexmero no es santo de mi devoción desde que archivara una jornada de repudio contra Soraya Sáenz de Santamaría protagonizada, entre otros, por los que ahora mandan en Barcelona. Pero el diagnóstico del juez en el programa de Herrero fue tan certero como obvio, lo cual resulta más doloroso si cabe. Ante la indefensión que produce la cesión de ciertas competencias como la Justicia y la Seguridad sólo cabe una acción del Gobierno para frenar el "proceso sedicente sino sedicioso ya en toda regla". Recordó también Sexmero que si el fiscal del TSJC hubiera actuado, la Marcha de los voluntarios habría parado al menos ante un perímetro de seguridad sin llegar a invadirlo para, por si fuera poco, montar una rueda de prensa del reo. Así que abandonemos toda esperanza sobre lo que pueda emanar de sede judicial porque parecen claras las intenciones de casi todos. Me temo que el desacato a una condena de inhabilitación que derivaría en otro delito de usurpación de funciones no va a ser necesario y el Gobierno de España podrá seguir dando largas a las amenazas.
La campaña electoral de Artur Mas por su presidencia ha empezado así, después de las elecciones que perdió, en el Palacio de Justicia. El detalle estaba previsto: hacer méritos ante la CUP, poniendo a desfilar a los alcaldes con sus bastones y a los consejeros con sus mossos en revolucionaria armonía. Hasta la imputación le ha venido bien a Artur Mas para su post-campaña personal.
Y mientras, algunos andan esperando una declaración unilateral de independencia pronunciada desde un balcón o desde un improvisado púlpito callejero. Nos engañan con símbolos y esperamos símbolos cuando tal declaración no es necesaria porque ya se ha producido. Se formula a diario desde hace tiempo por la vía de los hechos consumados jamás respondidos por el Gobierno central. Cada centímetro de cesión son kilómetros de avance en contra. Viene siendo así hace muchos años. ¿La respuesta? Nada está sucediendo y en caso de que fuera muy grosero –alcaldes sublevados, bastones en alto, marcha sobre el Palacio– se tachará de "inaceptable". Pero, claro, "si me llama" dialogaremos. Es el famoso "encaje" de Cataluña al que tanto se refieren, supongo que en referencia al de las bragas de España, impúdicamente a la vista de todos.
Recuerdo un viejo lema de la desaparecida cadena CNN Noticias con el que presumían del carácter inmediato de sus imágenes: "Está pasando, lo estás viendo". Llevado al drama en curso sólo cabría añadir: "… y no haces nada".
Javier Somalo
Poca memoria debe tener el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, que ha calificado la concentración de alcaldes y diputados acompañando al president Artur Mas hasta las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de "acto de presión y chantaje hacia los tribunales, propio de régimenes como el venezolano y de dictaduras como Cuba".
Digo que Albiol debe tener muy poca memoria dado que, hace menos de dos años, el 20 de noviembre de 2013, cuando él fue juzgado por un presunto delito de incitación al odio por los folletos vinculando inmigración con delincuencia y las posteriores declaraciones justificándolos, se presentó al juicio andando desde la plaza Cerdà acompañado por un nutrido grupo de parlamentarios y concejales populares -de alcaldes el PP no tenía más que Badalona y Castelldefels-, hasta las puertas de la Ciutat de la Justícia, situada a uns doscientos metros.
Allí le esperaban más de un centenar de vecinos de Badalona, llegados en dos autocares, que portaban pancartas de "Albiol, estamos contigo", "Queremos vivir en paz" o "Albiol, no te rindas".
En la puerta de los juzgados Albiol fue jaleado por sus seguidores a los que saludó y abrazó, y entre gritos de apoyo y pancartas hizo declaraciones a la prensa. Acto seguido se dirigió a la sala del Juzgado Penal número 18, acompañado por una quincena de cargos públicos del partido, entre los que estaban, además de concejales de Badalona y otras ciudades, la senadora Alicia Sánchez Camacho y el concejal barcelonés, Alberto Fernández Díaz. Y mientras duró el jució, los seguidores de Albiol estuvieron manifestándose libremente en las puertas de la Ciutat de la Justicia. Y nadie aquel día se le ocurrió decir que el hecho que el imputado entrara en la sala acompañado de cargos públicos, y hubiera organizado dos autocares de seguidores, era un chantaje al tribunal o un ataque a la independencia de la justicia. Tampoc dijo nada ni la Audiencia de Barcelona, ni el Tribunal Superior de Justicia sobre aquella manifestación organizada por el propio PP.
Sí que hay una diferencia entre el acto de apoyo a Albiol en su juicio, y la comparecencia de hoy de Mas como imputado. Los alcaldes que han acompañado al president son, en caso que se sentencie que ha habido delito, colaboradores necesarios del delito que hizo Mas de poner las urnas.
Y la autoinculpación en la calle de personas que han cometido el mismo acto por el que alguien es juzgado, es algo común y habitual en numerosos juicios por un delito, digamos, colectivo como huelgas o manifestaciones. Cuando cinco personas son juzgadas por una manifestación presuntamente ilegal en la que participaron cientos, es habitual que muchos de los que fueron partícipes de dicha acción, acompañen a los encausados o se concentren en la puerta de los juzgados.
