Asesinatos cometidos por ETA desde el 20 de Noviembre de 1.975

Quise decir "Hoy 5 de septiembre de 2.015".

PD.: Hoy hace 32 años del asesinato de Arturo Quintanilla Salas (empresario hostelero) a manos de la banda terrorista ETA que lo asesinaba a tiros en la localidad guipuzcoana de Hernani en la madrugada del martes 6 de septiembre de 1983.

Arturo Quintanilla Salas, de 44 años de edad, nació en Burgos, aunque había vivido en Hernani desde que era niño. Estaba casado y tenía tres hijos, una chica de 15 años, testigo del asesinato, y dos niños de 12 y 10 años. El pequeño estaba con sus abuelos el día del atentado y el mayor en Barcelona de vacaciones. Los tres estudiaban en la ikastola Urumea próxima al lugar del atentado.

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El atentado fue perpetrado por dos terroristas en el momento en el que Quintanilla Salas, su mujer y su hija mayor, de 15 años, se introducían en su coche para dirigirse al domicilio familiar, después de haber cerrado el Bar Jose Mari de su propiedad. Su hija, testigo presencial del asesinato, contó a El País cómo fue el atentado: "Mi padre estaba arrancando, cuando se acercó un coche oscuro, de color azul o negro; al colocarse a nuestro lado, el que estaba sentado junto al conductor bajó el cristal de la ventanilla, asomó la cabeza y el brazo y empezó a dispararnos a poquísima distancia, ya que la calle es muy estrecha y apenas caben dos coches. Con el primer disparo mi padre cayó reclinado a un costado, y mi madre y yo sentimos en la cara como nos rozaban las balas; pudieron habernos matado a los tres. El que disparaba vestía una cazadora oscura, gafas negras y llevaba el pelo corto".

Arturo Quintanilla había sido amenazado por ETA militar y había recibido avisos de colocación de artefactos explosivos en el bar de su propiedad. Según contó su hija tras el asesinato había intentado pagar, en dos ocasiones, el denominado "impuesto revolucionario". "Mi padre estaba dispuesto a entregar los diez millones de pesetas que le exigieron hace ya tiempo, pero no pudo hacer efectivo el pago porque ningún representante de ETA acudió a las citas que ellos mismos habían convocado en el otro lado [en referencia al País Vasco-francés]. Sé que, después de la primera cita, mis padres estuvieron indagando y que al final alguien les dijo que permanecieran tranquilos y que esperaran una segunda cita, a la que tampoco se presentó nadie". Sin embargo, otras fuentes citadas por el periódico como "de toda solvencia", señalaron que el industrial trató de engañar a ETA posteriormente, haciéndole creer que se encontraba arruinado. Todo apuntaba, según las informaciones de El País, a que el motivo del asesinato fue que ETA comprobó la falsedad de los datos presentados por Quintanilla. En ABC, sin embargo, señalaban que la víctima no había podido pagar la cantidad exigida en concepto de "impuesto revolucionario" y que había intentado renegociar con ETA dicha cantidad, acudiendo por dos veces al sur de Francia sin poder contactar con ningún miembro de la banda asesina. La última cita fue dos meses antes del atentado, cuando el hostelero recibió una nueva carta de extorsión. Añadía ABC que Quintanilla, vinculado al Partido Nacionalista Vasco (PNV), "había asumido algunos cargos en los sindicatos verticales del régimen anterior, dentro de la rama de hostelería".

Al día siguiente del atentado, a las siete y media de la tarde, se celebró el funeral por el alma de Arturo Quintanilla en Astigarraga, con la iglesia abarrotada y la presencia del delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, y representantes del Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE).

En 1.985 la Audiencia Nacional condenó a José Antonio Pagola Cortajarena como integrante del grupo que acabó con la vida de Arturo Quintanilla Salas a más de 23 años de cárcel. El etarra salió de prisión en octubre de 2.003, tras cumplir 19 años de los 78 totales a los que fue condenado por su actividad terrorista.

