Asesinatos cometidos por ETA desde el 20 de Noviembre de 1.975

También, por desgracia, hoy día 14 de septiembre de 2.015 se cumplen 30 años del asesinato de Félix Gallego Salmón (Agente de la Policía Nacional) a manos de la banda terrorista ETA. El sábado 14 de septiembre de 1.985, pasadas las diez y media de la mañana, la banda terrorista ETA asesinaba en Vitoria (Álava) al policía nacional Félix Gallego Salmón, mediante la colocación de una bomba-lapa en los bajos de su vehículo particular. En el mismo atentado, Cándido Martín Franco, amigo de Félix Gallego, resultaba gravemente herido.

En torno a las once menos veinte de ese día, el policía Félix Gallego, agente de policía disfrutando de vacaciones, y su amigo Cándido Martín, chatarrero de profesión, se montaron en el coche de Félix, un Simca 1200 de color azul, aparcado en la calle Eulogio Serdán, en el casco viejo de Vitoria. Instantes después de subirse ambos, el vehículo hizo explosión originando graves heridas a Cándido Martín y provocando la amputación de ambas piernas, así como de un brazo, al policía nacional Félix Gallego. La explosión provocó daños en los vehículos aparcados en las cercanías y destruyó la práctica totalidad de los cristales del edificio colindante. Los restos del vehículo fueron proyectados a más de treinta metros de distancia y el brazo de Félix apareció en el jardín de una guardería cercana. Según fuentes policiales, el artefacto consistía en un sofisticado mecanismo conectado al pedal del acelerador, con una carga explosiva compuesta por unos tres kilos de goma-2. En ese mismo lugar había sido asesinado de un tiro en la nuca, el 29 de julio de ese mismo año, el subcomisario del Cuerpo Superior de Policía Agustín Ruiz de Retana, en un atentado reivindicado por ETA militar. Pocos meses después, el centro de Vitoria volvía a ser escenario del horror, con Félix Gallego agonizando y Cándido Martín, gravemente herido, aprisionado bajo el chasis del vehículo. Ambos amigos fueron trasladados con vida al Hospital de Santiago Apóstol, pero Félix Gallego falleció antes de que los médicos pudieran siquiera intervenirle. Presentaba "amputación traumática de ambas piernas a la altura de los muslos, heridas y erosiones múltiples y choque hipovolémico". Cándido fue sometido a una delicada intervención. Presentaba "heridas con pérdida de sustancia en la pierna izquierda, contusiones en la cabeza, el tórax y una muñeca, así como choque traumático, traumatismo craneal y contusión en globos oculares", siendo calificado su estado como de grave, pese a lo cual logró sobrevivir al atentado. Félix, sin embargo, elevaba a veintinueve el número de asesinados en actos de terrorismo en lo que llevaba transcurrido de año, de los que siete eran policías nacionales.

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La capilla ardiente se instaló poco después del atentado en las dependencias del Gobierno Civil de Álava, por donde pasaron compañeros y amigos del fallecido. A las cinco de la tarde del día siguiente se celebró en la Iglesia de San Miguel, en Vitoria, el funeral por el alma de Félix Gallego. Pese a lo anunciado previamente, el ministro del Interior, José Barrionuevo, no pudo asistir a la ceremonia religiosa. Sí estuvieron presentes el general inspector de la Policía Nacional, Félix Alcalá Galiano; el director general del mismo cuerpo, Rafael del Río; los delegados del Gobierno en el País Vasco y Navarra, Ramón Jáuregui y Luis Roldán; el consejero del Interior del Ejecutivo autónomo vasco, Luis María Retolaza; el director general de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal; el superintendente de la Ertzaintza, Juan Carlos García Oteiza; así como numerosas autoridades civiles y militares. El acto tuvo lugar en un clima de emoción y tensa calma, en el que el sacerdote oficiante, Félix Uriarte, señaló que trataba de rendir tributo al policía nacional muerto en atentado y darle el último adiós y manifestó que "esta espiral de violencia ciega, que conduce a nuestra propia destrucción, se repite con demasiada frecuencia (...) el odio criminal ha segado la vida de un esposo y un padre. Los que efectúan acciones tan crueles qué derecho tienen para disponer de la vida de otros hombres", preguntándose asimismo "si es con tiros y con bombas como piensan construir un País Vasco próspero y libre". Finalizado el acto, el féretro, cubierto con la bandera nacional, fue introducido en un furgón y trasladado a Santoña, localidad de origen de Félix Gallego, para ser enterrado allí.

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Entre las reacciones que se sucedieron tras el atentado destacaron las de los sindicatos policiales. El Sindicato Profesional de Policía Uniformada (SPPU) emitió un duro comunicado en el que, tras condenar el asesinato de Félix Gallego, consideraba que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) apoyaba indirectamente a ETA "para conseguir intereses políticos en materia de transferencias". También el Sindicato Unificado de Policía (SUP), a través de sus ejecutivas del País Vasco y Navarra, difundió un comunicado en el que solicitaba a la Ertzaintza "participación en la lucha antiterrorista", así como la creación de un órgano coordinador de información. En el comunicado el SUP advertía que una de las principales causas del descontento entre los agentes destinados en el País Vasco era la negativa por parte de los mandos a concederles traslados a otras regiones, asegurando que "siete de cada diez policías con destinos en País Vasco o Navarra han solicitado el traslado".