Ciertamente no es lo mismo que se manifiesten a las puertas de un juzgado un centenar de sindicalistas que organizaron una protesta mientras se interroga a los cuatro detenidos o imputados, que cuatrocientos alcaldes. Pero es que los cómplices y coautores en este supuesto delito fueron los mismos alcades que facilitaron la logística y llamaron a los ciudadanos a participar en el proceso participativo del 9-N. Así pues, la presencia de los alcaldes, más que una presión, es una ratificación de que si hubo delito y debe haber castigo penal, ellos, como máxima autoridad de sus municipios, también desobedecieron y delinquieron. Significa que pese a que Artur Mas se haya declarado responsable del 9-N, ni está sólo, ni el delito que se le imputa lo hizo el sólo con la ayuda de las conselleres Joana Ortega e Irene Rigau. La presencia de alcaldes sólo es un recordatorio para que en el caso que se considere que ha habido delito, el delito es colectivo y hay mucha gente detrás.
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/mala-memoria-albiol-4591315
Por desgracia los que tienen que ir supuestamente a la carcel, robando toda la puta vida,jamas se demostrara porque no conviene, sean de los partidos que sean y ademas el dienro tampoco sera reportado a las arcas y seguiremos los guilipollas de turno pagando lo de todos los mangantes como siempre.
Pero un pobreton con 18 años que roba una bicicleta, despues de 6 años ahora con su vida hecha y con hijos y trabajo tiene que ir a la carcel 6 meses, MANDA OVARIOS, me CJO EN LA PTA M que a muchos-as no tendrian ni que respirar.
Lo dejo estar porque me conozco y no quiero calentarme y me conozco.
No justifico los hechos.
Donde esta la PUTA pasta que todavia EL TEMA JUSTICIA NO ESTA CON LA RENOVACION A LA ALTURA QUE TENDRIAMOS QUE ESTAR SIENDO UN PAIS EUROPEO, QUE SE NOS LLENA LA BOCA.
Cuanta gente revisa a la altura que esta España y en que numero estamos en mchos temas.
No tenemos verguenza.
Yo si que la tengo y no tengo abuelas, pero ya no tengo ni saliba ni aliento, porque intentas hablar con la gente normal en un super que salen temas o en 1 parada de bus y la gente me decepciona, parece que yo sea un bicho raro y ellos esten llenos de dardos disparados en el cerebro que les paraliza.
Ya esta paro.
Sludos para tdos.
Sociedad Civil Catalana advierte de que la CUP hará presidente a Artur Mas
Societat Civil Catalana (SCC) se propone "hacer oír" la voz de los catalanes no independentistas, que a su juicio es la de la "Cataluña real", tras haber "ganado".
Artur Mas pedirá al TSJC el archivo de la causa del 9-N
GERMÁN GONZÁLEZ 17
El presidente de la Generalitat, Ortega y Rigau creen que su declaración demuestra que no hubo delito.
La directora del Instituto Pedraforca de l'Hospitalet de Llobregat, Mercedes Agenjo, ha afirmado que recibió "presiones" de responsables de Enseñanza de la Generalitat, que la llamaron por teléfono varias veces, para que abriera el centro para acoger la consulta secesionista del pasado 9 de noviembre. Tras su negativa, recibió amenazas vía mail de "medios independentistas" y de particulares, aunque las llevó ante un juzgado. Agenjo, la única directora de un instituto que se negó a ceder su centro para la consulta, ha declarado hoy como testigo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que instruye la querella con Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por el 9-N.
A la salida del Palacio de Justicia, que tras el 9-N ha decidido jubilarse aunque hoy ha aclarado que lo pidió a la Generalitat antes de la consulta, afirmó: "Me sentí presionada". La testigo relató que hasta 5 veces le pidieron las llaves del instituto por parte de responsables del departamento de Enseñanza, que la llamaron en varias ocasiones y con los que se intercambió varios mails. Atribuyó varias de esas llamadas a la directora de los Servicios Territoriales de Enseñanza de la Generalitat, Montse Llobet.
Se le dijo "que era una obligación y que era pertinente" abrir los centros. La directora del IES Pedraforca asistió a una de las dos reuniones que en octubre de 2014 convocó Montse Llobet. Sólo para "informar" sobre la consulta, no "instruir o ordenar", precisó en su declaración ante el TSJC la consejera Irene Rigau.
Agenjo ha explicado el acoso al que fue sometido por parte de cargos de Enseñanza. "Me dijeron que entregara las llaves, que era la única que no lo había hecho. Yo respondí que no iba a hacer nada ilegal", ha declarado Agenjo, cuyo testimonio estaba señalado para los días de la campaña electoral del 27-.S y que se pospuso a petición de las defensas de Mas, Ortega y Rigau, que recordaron que Agenjo iba de candidata de Ciudadanos a los comicios autonómicos.