En relación con este asesinato, fue juzgado y absuelto por la Audiencia Nacional, por falta de pruebas, el etarra Rosario Picabea Ugalde, alias Errota, extraditado a España en noviembre de 1.996. Picabea fue detenido en Francia junto a Iñaki Bilbao Beascoechea, alias Iñaki de Lemona, y el terrorista chileno Bernardo Mella Durán, cuando supuestamente se disponía a reorganizar y encabezar la nueva cúpula de la banda terrorista ETA tras la captura de la dirección etarra en Bidart. Del mismo grupo terrorista que Pagola Cortajarena y Picabea Ugalde, el Tximistarri, formaban parte Manuel Arteaga, alias Manu, y Juan María Ormazabal, alias Turko, etarra fallecido en un enfrentamiento con la Ertzaintza en agosto de 1.991 que acabaría con el asesinato del ertzaina Alfonso Mentxaca Lejona.

Hoy 6 de septiembre de 2.015 hace 32 años que la banda terrorista ETA asesinó a Francisco Javier Alberdi Iriarte, nacido en el municipio guipuzcuano de Vergara, de 49 años de edad (representante comercial de una empresa de licores), casado, a las 19:30 horas del día 6 de septiembre de 1.983, frente al número 20 del paseo de los Olmos de San Sebastian. Se encontraba en el interior de su automóvil, cuando tres individuos se acercaron y le dispararon tres veces a bocajarro causándole la muerte en el acto. Los terroristas le habían ordenado que se bajara del vehículo, por lo que se originó un forcejeo, poniendo fin al mismo disparándole.

Hoy 6 de septiembre de 2.015 hace 35 años que la banda terrorista ETA asesinó a Basilio Altuna Fernández de Arroyabe Erenchun (Capitán de la Policía Nacional), nació en Azua (Álava), de 57 años de edad, estaba casado y tenía cuatro hijos, tres hijos y una hija, el más pequeño de 10 años. El capitán Altuna estaba destinado en la compañía de la Reserva General de Miranda de Ebro, pero acudía todos los años a Erenchun, localidad de donde era natural su mujer, para pasar las fiestas. Anteriormente estuvo destinado en Leganés (Madrid).

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Ángel, uno de los hijos de Basilio, escribió en el libro Olvidados, de Iñaki Arteta y Alfonso Galletero: "Tener un hijo te lo cambia todo. Hace que la perspectiva de lo que es importante se modifique de forma radical. Desaparecen miedos antiguos que giraban en torno a ti y aparecen miedos nuevos [...]. Lo que no tenía previsto en ese momento era que llegaría un día en el que esa personita a la que amo hasta el dolor me haría una pregunta difícil, muy difícil de contestar a una niña de cuatro años: ‘Papá, ¿cómo murió el abuelito?’. Escribo estas líneas con la intención de hacer constar que mi padre no murió en un accidente de tráfico, como parece que mucha gente aquí, en el País Vasco, quisiera creer. Escribo estas líneas para reivindicar la figura de nuestro padre, Basilio Altuna, para condenar su asesinato a manos de la banda terrorista ETA, para criticar el comportamiento de una sociedad que no supo responder al terror y para que mi hija, en un futuro no muy lejano, pueda encontrar respuesta a su pregunta. Mi padre, Basilio Altuna, fue asesinado la noche del 6 de septiembre de 1.980 en Erenchun, un pueblecito cercano a Vitoria. Eran las fiestas del pueblo de mi madre y había acudido a celebrarlo con familiares y amigos. En un momento, y en el frontón donde se desarrollaba la verbena, un pistolero se acercó por detrás y le asestó un tiro en la nuca. Murió en el acto. Mi padre dejó mujer -Angelita- y cuatro hijos -yo soy el tercero de ellos-. Ahí empezó un proceso que aún no ha culminado por el que ser hijo de policía, en el País Vasco, ha tenido, tiene y tendrá un costo terrible. Pero el verdadero y trágico valor superior reside en la vida arrebatada de nuestro padre, Basilio. Yo tenía 17 años y me hice violentamente adulto aquella noche".

A las diez y cuarto de la noche del sábado 6 de septiembre de 1.980, la banda terrorista ETA asesinaba de un disparo en la cabeza al capitán de la Policía Nacional Basilio Altuna Fernández de Arroyabe mientras presenciaba un baile en la plaza de la localidad alavesa de Erenchun, a doce kilómetros de la capital, en compañía de un grupo de familiares y amigos. El proyectil le atravesó la cabeza y le provocó la muerte en el acto. El autor del atentado aprovechó la confusión para huir en un automóvil que le esperaba en una de las calles del pueblo. El cadáver permaneció en el suelo durante dos horas hasta que el juez ordenó su levantamiento.