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, afirmó que "los terroristas sólo generan rechazo y hacen cada vez más difícil la recuperación y la convivencia [...] esta presión de los terroristas, que pretende alterar a base de muertes la política del Gobierno y los principios en que se inspira no logrará torcer su voluntad de acabar con el terrorismo, una plaga que sólo genera tragedias humanas y rechazo a Euskadi en todo el mundo y que está haciendo cada vez más difícil la recuperación económica y la convivencia democrática en el País Vasco". Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Txiki Benegas manifestó que "no cabe negociación política con los terroristas porque en un Estado democrático no se puede aceptar que prospere la reivindicación de un grupo armado que ha asesinado a quinientas personas". Desde el PNV, tras haber abierto la puerta al diálogo con ETA, se vieron forzados después del asesinato de Félix Gallego a matizar sus declaraciones. Fue su presidente, Jesús Insausti, quien dijo que "primero habría que saber qué entiende ETA y qué entiende HB por negociación. En todo caso, lo primero que sería preciso para dialogar sería crear un clima que no sea de crispación".

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En 1.990 la Audiencia Nacional condenó a cuatro etarras como responsables del atentado contra Félix Gallego y Cándido Martín. Las principales condenas recayeron sobre Juan Carlos Arruti Azpitarte, que acumulaba 30 años de reclusión mayor por el asesinato de Félix, 20 años de reclusión menor por el asesinato frustrado de Cándido y 11 años de prisión por delito de terrorismo. Otros tres terroristas, Carlos Torrecilla Parra, José Ignacio Gaztañaga Vidaurreta y Luis María Azkargorta Belategui, eran condenados a 37 años cada uno como cómplices de los delitos anteriores.

Sin embargo, en mayo de 1.992 los cuatro etarras eran absueltos del delito de terrorismo por el Tribunal Supremo, para no penar dos veces el mismo delito, corrigiendo así a la Audiencia Nacional. Tras el fallo del Supremo, las condenas se veían reducidas de 61 a 50 años de cárcel en un caso, y de 37 a 31 en los otros tres restantes, por entender que tres de los condenados fueron castigados al mismo tiempo como cómplices y autores de colaboración con banda armada.

De los cuatro condenados en 1.990, no todos corrieron la misma suerte. Así, Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra, y José Ignacio Gaztañaga Vidaurreta vieron cómo, al aplicárseles la doctrina Parot, sus respectivas excarcelaciones se veían aplazadas hasta 2.019 y 2.018 respectivamente. Arruti había sido juzgado y condenado por más de veinte delitos, sumando más de 400 años de condenas. La doctrina Parot también le fue aplicada a Gaztañaga Vidaurreta, detenido en 1.988 y condenado a penas que sumaban 161 años. Su excarcelación, prevista para 2.006, quedaba así pospuesta hasta 2.018. No sucedió lo mismo con el histórico etarra Carlos Torrecilla Parra, ingresado en el centro penitenciario de Badajoz y que quedó en libertad en febrero de 2.006 después de acogerse a la redención de penas que aún estaba vigente en el Código Penal. Torrecilla adelantó así en 13 años su salida a la calle, prevista el 12 de septiembre del 2.019. Parra fue el último de los condenados por el antiguo Código Penal que salió de prisión sin verse afectado por la doctrina Parot. Por último el etarra Luis María Azkargorta Belategi abandonó la cárcel en 2.003, tras concedérsele la libertad condicional en una decisión judicial no exenta de polémica. Tras haber cumplido catorce años de cárcel, la juez Ruth Alonso presentó el 14 de diciembre de 2.003 un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en el que solicitaba abstenerse al considerar que su imparcialidad había sido "cuestionada a nivel objetivo" durante la polémica suscitada poco antes tras la excarcelación del miembro de ETA Félix Gil Ostoaga, quien posteriormente se suicidó. El TSJPV desestimó esta petición y respaldó la actuación de la juez, que decidió excarcelarlo. Los informes de la juez indicaban que la actitud de Azkargorta ante la violencia había cambiado por completo, y que su rechazo hacia ésta era ahora "claro y tajante, lo que resulta excepcional en internos de este colectivo". Según dichos informes Azkargorta Belategi mostraba un "contrastable distanciamiento" de los otros miembros de ETA recluidos en la prisión de Martutene, por lo que concluía que "su pronóstico de vida atenida a la legalidad penal es positivo".

