Tarde, puede que con desgana, incómodo por los días de tensión que se avecinan, Rajoy ha puesto en marcha la maquinaria del Estado para intentar frenar el riesgo de secesión en Cataluña.
Todo Estado tiene derecho a defenderse de quienes intentan destruirlo. Como recordó ayer sutilmente Angela Merkel, en una referencia inequívoca a Mas: «Hay tratados europeos que nos obligan a todos y que garantizan la integridad y la soberanía de todos los países miembros».
Es evidente que Rajoy ha movido sus influencias para que la canciller hiciera explícita su posición sobre el separatismo. Al igual que tampoco hay duda de cuál es la intención del Gobierno al instar, a través del PP, la modificación, por vía de urgencia, de la ley que regula los atributos del Tribunal Constitucional. La mayoría absoluta en las Cortes asegura que, antes de que concluya esta legislatura, el Alto Tribunal podrá sancionar y suspender de sus funciones a Mas o a los miembros de su gobierno si declaran la independencia.
Malestar en el TC por las formas de la modificación legal de sus atribuciones
La cuestión es que ese movimiento pone en bandeja al independentismo el argumento de que el poder ejecutivo utiliza una vez más al TC para lograr sus objetivos, sin cuidar tiempos ni formas.
El contenido de la modificación, que da instrumentos al TC para que se cumplan sus resoluciones, no es algo que preocupe a sus miembros. Pero sí que se haya hecho en plena precampaña y de la mano del candidato del PP, que presentó la enmienda en el Congreso sin ni siquiera ser diputado. «La broma se ha acabado», exclamó García Albiol.
La opinión de la mayoría de los miembros del TC es que «la modificación había que haberla planteado antes y, a ser posible, pactada con el PSOE».
A pesar del malestar causado entre los miembros del Alto Tribunal por la urgencia con la que se pretende modificar la Ley Orgánica del TC, parece evidente que el gesto político responde a una demanda ciudadana. Mucha gente no se explica por qué el presidente de la Generalitat catalana puede incumplir la ley sin que nada le suceda. Al igual que tampoco se entiende muy bien como hasta ayer la poderosa patronal Fomento del Trabajo no alertase de la «preocupación» que genera entre los empresarios la aventura independentista de Mas.
Ante las pruebas (como las reveladas ayer por EL MUNDO) de la corrupción que ha sostenido durante años a Convergència, los partidos soberanistas hablan de «utilización» de los medios del Estado, o de una «campaña orquestada». A mí, como a la mayoría de los españoles, lo que me llama la atención es que se haya tardado ¡diez años! en demostrar que la acusación de Maragall («su problema es el 3%», le espetó a Mas en el Parlament) era cierta y que su rectificación fue fruto de un vergonzante pacto de silencio.
El problema no es que el Estado actúe ahora. La cuestión es que no lo haya hecho hasta ahora.