Según señalaron varios vecinos del pueblo, Basilio Altuna estaba amenazado desde hacía cuatro años, coincidiendo con su permanencia en Vitoria como teniente durante los sucesos de marzo de 1.976, en los que perdieron la vida cinco trabajadores durante una huelga general por disparos de la Policía. ETA político-militar señaló este suceso como justificación del asesinato del capitán Altuna en una llamada telefónica hecha a medios de comunicación vascos en la que asumía la autoría del atentado. Además, la banda asesina acusaba a Altuna de participar en actividades ligadas a organizaciones ultraderechistas.

La viuda e hijos de la víctima remitieron a los medios de comunicación vascos una carta en la que emplazaban a los asesinos a que demostrasen que Basilio Altuna tuviese alguna responsabilidad en los hechos de marzo de 1.976. En la carta, la familia del capitán asesinado subrayaba que ETA pm no escapaba a las contradicciones que paralizaban a la sociedad, y que la complejidad de los problemas actuales no podía resolverse en una película de buenos y malos. "Bien sabemos que nuestra verdad poco podrá hacer contra la gran mentira que lleva el sello de una organización tan prestigiada, pero no por ello vamos a callar". Tras indicar que el servicio de información de ETA pm había contado con largos años para elaborar datos en torno a la figura del capitán Altuna –"aunque no se ha preocupado de hacerlo con objetividad"-, la familia reconocía que participó en las jornadas de febrero y marzo de 1.976 en Vitoria, en los que resultaron muertos cinco trabajadores. Sin embargo, añadían que "una investigación clara y fiable demostraría (...) que su actuación estuvo dirigida en todo momento a evitar cualquier enfrentamiento". "Hacer responsable a un teniente de aquel período negro es hacer gala de un simplismo que no podemos permitirnos". La familia desmentía asimismo la acusación de que fuese organizador de las actividades de la extrema derecha, señalando que constituía una afrenta a su propia dignidad. "Emplazamos públicamente a ETA pm a que proporcione datos significativos de las supuestas actividades de nuestro padre, que, al parecer, eran tan bien conocidas. Estamos por una sociedad de personas libres y en plena capacidad de convivencia". ETA, como no podría ser de otra forma, guardó silencio de forma cobarde, como siempre que ha asesinado y justificado después el asesinato con falsas acusaciones.

Dos días después, el 8 de septiembre, el cadáver del capitán Altuna fue inhumado en el cementerio de Santa Isabel, en Vitoria. El féretro fue conducido en un furgón fúnebre desde la capilla ardiente, instalada en el Gobierno Civil de Álava, hasta el cementerio, donde fue introducido en el panteón familiar en presencia de su viuda e hijos, así como de las autoridades militares y civiles que acudieron posteriormente al funeral celebrado una hora después en la catedral de Vitoria. Antes de que comenzase el acto religioso, que se desarrolló sin incidentes, uno de los hijos del fallecido pidió que se guardase silencio durante la ceremonia y una vez finalizada la misma. A la salida del templo, vigilado estrechamente por efectivos de la Policía Nacional, no se escuchó grito alguno ni se corearon consignas. En la ceremonia, a la que asistieron mil quinientas personas, estuvieron presentes el delegado del Gobierno en el País Vasco, el general Santamaría, los gobernadores civiles de Burgos y Álava; el alcalde de Vitoria, el nacionalista José Ángel Cuerda; el presidente de UCD del País Vasco, Jesús María Viana, y representantes del PSOE y Alianza Popular (AP).

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El asesinato de Basilio Altuna ha quedado impune, como muchos de los cometidos por la rama político-militar de ETA. El 9 de febrero de 2.006 Ángel Altuna Urcelay, hijo de Basilio, y José Ignacio Ustarán Muela, hijo de José Ignacio Ustarán Ramírez, asesinado también por ETA pm el 29 de septiembre de 1.980, escribieron un artículo en el diario ABC sobre el proceso de reinserción de estos terroristas, que ha provocado que se paralizasen las investigaciones de procesos ya abiertos: "No se reabrieron los casos archivados ni se investigaron los asesinatos de ETA político-militar por aclarar (...) las víctimas del terrorismo de ETA político-militar vivieron una situación sobrevenida que se resume en una palabra: impunidad. (...) Los poderes del Estado avalaron esta salida y, a día de hoy, nadie de los beneficiados por aquellas medidas ha reconocido públicamente el daño realizado anteriormente".