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El 1 de julio de 2.007 daba comienzo un juicio en el que el sanguinario exdirigente de ETA, José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, se enfrentaba a una solicitud por parte de la Fiscalía de 61 años de cárcel por este atentado. En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Vicente González-Mota indicaba que Arizcuren, quien en 1.985 utilizaba el alias de Navarro, "se dirigió el 14 de septiembre al domicilio en Vitoria del ya condenado por estos hechos Carlos Torrecilla Parra, donde preparó un artefacto explosivo confeccionado con 3 kilos de dinamita Goma 2 en un recipiente metálico de iniciación eléctrica, que colocaron en los bajos del vehículo de su víctima. Sobre las diez y media de esa mañana, el policía se introdujo en el vehículo en compañía de Cándido Martín Franco con intención de trasladarse a otra localidad y, tras iniciar una maniobra, el mecanismo de la bomba se accionó ocasionando la muerte al agente Gallego y heridas muy graves a su acompañante, además de cuantiosos daños materiales". El fiscal consideraba estos hechos constitutivos de los siguientes delitos: atentado con resultado de muerte, asesinato en grado de frustración y terrorismo con resultado de daños, solicitando para él una pena de 61 años de cárcel. Además, la Fiscalía pedía en su escrito que el acusado indemnizara económicamente a los herederos de Félix Gallego y a Cándido Martín.

Además de los ya condenados por este atentado, la Policía considera que hay otros terroristas responsables que aún no han podido ser juzgados por este crimen. Es el caso por ejemplo de Soledad Iparraguirre, alias Anboto, una histórica de la banda terrorista, acusada de casi una quincena de asesinatos, detenida cerca de Pau (Francia) el 3 de octubre de 2.004 junto a su compañero sentimental y cerebro de la banda Mikel Antza. Soledad Iparraguirre estaba considerada por las Fuerzas de Seguridad como uno de los componentes del Comité Ejecutivo de la banda terrorista ETA junto con Iñaki de Rentería, Mikel Albizu Iriarte, alias Mikel Antza, Asier Oyarzabal y José Luis Arrieta, alias Azkoiti. En diciembre de 2.010 fue condenada por el Tribunal de lo Criminal de París a veinte años de prisión, de los que deberá cumplir al menos dos tercios.

Félix Gallego Salmón había nacido el 13 de abril de 1.949 en Santoña (Cantabria), por lo que en el momento de su muerte tenía 36 años. Estaba casado y era padre de cuatro hijos, de los que el menor tenía solamente nueve meses y los otros tres tenían, respectivamente 8, 4 y 3 años. Pertenecía a la 66ª bandera de la cuarta compañía de la Policía Nacional, con destino en Vitoria, y llevaba diez años viviendo en esta ciudad.

De acuerdo con el Real Decreto 1404/2.000, con fecha 19 de julio de 2.000, se le concedía la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2.005 (Real Decreto 308/2.005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso, con carácter honorífico y a título póstumo, al puesto de Oficial de Policía.

También el día 14 de septiembre de 2.015 se cumplen 23 años del asesinato de Ricardo González Colino (Agente de la Policía Ncional) a manos de la banda terrorista ETA. A la una y cuarto de la madrugada del lunes 14 de septiembre de 1.992, un miembro de la banda terrorista ETA asesinaba en San Sebastián (Guipúzcoa) al policía nacional Ricardo González Colino, disparándole a bocajarro un tiro en la cabeza.

Ricardo, que estaba fuera de servicio y vestía de paisano, se encontraba a punto de comenzar una partida de cartas, en el Bar 19 de la calle Eguía de San Sebastián, del que era asiduo cliente. Junto a él, sentados a la mesa, estaban el dueño del bar y un amigo, cuando entró un encapuchado vestido con un chubasquero azul y, sin mediar palabra, le descerrajó un tiro en la nuca y escapó a pie, aprovechando la confusión de los compañeros de partida del agente asesinado. Ricardo falleció prácticamente en el acto, quedando la bala alojada en su cabeza. En la escena del crimen se recogió un casquillo del calibre 9 milímetros parabellum.

El asesinato ocurría apenas unas horas antes de la reunión de la Mesa del Pacto de Ajuria Enea, convocada para ese mismo día en Vitoria por el lehendakari, José Antonio Ardanza. El atentado contra Ricardo se produjo a escasos doscientos metros de distancia del Bar El Puente, en el que en octubre de 1.991 ETA había asesinado a dos guardias civiles. Pruebas de balística demostraron que el arma empleada para asesinar a Ricardo, se había utilizado anteriormente –el 17 de agosto de 1.992- en el asesinato de otros dos guardias civiles, José Manuel Fernández y Juan Manuel Martínez, en el aparcamiento del hipermercado Mamut de Oyarzun. Esa misma arma fue utilizada, después del asesinato de Ricardo González, en varias ocasiones: el 19 de enero de 1.993, en el atentado mortal contra el empresario guipuzcoano José Antonio Santamaría y el 21 de enero de 1.993, en el asesinato del funcionario de prisiones José Ramón Domínguez. Según informaron fuentes policiales tras el asesinato de Ricardo, en el atentado contra los guardias civiles en agosto de 1.992 el modus operandi del asesino había sido ligeramente distinto, puesto que en esa ocasión iba a cara descubierta y el arma utilizada no había sido empleada en otros atentados hasta ese momento.