Agenjo no entregó las llaves de su instituto y a partir del día de la consulta, comenzó a recibir mails con amenazas de muerte i insultos. De medios independentistas y de personas, ha explicado, aunque no llevó estos correos ante la justicia.
Además de Agenjo, también ha declarado el administrador de la empresa Focus, encargada del montaje del centro de prensa internacional donde se facilitaron los datos del escrutinio del 9-N y donde el presidente Mas compareció ante los medios de comunicación para valorar su resultado.
El responsable de Focus aseguró que el encargo del montaje para la noche electoral les llegó, de Presidencia de la Generalitat, en octubre, mucho antes de la providencia del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre que suspendía el proceso alterntivo en que mudó la consulta tras la primera prohibición del TC. Sobre el pago del montaje, el administrador de Focus detalló que tienen un contrato con Presidencia por el que se encarga de los actos de comunicación que es anual y que tiene un tope de 500.00 euros/año.
Por su parte, la consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha manifestado que la directora del IES Pedraforca no tenía un problema con su departamento, sino "una discrepancia profunda con la propuesta que hacía el presidente de la Generalitat". En una entrevista en TV3 ha apuntado que la profesora tiene "un compromiso político" con Ciudadanos, después de haber concurrido con esta formación a las elecciones municipales y catalanas.
siguiendo los pasos de su maestro...
http://www.periodistadigital.com/imagenes/2012/07/26/espanol-del-ano_560x280.jpg
supercat ahora es supermas
El intento de convertir las pasadas elecciones autonómicas de Cataluña en un referéndum de autodeterminación terminó mal para las dos fuerzas políticas que lo promovieron. Como ha sucedido otras veces en casos de coaliciones exprés en autonomías divididas por cuestiones identitarias, la suma de siglas ha restado votos tanto a Convergencia como a Esquerra. En tal sentido, fue una suerte para ambas que las CUP no se uniese a su coalición, porque el resultado habría sido todavía peor. Sin embargo, no parece que los antinacionalistas tengan demasiados motivos para el jolgorio. Ni siquiera para una alegría discreta. No, desde luego, en Cataluña, donde la primera manifestación por la unidad nacional convocada tras las elecciones no consiguió reunir un número de participantes superior al de los secesionistas que, tres días después, darían escolta a Mas hasta las puertas del TSJC.
Mezclar comicios y referéndums es absurdo. Unos y otros son plebiscitos, pero de distinto tipo y con finalidades muy diferentes. Los primeros sirven para definir mayorías y minorías en parlamentos de diverso ámbito. Los referéndums, para solucionar problemas sobre los que el poder legislativo no tiene poder de decisión porque atañen a las normas básicas que legitiman dicho poder, es decir, a los axiomas sobre los que se sostiene el sistema, y por tanto hay que convocar a los ciudadanos, no en su condición de electores, sino como nación, como sujeto colectivo de la soberanía. Los nacionalistas catalanes han estado jugando al referéndum con otras cosas. Con elecciones autonómicas y con simulacros preinsurreccionales. Jugando, en definitiva, a reproducir los aspectos más enloquecidos del 12 de abril de 1931 y del 6 de octubre de 1934. Haciendo de república, como diría Camba, pero en plan salvaje.
Cuando Renan escribió aquello de que la nación era un plebiscito cotidiano no intentaba sentar una definición política, sino calentar a los humillados y ofendidos franceses mediante una metáfora emotiva, aunque inútil frente a los vencedores prusianos. La locura consiste en interpretar literalmente las metáforas. Los nacionalistas creen que cualquier plebiscito sirve para forjar una nación, y no es así. Las elecciones autonómicas no alumbran naciones. Pero pueden dejarlo todo patas arriba, como ha sucedido en Cataluña, donde el Estado no ha desaparecido del todo, pero apenas funciona ya, porque el gobierno autonómico ha decidido traspasar el poder a la calle para asustar a los tribunales que pretendan endosarle responsabilidades jurídicas por la organización del primero de los dos improbables referéndums.
El jueves pasado, Artur Mas recurrió a un método de intimidación típicamente totalitario y ensayado con relativo éxito en la única región donde la violencia secesionista ha impedido por largo tiempo que el Estado de Derecho funcione normalmente. No hace tantos años, bajo la presidencia del lehendakari Ibarretxe, el PNV movilizaba a sus bases ante los tribunales de justicia cada vez que alguno de sus dirigentes era llamado a declarar. Así sucedió en junio de 2006 cuando debió comparecer ante el juez Marlaska el burukide Gorka Aguirre, imputado por presunta colaboración en las extorsiones de ETA a empresarios, y el 26 de marzo del año siguiente, cuando una masa enfurecida arropó al propio Ibarretxe, denunciado, tras haberse reunido con la dirección de Batasuna, por el Foro Ermua. La movilización callejera cumplía, en casos como éstos, la doble función de amedrentar a los jueces y de expulsar de los juzgados a los denunciantes (a patada limpia y ante la pasividad de la Ertzantza). Conviene recordarlo.