En agosto de ese mismo año, Ángel Altuna volvió sobre el tema en un artículo publicado en la revista de la Fundación Víctimas del Terrorismo, explicando cómo dos años después del asesinato de su padre la banda terrorista se escindió: "Unos decidieron su disolución sin entregar arma alguna -recuerda-, y otros decidieron continuar con la práctica del terror. Los que decidieron su disolución no se arrepintieron y no reconocieron daño alguno. Los poderes del Estado posibilitaron ‘una puerta de atrás’ para estas personas que habían delinquido. Tengo la certeza de que en aquel momento hubo dejación de funciones". Y añadía: "Dos años después del asesinato de mi padre muchos de ellos se paseaban por las calles de mi ciudad y se les daba trabajo en instituciones públicas". Altuna señalaba que, desde esas fechas, "ETA ha asesinado a más de quinientas personas", y que la bienintencionada apreciación de que con la reintegración de esos individuos a la vida normal sin exigirles nada a cambio habría un "efecto contagio" en el resto de los etarras fracasó de forma traumática. "Se pide ahora generosidad pero se olvida que ya la hubo y volvieron a manchar sus manos de sangre".

El día 8 de septiembre de 2.015 se cumplieron 28 años del asesinato de Cristóbal Martín Luengo (subteniente de la Guardia Civil) a manos de la banda terrorista ETA que lo asesinaba en Bilbao de un disparo en la nuca, muy cerca de su domicilio en el barrio de Arangoiti. Su mujer y una de sus hijas bajaron inmediatamente del domicilio a auxiliarle, pero no pudieron hacer nada. Cristóbal Martín Luengo fue trasladado en una ambulancia al Hospital Civil de Basurto, donde ingresó cadáver. El rebote de una de las balas alcanzó a Julián Pérez Gómez, que resultó herido leve.

Los dos asesinos se dieron a la fuga en un taxi robado un cuarto de hora antes, que les aguardaba con las puertas traseras abiertas y estaba conducido por un tercer etarra. El taxi había sido robado en la plaza de San Pedro en Guecho por dos de ellos. Allí pidieron al taxista que se dirigiera al polideportivo de Archanda, y en el trayecto se identificaron como miembros de ETA, explicándole que necesitaban el vehículo para hacer un transporte de armas. Tras meter al taxista en el maletero, recogieron a un tercer etarra y se dirigieron a Bilbao a cometer el atentado.

Cristóbal Martín Luengo, de 50 años, era natural de Valderrodrigo (Salamanca) lugar donde fue enterrado. Estaba casado y era padre de tres hijos de 19, 17 y 4 años. Había ingresado en la Guardia Civil en 1.960, y estaba destinado en Bilbao desde hacía veinte años. Desde 1.983 desempeñaba trabajos administrativos en el Gobierno Militar de Vizcaya.

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Las fuerzas políticas vascas, a excepción de Herri Batasuna (HB), condenaron el atentado, y lo relacionaron, de una u otra manera, con la oferta de diálogo del Gobierno a ETA. Este atentado era el primero que se producía con víctimas mortales desde el último contacto que se había mantenido en Argel el 10 de agosto de 1.987 entre los comisarios Manuel Ballesteros y Jesús Martínez Torres, por parte del Gobierno, y Eugenio Etxebeste, alias Antxon, por parte de la banda asesina.

El 10 de septiembre se celebró en Bilbao el funeral por el subteniente de la Guardia Civil al que asistieron varios centenares de personas. El féretro con los restos mortales de Martín Luengo fue despedido con vivas a la Guardia Civil.

En octubre de 1.997 la Audiencia Nacional condenó a Joseba Koldobika Begoña Ibarra a 33 años de prisión por el asesinato de Cristóbal Martín Luego. También fue condenado por robo de vehículo con toma de rehén. El etarra había huido a Francia desde donde había sido extraditado a España en diciembre de 1.996.