La Policía barajó la posibilidad de que el grupo responsable de dichos atentados contara con informadores en la zona. Tales informadores habrían sido los responsables de señalar las rutinas y los horarios de Ricardo González, quien solía mantener costumbres relativamente fijas.

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La capilla ardiente por el policía asesinado quedó instalada en el Gobierno Civil de San Sebastián, adonde acudieron los padres del fallecido, que se desplazaron desde Zamora. El funeral se celebró el mismo día 14 en la Iglesia de la Sagrada Familia de San Sebastián. El director general de la Policía, Carlos Conde Duque, y el consejero de Interior, Juan María Atutxa, fueron los encargados de presidirlo en un ambiente de tenso dolor. Al acto asistieron también el delegado del Gobierno, José Antonio Aguiriano; los tres gobernadores civiles de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, José María Gurruchaga, Daniel Vega y César Milano; representantes del PSE-PSOE y del PP; el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza; así como otras autoridades civiles y militares, acompañando a los familiares y amigos de Ricardo González.

Los restos mortales de la víctima fueron trasladados a su localidad natal, Cerezal de Sanabria, en Zamora. Allí tuvo lugar otra misa funeral al día siguiente, teniendo que celebrarse en la plaza de la localidad, dado que las reducidas dimensiones de la iglesia no permitían albergar a todos los vecinos y familiares que fueron a rendirle su último adiós. Tras la despedida se procedió a dar sepultura al cuerpo sin vida de Ricardo González. En el entierro y según publicó La Vanguardia, un hermano del policía nacional asesinado trató de agredir a algunas de las autoridades presentes. El incidente se produjo a la salida del cementerio, cuando varios de los familiares y amigos de la víctima tuvieron que sujetar al hermano, que intentó agredir a algunas de las personalidades presentes, entre las que se encontraban el delegado del Gobierno en Castilla León, Arsenio Lope Huerta; el consejero de Presidencia del Gobierno regional, César Huidobro y el Gobernador civil de Zamora, Ángel Gavilán. A la salida del templo, los asistentes despidieron con una ovación el féretro de Ricardo González Colino.

Los sindicatos policiales emitieron durísimas condenas del atentado cometido contra su compañero. La Unión Federal de Policía (UFP), lamentó que "haya declaraciones de políticos hechas tan a la ligera, sin sopesar los posibles resultados, como presumiblemente, en este caso, en que ETA demuestra su capacidad operativa poniendo cadáveres sobre la mesa". Estas palabras hacían referencia a las que, apenas dos días antes, había pronunciado el entonces presidente de la Ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco, Xabier Arzalluz, quien había afirmado que ETA "se ha ido", aunque "podrán hacer cosas, pero ya no tiene proyecto, sus esquemas ideológicos han caído completamente y su capacidad operativa también y aunque puedan poner coches-bomba, esto ya no tiene una perspectiva de futuro y eso está claro". Arzalluz había efectuado tales declaraciones en un contexto particularmente delicado, dado que su partido mantenía negociaciones con Herri Batasuna y pretendía que el resto de formaciones políticas también tendieran puentes al brazo político de los asesinos. Por este motivo, en el comunicado fechado el mismo día del atentado, la UFP solicitaba abiertamente la cadena perpetua para los terroristas y, parafraseando a Arzalluz, aseguraba que con el asesinato de Ricardo ETA pretendía demostrar que "no se ha ido". El sindicato afirmaba además que "está claro que estos cobardes no hacen otra cosa mejor para el pueblo vasco que sembrar esta tierra de muertos". Por su parte, la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU), pedía a los políticos firmantes del Pacto de Ajuria Enea "que piensen en las próximas víctimas de las ratas asesinas, piensen en ellos y en sus familias, y llegarán a la siguiente conclusión: en las cárceles encerrados a cadena perpetua no cometerán atentados (...) los partidos políticos dedican muchas horas a los del tiro en la nuca, discutiendo reinserciones sí o no, negociaciones sí o no, diálogo sí o no. Mientras tanto, servidores de la sociedad caen abatidos". Es imposible no estar de acuerdo con estos comunicados policiales contra la clase política en general, y los nacionalistas en particular.

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Pero los sindicatos policiales no fueron los únicos que contestaron duramente a Arzalluz en relación con las palabras que había pronunciado poco antes del atentado. Así, el diario ABC dedicaba su portada del día 15 al político nacionalista, cuya foto ocupaba la mitad de la misma. La otra mitad le correspondía a la foto del féretro del policía asesinado, portado por sus compañeros. En el texto de portada que acompañaba a sendas imágenes, ABC titulaba: "Con la sangre de un policía español, ETA respondió a Arzalluz", y bajo éste, refiriéndose a la frase polémica del dirigente ("la violencia se ha acabado; ETA se ha ido"), decía: "Con esa frase el singular dirigente peneuvista pensaba plantear de nuevo la negociación directa o indirecta con la banda etarra sin otro resultado real que robustecerla y con un grave deterioro para la dignidad nacional".

El obispo de San Sebastián, José María Setién, en un comunicado destinado a ser leído en el funeral, calificó el asesinato como un "atentado brutal", lamentando que "las reiteradas llamadas y condenas hechas en contra de estas acciones criminales siguen siendo inútiles" y que "el derecho a la vida haya sido brutalmente aniquilado una vez más".

El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, manifestó desde Barcelona que el Ejecutivo no podía ceder ante el chantaje etarra, y que la muerte del policía nacional "hecha de forma cruel con un tiro en la nuca a una persona que estaba en descanso, me reafirma en que estamos en buen camino en la lucha contra el terrorismo". Serra señaló que el fin del terrorismo tendría que llegar, fundamentalmente, desde tres líneas de actuación diferentes: "La primera es la de un frente de consenso democrático, aislando a los que defienden la violencia, con lo que el Pacto de Ajuria Enea es un arma muy eficaz; la segunda es el frente policial y la tercera es la compenetración con terceros países para localizar a los terroristas", destacando "el importante papel que está jugando Francia en estos últimos meses".

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El mismo día del atentado, tal y como estaba previsto, se reunieron los partidos firmantes del Pacto de Ajuria Enea, con la ausencia de Eusko Alkartasuna y Euskal Ezkerra. Tras ocho horas de reunión se acordó por unanimidad considerar "contraproducente" cualquier gesto de acercamiento a Herri Batasuna. Del mismo modo, los presentes manifestaron su voluntad de que "cualquier iniciativa particular de diálogo que un partido considere, en un momento dado, conveniente para alcanzar el fin que todos perseguimos, antes de ser puesta en práctica y sin merma de la autonomía de cada partido, deberá ser comunicada y debatida en la Mesa en orden a conseguir un mayor consenso". Esas palabras iban claramente dirigidas al Partido Nacionalista Vasco y, la prueba más clara del escaso valor que pudiera tener el pacto se vio reflejada en la contestación inmediata de Xabier Arzalluz. El líder nacionalista aclaró que su partido no renunciaba "a su libertad de diálogo", aclarando que "en las circunstancias" de ese momento concreto no iban a retomar las negociaciones con HB. Precisamente desde Herri Batasuna, Florencio Aoiz y Juan Cruz Idígoras aseguraron que la reunión era "un nuevo intento de cerrar la vía del diálogo". Eusko Alkartasuna, una de las dos formaciones que se abstuvieron de asistir a la Mesa, señaló que daba "la bienvenida a lo que se acuerde en la Mesa de Ajuria Enea, siempre que sea conforme a sus objetivos originales", pero recalcaba que el comunicado era "ambiguo y se ha realizado para salir del paso y evitar el desmarque, pero no resuelve las discrepancias reales existentes en los partidos que lo han suscrito". El presidente de la formación, Carlos Garaikoetxea, afirmó que su partido no se fiaba "de unos partidos que ya han defraudado anteriormente con sus actitudes partidistas a la sociedad". Euskal Ezkerra, la otra formación que no participó en la reunión del Pacto de Ajuria Enea, exigió a ETA "que silenciara las armas" para que el País Vasco no se convirtiese "en un pequeño Sarajevo".

Ricardo González Colino, de 38 años, estaba soltero y era natural de Cerezal de Sanabria (Zamora). Llevaba destinado en San Sebastián once años y en el momento de su muerte desempeñaba labores de radio patrulla en las unidades de seguridad ciudadana de esta ciudad, en la que estaba muy arraigado. Como a otros miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado caídos en actos terroristas, en resolución fechada el 18 de marzo de 2.005 (Real Decreto 308/2.005), el Ministerio del Interior le concedía el ascenso, con carácter honorífico y a título póstumo, al puesto de Oficial de Policía.

Hoy día 16 de septiembre de 2.015 se cumplen 32 años del asesinato de Pablo Sánchez César (Agente de la Policía Nacional) a manos de la banda terrorista ETA. A las 7:55 horas del viernes 16 de septiembre de 1.983, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en la localidad guipuzcoana de Urnieta (Guipúzcoa) al policía nacional Pablo Sánchez César mientras esperaba la llegada del tren para trasladarse al cuartel de San Sebastián donde prestaba servicio. Todas las mañanas, a la misma hora, el agente hacía el mismo trayecto hasta el apeadero del tren para dirigirse al cuartel. Ese día, Pablo Sánchez se dio cuenta de que tres individuos, que le resultaron sospechosos, se acercaban a él, por lo que intentó protegerse en el edificio de la estación. Sin embargo, el agente, que iba desarmado y vestía de paisano, fue alcanzado por disparos de un subfusil y rematado con un disparo en la cabeza por uno de los terroristas, que actuaron a cara descubierta.

Los disparos de los terroristas provocaron el pánico entre las numerosas personas que esperaban en los andenes la llegada del tren. Tras el asesinato, los terroristas huyeron en un taxi estacionado en las proximidades. El vehículo había sido robado en Hernani una hora antes a su propietario, el taxista Manuel Garayar Otegui, que relató posteriormente que, cuando estaba en la parada, se le acercaron dos individuos que le dijeron en euskera: "Somos de ETA, entre en el coche".