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"El asesino de mi padre fue detenido en Francia y extraditado a España. De una condena de casi cuarenta años a la que fue sentenciado, por su asesinato y el secuestro de un taxista en su huida, no cumplió más de nueve años; lleva mucho tiempo en libertad, haciendo vida normal, con su familia, sus amigos, trabajando, riendo, viendo crecer a sus hijos y envejecer a su mujer... Mi padre no pudo hacerlo y nuestras vidas nunca volvieron a ser las mismas".

Así se expresaba una hija del subteniente asesinado en marzo de 2.009 en una "Carta de una joven a su padre asesinado por ETA" (El Confidencial, 10/03/2.009). Efectivamente, a Koldobika se le concedió el tercer grado (régimen abierto) en marzo de 1.999, por una supuesta enfermedad que le impedía continuar en la cárcel. Concretamente, el etarra padecía una depresión, por lo que accedió a un régimen de semilibertad.

Según el Ministerio del Interior, el etarra Félix Ignacio Esparza Luri, detenido en Francia el 2 de abril de 2.004, también participó en el asesinato del subteniente Martín Luengo.

"(...) Parte de la familia abandonamos el País Vasco [tras el asesinato] y mi madre, la gran heroína de nuestras vidas, nunca pudo rehacer su vida. No obstante, ella sola supo sacar fuerzas y tirar del carro de la vida que le había tocado vivir. Sacó a sus tres hijos adelante y consiguió que, a pesar de todo, los tres siguiéramos con nuestras vidas. Además, esta gran heroína, nuestra madre, nos enseñó con su ejemplo a enfrentarnos a la vida con coraje y valentía" (El Confidencial, 10/03/2.009).

El día 9 de septiembre de 2.015 se cumplieron 28 años de los asesinatos de Manuel Ávila García (Agente de la Guardia Civil )y Federico Carro Jiménez (cabo de la Guardia Civil) a manos de la banda terrorista ETA. Un día después del asesinato del subteniente de la Guardia Civil Cristóbal Martín Luengo de un tiro en la nuca en Bilbao, la banda terrorista ETA asesinaba en Guernica (Vizcaya) a otros dos guardias civiles mediante la explosión de un coche-bomba. Pocos minutos antes de las diez y media de la noche del 9 de septiembre de 1.987, el cabo FEDERICO CARRO JIMÉNEZ y el guardia MANUEL ÁVILA GARCÍA, que patrullaban vestidos de paisano en un vehículo oficial, pero sin distintivo alguno, se acercaron a un automóvil, un Ford Fiesta de color rojo que les resultó sospechoso. Cuando se disponían a inspeccionarlo, se produjo la explosión del mismo mediante un mando a distancia accionado por el asesino Juan Carlos Balerdi, miembro del grupo Éibar de ETA.

La explosión provocó la muerte en el acto del guardia Manuel Ávila y heridas gravísimas al cabo Federico Carro, con pérdida del setenta por ciento de masa encefálica, falleciendo mientras se le trasladaba al Hospital de Cruces. A mitad de camino, a la altura del puente de Balmasín, la ambulancia sufrió una avería y tuvo que ser asistida por una dotación de la Cruz Roja de Baracaldo, que completó el traslado.

El coche-bomba estaba estacionado a unos cincuenta metros de la casa cuartel de la Guardia Civil, a las afueras de Guernica -en la carretera que conduce a Lequeitio-, en un camino vecinal y junto a una chabola. Los guardias civiles asesinados se ocupaban del reconocimiento del itinerario que separa la fábrica de armas Astra, Unceta y Cía. del acuartelamiento.

La onda expansiva del artefacto alcanzó a la chabola próxima al coche bomba, que ardió completamente. El fuego alcanzó también unos cables de electricidad de alta tensión, por lo que algunos barrios de Guernica quedaron sin suministro eléctrico durante varias horas. Asimismo, las casas colindantes al cuartel sufrieron diversos desperfectos, como rotura de cristales. La casa cuartel, sin embargo, no resultó afectada, pero el apagón de luz, que afectó a calles y carreteras colindantes, provocó algún accidente y añadió confusión a la situación.