En el lugar de los hechos la Policía Municipal de Urnieta encontró siete casquillos de bala marca FS, del calibre 9 milímetros parabellum.

El cuerpo de Pablo Sánchez César fue trasladado a las nueve y media de la mañana al cementerio donostiarra de Polloe, después de que el juez ordenara el levantamiento del cadáver. Una vez practicada la autopsia, los restos mortales del agente fueron conducidos al Salón del Trono del Gobierno Civil de Guipúzcoa donde se instaló la capilla ardiente.

El lehendakari del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea, presidió por la noche del mismo día del atentado, junto al ministro del Interior, José Barrionuevo y el presidente de la Junta de Extremadura, el funeral por el alma de Pablo, que se celebró en Urnieta. La ceremonia religiosa se inició con un retraso considerable porque tuvieron que esperar a que los padres del policía llegasen desde Badajoz. Finalizado el acto Garaikoetxea y Barrionuevo se trasladaron al apeadero de Urnieta, el lugar del atentado. Allí, el lehendakari manifestó que el asesinato del policía nacional era igual de brutal que todos los demás. "Como nacionalista vasco y como lehendakari de este pueblo, quiero expresar una vez más mi dolor y repugnancia, sentimientos que he sentido siempre y que transmito en nombre de mi pueblo al presidente de la Junta de Extremadura".

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En 1.986 la Audiencia Nacional condenó a Jesús María Zabarte Arregui y José Antonio Pagola Cortajarena, miembros del grupo Donosti de ETA, a sendas penas de 29 años de reclusión mayor por un delito de atentado con resultado de muerte.

Pablo Sánchez César tenía 24 años de edad, estaba casado con Amalia García Mora y era padre de una niña de 13 meses. Natural de Badajoz, estaba destinado desde dos años antes de su asesinato en el cuartel de la Policía Nacional de Aldapeta, en San Sebastián. Desde un año antes vivía en Urnieta con su mujer, sus suegros y su hija. El sábado 17 de septiembre más de dos mil personas asistieron en Hoyos (Cáceres), localidad natal de la esposa de Pablo, a un segundo funeral y al entierro del agente asesinado. El cadáver había sido trasladado en avión desde San Sebastián hasta la base aérea de Talavera la Real y desde allí, por carretera, hasta Hoyos, donde fue recibido por la corporación municipal en pleno y miembros de la Guardia Civil. Prácticamente todo el pueblo desfiló por la capilla ardiente, instalada en el Ayuntamiento. En el funeral, oficiado por el cura párroco de la localidad, estuvieron presentes el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra; el gobernador civil de Cáceres, autoridades locales y militares, además de policías nacionales y guardias civiles desplazados desde Cáceres, Badajoz, Salamanca y Valladolid. La esposa, padres y ocho hermanos del policía asesinado se negaron a hacer declaraciones, dejando como portavoz a la alcaldesa de Hoyos, Asunción Merino, que transmitió esta frase de los familiares: "Por favor, que se arregle esta situación. Ya está bien que cada día caiga un hombre por la Patria". Amalia y su hija fijaron su residencia en Hoyos tras el asesinato de Pablo. El 16 de marzo de 2.001 el Consejo de Ministros concedió, a título póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a diez personas que perdieron la vida en atentados de ETA, entre ellos a Pablo Sánchez César.

También, por desgracia, hoy día 16 de septiembre de 2.015 se cumplen 24 años de los asesinatos de José Luis Jiménez Vargas (Agente de la Policía Municipal), Víctor Manuel Puertas Viera (Agente de la Policía Municipal) y Francisco Cebrián Cabezas (conductor de la grúa municipal) a manos de la banda terrorista ETA. El 16 de septiembre de 1.991 dos policías municipales, José Luis Jiménez Vargas y Víctor Manuel Puertas Viera, y el conductor de la grúa municipal, Francisco Cebrián Cabezas, fueron asesinados por la banda terrorista ETA al estallar un coche-bomba que trasladaban a un depósito de vehículos en Muchamiel (Alicante).

La banda terrorista ETA quiso repetir ese 16 de septiembre la salvajada que tres meses y medio antes, el 29 de mayo, había perpetrado en la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic (Barcelona), o la que cuatro años antes había cometido contra el acuartelamiento de Zaragoza, el 11 de diciembre de 1.987. Esta vez el objetivo era cometer una masacre en la casa cuartel de la Benemérita en Muchamiel, donde vivían seis guardias civiles, tres de los cuales estaban casados y residían allí con sus familias, de los que cinco eran niños pequeños. Junto al edificio se encontraba, además, el Colegio Público El Salvador, cuyos alumnos iniciaban las clases en la mañana de 16 de septiembre. Pero nada de eso fue un impedimento para que la banda de asesinos pusiese en el punto de mira el acuartelamiento de Muchamiel.

Para cometer el atentado, los asesinos de la banda trasladaron a la localidad alicantina un coche robado meses atrás en el País Vasco. Tras cargarlo con una potente bomba, el coche fue lanzado sin conductor contra la casa cuartel, con una barra antirrobo en el volante para orientar la dirección, el contacto puesto y una marcha metida. Sin embargo, el coche no se dirigió hacia la casa cuartel, sino que se estrelló contra la fachada de una sucursal bancaria, en la acera opuesta de la avenida Carlos Soler donde estaba el acuartelamiento de la Guardia Civil.

Tras fallar en el objetivo, los terroristas no accionaron el iniciador del artefacto explosivo por lo que, cuando el director de la oficina bancaria llegó al trabajo a las ocho de la mañana, avisó a los agentes de la Guardia Civil que en esos momentos abrían la puerta de la casa cuartel.

Minutos después, se personaron en el lugar dos policías locales que llamaron a una grúa para trasladar el vehículo al depósito, un solar al aire libre situado a unos doscientos metros del cuartel. Hacia las 9:40 horas, cuando estaban bajando el vehículo, estalló la bomba matando en el acto a Francisco Cebrián Cabezas, conductor de la grúa, y a los policías municipales José Luis Jiménez Vargas y Víctor Manuel Puertas Viera. Ni el director de la oficina bancaria, ni la Guardia Civil, ni los policías municipales sospecharon en ningún momento que el vehículo fuese un coche-bomba cargado con 50 kilos de explosivo, sino que creyeron que se trataba de un accidente de tráfico.

Además de las tres víctimas mortales, cuatro personas resultaron heridas de gravedad: María del Carmen López Amador, incapacitada durante 330 días; María África Antón González, impedida 331 días; Felisa Azor Troyano, que no recibió el alta médica hasta 470 días después, y Juan Capella Valls, que tardó 158 días en curar sus heridas. Otras treinta y seis personas, entre ellas Noelia Berenguer, un bebé de un mes, resultaron heridas de diversa consideración y precisaron de atención médica.

La explosión provocó también cuantiosos estragos materiales en los vehículos e inmuebles de los alrededores, cuyas estructuras, ventanas y balcones quedaron seriamente afectados por la onda expansiva. Todos los cristales estallaron y quedaron destrozados los toldos y persianas de muchos edificios.

Por la tarde se instaló la capilla ardiente en la Iglesia arciprestal de El Salvador en Muchamiel. Unas seiscientas personas acudieron al funeral por los tres fallecidos, que fue oficiado por el obispo de Orihuela-Alicante, Francisco Álvarez Martínez. Al día siguiente se celebró en el mismo lugar un segundo acto religioso, concelebrado por doce sacerdotes, al que asistieron entre otras autoridades el ministro del Interior, José Luis Corcuera, el presidente de la Generalidad de Valencia, Joan Lerma, y el director de la Guardia Civil, Luis Roldán. Más de diez mil personas asistieron a la misa en un ambiente de consternación y rabia contra la barbarie de la banda terrorista.

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En enero de 2.007 el Ayuntamiento de Muchamiel aprobó por unanimidad dar a tres calles de esa localidad alicantina los nombres de los asesinados en este atentado. "Todos recordamos lo sucedido y este gesto era algo que estaba pendiente con ellos y con sus familiares", manifestó Josep Antoni Miquel, portavoz del grupo socialista en la corporación municipal, el día que se aprobó la moción.

El recorrido judicial de este atentado fue largo, celebrándose el primer juicio en 1.995. Ese año la Audiencia Nacional condenó a Gonzalo Rodríguez Cordero y José Gabriel Zabala Erasun a sendas penas de 136 años de prisión como autores de los delitos de utilización ilegítima de vehículos de motor, sustitución de placas de matrícula, tenencia de explosivos y como cooperadores necesarios de un delito de atentado, tres de asesinato, cuatro de lesiones y uno de terrorismo. El tribunal consideró hechos probados que los dos etarras robaron en junio de 1.991 en Zarauz (Guipúzcoa) un Ford Fiesta y que, tras cargarlo de explosivos en una lonja preparada al efecto en Oyarzun, le cambiaron la matrícula por otra falsa y lo entregaron a los miembros del grupo Levante de ETA.

En 1.999, la Audiencia Nacional condenó al etarra Fernando Díez Torres a 38 años de cárcel. Este etarra fue quien facilitó a los miembros de la banda la infraestructura necesaria para cometer diversos atentados en las provincias de Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante y Murcia entre finales de 1.991 y marzo de 1.992. En el año 2.002 fueron condenados por la Audiencia Nacional José Luis Urrusulo Sistiaga e Idoia López Riaño que, como integrantes del grupo Ekaitz de ETA, cometieron diversos atentados terroristas durante el mismo período de tiempo que Díez Torres y en las mismas provincias. La sentencia les impuso sendas penas de 38 años de prisión por los delitos genéricos de pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de explosivos y armas, y por falsedad documental.