Tras producirse el atentado, efectivos de la Guardia Civil, a los que se unieron miembros de la Policía Municipal de Guernica y de la Ertzaintza, paralizaron el tráfico e hicieron discurrir la circulación por una ruta alternativa, mientras varios centenares de vecinos se congregaron en el lugar de los hechos para enterarse de lo ocurrido. Asimismo, miembros del equipo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil rastrearon los alrededores con perros adiestrados en previsión de que pudiera haber sido colocada alguna otra bomba.

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La capilla ardiente con los restos mortales de los guardias civiles asesinados se instaló al día siguiente por la mañana en el Gobierno Civil de Vizcaya. A las siete de la tarde se celebraron los funerales en la parroquia de San José de los Padres Agustinos de Bilbao.

César Milano Manso, gobernador civil de Álava y delegado del Gobierno en el País Vasco en funciones, manifestó tras el atentado, en declaraciones a Antena 3, que el Ejecutivo no iba a cambiar la estrategia de la lucha antiterrorista y que seguiría "con las medidas policiales y las medidas políticas". Milano hizo un llamamiento a los ciudadanos para que ayudasen a todos los poderes públicos "a acabar con esta lacra", y calificó el atentado de una nueva venganza del "sindicato del crimen". "ETA pretende poner en tensión a la sociedad para conseguir sus objetivos, si es que los tienen claros y si, por otro lado, fueran alcanzables". Milano recordó que él había calificado el asesinato del subteniente de la Guardia Civil Cristóbal Martín Luengo el día anterior de venganza de ETA por la desarticulación del grupo Barcelona, y dijo que este nuevo atentado, en sólo cuarenta y ocho horas, era una nueva venganza por el mismo motivo.

La Asociación por la Paz en Euskadi fue la primera formación en condenar el doble asesinato y convocó para el día siguiente concentraciones silenciosas en diversas localidades del País Vasco.

Al día siguiente, la banda terrorista ETA atacó con granadas el acuartelamiento de la Guardia Civil en Ordicia (Guipúzcoa), causando sólo desperfectos materiales. Sólo uno de los cinco proyectiles impactó en la fachada principal del cuartel. Otra granada estalló en el aparcamiento de la Compañía Auxiliar del Ferrocarril, colindante al acuartelamiento, dañando varios de los vehículos estacionados.

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En 1.994 la Audiencia Nacional condenó a Jesús María Ciganda Sarratea, Juan Carlos Balerdi Iturralde, alias Eneko, Fermín Urdiain Ciriza, alias Txiki, Iñaki Zugadi García y Miren Josune Onaindia Susaeta a más de 62 años de cárcel a cada uno de ellos. Pese a estas condenas, y a otras impuestas por otros asesinatos cometidos como integrante del grupo Éibar de ETA, Fermín Urdiain fue puesto en libertad en enero de 2.006, tras haber cumplido sólo 16 años y 9 meses de prisión. En el atentado que acabó con la vida de Manuel Ávila y Federico Carro también participó el etarra Cándido Zubikarai Badiola, que fue quien trasladó a los etarras hasta Guernica para colocar el coche-bomba y los escondió posteriormente en su domicilio en Ondárroa.

En relación con este atentado la Policía detuvo al día siguiente en Bilbao por su presunta relación con el doble asesinato a un agente de la Ertzaintza y a su esposa. Se trataba de Pedro Gamecho Léniz y de Lidia Zabala. La infiltración de etarras y proetarras en la Policía Autonómica vasca, o su captación posterior por la banda terrorista, ha sido un problema grave en este cuerpo policial. La mayoría de los ertzainas detenidos por sus vinculaciones con ETA pertenecían a las primeras promociones, cuando los sistemas de selección no contaban con los filtros que se desarrollaron posteriormente. Hasta once ertzainas han sido detenidos por formar parte de la quinta columna de ETA en la Policía Autonómica vasca desde la creación del cuerpo, tal y como informaba el diario ABC en su edición del 19 de julio de 1.993.

Manuel Ávila García, guardia de 22 años, soltero, era natural de Alcalá la Real (Jaén). Había ingresado en el Instituto Armado el 1 de febrero de 1.984 y llevaba destinado en el acuartelamiento de Guernica desde el mes de febrero de 1.987. Al entierro de Manuel Ávila García el 11 de septiembre en la localidad de Mures (Jaén) asistieron unas 2.000 personas.