Francisco Cebrián Cabezas, conductor de la grúa municipal, tenía 40 años. Natural de Cedrillas (Teruel) ingresó en la Guardia Civil, siendo destinado al cuartel de San Juan (Alicante), según publicó el diario Información (17/09/1.991). Allí conoció a una vecina de Muchamiel, con la que se casó y tuvo cuatro hijos, que en el momento de su asesinato tenían entre 17 y 8 años. Posteriormente se licenció de la Benemérita y montó una fábrica de hilatura junto a otro socio. Cuando fue asesinado, Francisco era propietario de la grúa que tenía arrendado el servicio de recogida de vehículos en Muchamiel. Fue enterrado en el cementerio del pueblo. Tres días después del asesinato, el padre de Francisco contó qué sentía tras perder a su hijo: "Qué te puedo decir, que Francisco era un hombre bueno, que era muy de su casa, que por suerte o por desgracia todos en la familia somos de la Guardia Civil y mira por dónde nos ha ido a tocar la china ahora cuando él creía que ya podría vivir tranquilo. No sé, sólo siento que me han quitado a mi hijo y pienso en mis pobres nietos" (Información, 19/09/1.991).

José Luis Jiménez Vargas, policía municipal de 28 años, no estaba casado pero tenía novia. Entre sus funciones como agente municipal estaba regular el tráfico en las inmediaciones del colegio público de educación primaria El Salvador situado a escasos metros de la casa cuartel de la Guardia Civil. Los restos mortales de José Luis fueron enterrados en el cementerio de Muchamiel, donde residía.

Víctor Manuel Puertas Viera, policía municipal de 21 años, ocupaba una plaza como interino desde dos años antes de ser asesinado. Era vecino de Alicante, donde fueron enterrados sus restos mortales. Pese a su juventud, había sido voluntario de la Cruz Roja y, tras cumplir el Servicio Militar, colaboró con la organización en el área de salvamento marítimo y socorrismo. Dos de sus hermanos pertenecían también a la Policía Municipal (La Verdad, 18/09/1.991).

Desgraciadamente hoy también se cumplen 22 años del asesinato de Juvenal Villafañe García (subteniente de la Guardia Civil retirado) a manos de la banda terrorista ETA. A las 17:20 horas del 16 de septiembre de 1.993, la banda terrorista ETA asesinaba en Andoain (Guipúzcoa) al subteniente de la Guardia Civil retirado Juvenal Villafañe García mediante una bomba colocada bajo el asiento del conductor de su vehículo particular que explotó nada más poner en marcha el coche.

El atentado se produjo en las proximidades de su domicilio en Andoain. La explosión arrojó a la víctima a la calzada, que quedó con la mitad inferior de su cuerpo completamente destrozada y una pierna prácticamente amputada. Una ambulancia de la Cruz Roja lo trasladó a la residencia Nuestra Señora de Aránzazu, de San Sebastián, donde ingresó cadáver.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) señaló en un comunicado que "sobra la intolerancia y el fanatismo: sobra ETA", añadiendo que, "a buen seguro, los miembros de KAS de Euskal Herria, y más en concreto los de Andoain, aplauden y jalean este tipo de atentados, aunque sea en la intimidad. Tienen que saber que tarde o temprano serán descubiertos". Un día antes del asesinato de Juvenal Villafañe, el proetarra Jon Idígoras (Herri Batasuna) había avisado de que los atentados de ETA seguirían hasta que se cambiara la Constitución y se reconociera el derecho de autodeterminación de los vascos. También advertía que, aunque se produjesen detenciones de miembros de ETA, "la situación social permite que ETA se pueda regenerar rápidamente".

El asesinato de Juvenal Villafañe, reivindicado por la banda terrorista ETA en un comunicado publicado en Egin el día 28 de septiembre, ha quedado impune.

Juvenal Villafañe García, de 78 años, era vecino de Andoain desde veintiséis años antes, aunque había nacido en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas en 1.915. A principios de la década de los sesenta fue destinado al cuartel de la Guardia Civil de Andoain, por lo que los vecinos del pueblo le apodaban "el sargento". En septiembre de 1.968 se retiró de la Guardia Civil y trabajó durante una década como funcionario de la Diputación de Guipúzcoa. Desde que se jubiló se dedicaba a tramitar licencias de caza y pesca, pasaportes y todo tipo de documentación para los vecinos de Andoain, por lo que era muy conocido en la localidad. Juvenal Villafañe estaba casado, era padre de tres hijas y abuelo de un nieto. Sus restos mortales fueron enterrados en Islares (Cantabria), localidad natal de su viuda, la tarde del 18 de septiembre. Ese mismo día, Blanca Villafañe, una de las tres hijas de la víctima, declaró que ella perdonaría a los asesinos de su padre "si sintiesen que necesitan ser perdonados, pero como no lo van a sentir, no se me ocurre hablar de perdón". A lo que añadió que los que habían asesinado a su padre - "un padrazo, el mejor marido del mundo y una buena persona"-, "ni son gente ni son personas, son bestias" (ABC, 18/09/1.993).