Federico Carro Jiménez, cabo de la Guardia Civil de 29 años y soltero también, era natural de León. Había ingresado en el Cuerpo el 2 de febrero de 1.982 y ascendió a cabo en octubre de 1.986. Estaba destinado en Guernica desde el 1 de abril de 1.987. Su padre, Federico Carro Villagómez, era coronel de aviación, ya retirado en el momento en que asesinaron a su hijo. Carro Jiménez fue enterrado en Burgos. En abril de 2.010 el Ayuntamiento de León decidió, tras una propuesta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), cambiar el nombre de la calle Víctimas del Terrorismo por el de Federico Carro.

El día 10 de septiembre de 2.015 se cumplieron 29 años del asesinato de María Dolores González Catarain, Yoyes, a manos de la banda terrorista ETA. A las seis menos cuarto de la tarde del 10 de septiembre de 1.986 ETA asesinaba en Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa) a la exdirigente de la banda terrorista, MARÍA DOLORES GONZÁLEZ CATARAIN, Yoyes, en presencia de su hijo de tres años, Akaitz. Acababa de sentar al niño en uno de los tractores dispuestos con motivo de la feria que se celebraba en Ordicia, en el paseo del Gudari Etorbidea, cuando José Antonio López Ruiz, alias Kubati, a cara descubierta, le disparó tres tiros, uno de los cuales le atravesó la sien. Años después, en 1.991, Kubati relató al juez que se acercó a María Dolores y le preguntó: "¿Tú eres Yoyes?". Ella respondió afirmativamente y él, pistola en mano, le dijo: "¿Sabes quién soy yo? Soy de ETA y vengo a ejecutarte". María Dolores se abalanzó sobre su asesino, que disparó rápidamente tres tiros, hiriéndola en el muslo y en el tórax. Una vez que cayó al suelo, Kubati la remató con un disparo en la cabeza. Yoyes quedó tendida en el suelo sobre un gran charco de sangre. Miembros del servicio de asistencia en carretera Detente y Ayuda (DYA) sólo pudieron certificar su muerte y tratar de calmar el llanto del niño. La Policía recogió posteriormente tres casquillos de bala en el lugar de los hechos.

Nadie vio nada, pese a que el lugar del asesinato era frecuentado a esa hora por numerosas personas que subían a la plaza con motivo de las fiestas de la localidad, que continuaron durante las horas posteriores al asesinato como si nada hubiese pasado. Mientras la multitud celebraba enfervorizada los lances del juego de pelota en el frontón de la localidad, a cien metros escasos del lugar de los hechos, la mancha de sangre de la víctima fue cubierta por serrín.

Los terroristas huyeron en un Renault 5 robado momentos antes del atentado a unos doscientos metros del lugar donde asesinaron a Yoyes. Dos etarras encañonaron al propietario, le obligaron a introducirse en el interior de su coche y colocaron el automóvil en la misma calle, a la altura en la que se encontraba la exdirigente de la banda. Una vez cometido el atentado, el propietario del coche fue abandonado en la calle, mientras los asesinos huían en dirección a la estación de Beasain, donde fue encontrado posteriormente el vehículo. En el maletero del mismo los terroristas habían dejado un artefacto compuesto por dos kilos de Goma 2 que la Guardia Civil hizo explotar de forma controlada en la madrugada del 11 de septiembre.

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A las ocho de la tarde el Ayuntamiento de Ordicia decidió suspender las fiestas y convocar un pleno extraordinario, mientras algunos bares comenzaron a cerrar sus puertas en señal de duelo. El pleno extraordinario se inició pasadas las diez de la noche, y en el mismo se aprobó una moción de condena del atentado en la que se calificaba a sus autores de "totalitarios y fascistas". La moción fue aprobada con los votos del Partido Nacionalista Vasco (PNV), PSOE y Euskadiko Ezkerra, y rechazada por los representantes de Herri Batasuna.

La moción aprobada en el Ayuntamiento, con mayoría del PNV, señalaba que los autores del atentado trataron de impedir la libertad de decisión de María Dolores González, al tiempo que recordaba que la exetarra se acogió en su día a las medidas de reinserción aprobadas por el Parlamento vasco. El Ayuntamiento también convocó una manifestación para el día siguiente, 11 de septiembre, después del funeral. Los concejales de Herri Batasuna explicaron su rechazo a la moción indicando que ellos lamentaban esta muerte, al igual que las del resto de las víctimas de la violencia, pero señalaban que no se podía valorar ese atentado sin tener en cuenta "el contexto de represión brutal que sufren los refugiados en Euskadi norte". José Luis González Catarain, hermano de Yoyes y tercer concejal de HB en Ordicia, no asistió al pleno y señaló que no suscribía los planteamientos expuestos por su formación política en el mismo en los que responsabilizaba "al Ejército español y al PSOE" del asesinato de su hermana.

El asesinato de Yoyes conmocionó al País Vasco, y los simpatizantes de la banda se resistieron a aceptar su autoría. Algunos, incluso, prefirieron pensar que el asesinato había sido obra de un grupo de ultraderecha. Pero las dudas se disiparon al día siguiente del atentado. Un día después del crimen, ETA reivindicó el mismo en un comunicado enviado a la delegación en Bilbao de la agencia de noticias France Presse. En el mismo justificaba el asesinato de la exdirigente etarra como algo necesario para prevenir futuras deserciones. Habían matado a Yoyes por "abrir fisuras en los sectores más vulnerables del movimiento de liberación nacional"; por haberse traicionado a sí misma y al pueblo vasco, y por colaborar "con los planes genocidas de las fuerzas de ocupación del Estado opresor español". El mensaje que la banda enviaba era claro: se puede entrar en ETA, pero no salir de ella. De heroína, a villana, chivata y traidora. La mataron para evitar deserciones. Por otra parte, entre los papeles que la Guardia Civil se incautó en su domicilio había una carta, fechada en París el 8 de octubre de 1.985, en la que, a modo de testamento, decía: "Tengo la firme convicción de que mi seguridad personal no peligra por el lado de las Fuerzas de Seguridad españolas, que mantienen a este nivel una política de tolerancia bien conocida en los círculos políticos. Por tanto, afirmo que la responsabilidad de mi muerte corresponde a ETA" (publicado en Mi vida contra ETA, Enrique Rodríguez Galindo, Planeta, 2.006).

Ese mismo día, los vecinos de Ordicia secundaron masivamente una huelga general en protesta por el asesinato, convocada por todas las fuerzas políticas y sindicales, con la excepción de Herri Batasuna y del sindicato ELA-STV.

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Juan María Bandrés, presidente de Euskadiko Ezkerra, Kepa Aulestia, secretario general de ese mismo partido, Joseba Azkarraga, diputado del PNV, y numerosos exmiembros de ETA reinsertados asistieron al funeral de cuerpo presente oficiado a las 19:00 horas por diez sacerdotes, entre los que se encontraba el antropólogo y escritor José Miguel Barandiarán. La familia de la víctima, y muchos de los asistentes que abarrotaban la iglesia, o permanecían en el exterior ocupando la calle, acudieron a la ceremonia portando flores, atendiendo así el deseo expresado por Juan José Dorronsoro, marido de María Dolores.

El presidente de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés, visiblemente nervioso y alterado, comentó con sarcasmo que "ignoraba las inclinaciones de ETA militar a hacer análisis psicológicos o parapsicológicos", y añadió: "Yo no he intervenido en el regreso de Yoyes a Euskadi, pero sí puedo asegurar con absoluta rotundidad que la acusación de traición es falsa, porque nadie que ha seguido la vía de reinserción ha cometido un acto indigno ni ha delatado a nadie".

Joseba Azkarraga, diputado del PNV, señaló que los únicos traidores son los asesinos de Yoyes, "porque lo que ella hizo cuenta con el respaldo del pueblo vasco, o al menos de la mayoría del pueblo vasco". Antes de concluir la ceremonia religiosa, uno de los sacerdotes leyó una nota en la que el obispo de San Sebastián, José María Setién, reprobaba el asesinato de Yoyes, al tiempo que denunciaba las "engañosas manipulaciones de la opinión pública, de cuantos pretenden justificar esta acción". A la salida del templo, el féretro fue largamente aplaudido por los vecinos de Ordicia a su paso hacia el cementerio.

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