Echara sanchez a griñan y chaves del PSOE ?

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional mantiene abierta desde primera hora de la mañana una macrooperación policial en Andalucía en el marco de la investigación por el supuesto fraude de los cursos de formación en la comunidad. Fuentes policiales apuntan que se podrían realizar entre 70 y 90 detenidos en varias provincias, vinculados todos ellos a las empresas que recibieron las subvenciones para impartir los cursos.

Fuentes policiales han confirmado que se trata de una nueva fase de la 'operación Edu', que se ha denominado 'Edu Costa' al desarrollarse principalmente en Málaga, Cádiz y Almería. Las detenciones y los registros se prolongarán durante varios días. Todas las intervenciones están vinculadas con las empresas que recibieron las ayudas y cometieron numerosas irregularidades, como incumplir los compromisos de contratación de los alumnos, no impartir los cursos o falsear los listados de alumnos. Muchas de las empresas, según las pesquisas policiales, incluso cerraron nada más captar el dinero de las ayudas, que se entregan al 75% y con la obligación de justificar las actividades para recibir el 25% restante.

Algunas fuentes señalan que entre los detenidos habría personas vinculadas al PSOE e incluso algunos cargos o excargos públicos, como el concejal socialista de Arcos, Julio Delgado Macías, al que se le toma declaración en relación a los cursos organizados por su empresa Delta Asesores, según publica 'La Voz de Cádiz'. La exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, está entre los imputados y ella misma ha explicado que ha declarado ante la Policía durante 8 minutos al estar investigando supuestas irregularidades en unos cursos de formación que solicitó Mercajerez, una entidad que ella presidía como regidora de la ciudad gaditana. "Mercajerez es una sociedad mixta, cincuenta por ciento privada y cincuenta por ciento municipal. La presidencia la ejerce el alcalde o alcaldesa de la ciudad pero las competencias las desarrolla y ejerce la gerencia y la vicepresidencia", ha apuntado Sánchez.

Ya en fases anteriores se detuvo a un exconsejero autonómico, Ángel Ojeda, que se recicló tras abandonar la administracion montando un entramado de empresas para conseguir en torno a 40 millones de subvenciones de cursos de formación.

Primera fase

La operación Edu saltó a la luz pública en primavera del pasado año y hay diligencia judiciales en todas las provincias andaluzas, parte de las cuales están en manos de la juez Mercedes Alaya, responsable también del caso de los Ere fraudulentos. Los agentes estiman que el fraude podria ascender a 3.000 millones de euros, ya que ponen en duda todas las ayudas concedidas entre 2007 y 2011. Sin embargo, la revisión de oficio de todos los expedientes de ayudas que se llevó a cabo tras la llegada a la presidencia del Gobierno autonómico de Susana Díaz elevó ese importe a 20,4 millones de euros, según las últimas cifras dadas por el ejecutivo regional el pasado mes de diciembre. Una cifra que corresponde al 10% de los 6.680 expedientes ya revisados, aunque todavía están siendo analizados otros 2.000 aproximadamente. Se trata de ayudas recibidas y no justificadas debidamente, por lo que la Junta de Andalucía ha iniciado ya los expedientes de reintegro.

ESPAÑA / FRAUDE EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN
La «operación Edu» podría durar seis meses y llegar a los 500 detenidos
J. M. Z. /Larazon.es. Madrid. Hace 37 minutos

La segunda fase de la «operación Edu» iniciada hoy por la Policía Nacional en Cádiz, Málaga y Almería tiene entre sus objetivos la detención de entre setenta y noventa personas. Sin embargo, su duración prevista será de seis meses y la cifra de detenidos podría llegar a los 500.

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van a estar mas imputados que afiliados....

La juez Mercedes Alaya ha dictado un nuevo auto en el que amplía las imputaciones de varios exaltos cargos e imputa a 34 nuevas personas en relación con las ayudas a la Sierra Norte y fija un nuevo calendario de declaraciones a partir del 23 de marzo, día después de las elecciones autonómicas. Y también afirma que el exconsejero José Antonio Viera, asistió a varias reuniones de la Sierra Norte. Con las nuevas imputaciones Alaya alcanza ya la cifra record de 265 imputados.

En el auto la instructora amplía las imputaciones del exconsejero Antonio Fernández y el exconsejero de Innovación, Martín Soler, el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y otros exaltos cargos como Agustín Barberá, Manuel Enrique Rodríguez Contreras, Francisco Mencía, Miguel Angel Serrano. Todos ellos son citados el próximo 7 de abril.

Todos ellos son nuevamente citados tras recibir un atestado sobre las ayudas dadas por la Consejeria de Empleo a la Sierra Norte, cuyo denominador común es «la ausencia de procedimiento, carentes de solicitud y de documentación justificativa». Alaya asegura que las ayudas otorgadas a un grupo de empresas de la Sierra Norte fueron concedidas para «favorecer a sus dueños con los que existían lazos de amistad».

Pero tras analizar el atestado Alaya decide imputar a 34 nuevas personas a las que cita a declarar. Entre esas imputaciones, todas ellas relacionadas con las empresas de la Sierra Norte, Alaya asegura que el exconsejero de Empleo, José Antonio Viera (que está siendo encausado en el Tribunal Supremo) era muy amigo del exdelegado de Empleo, Antonio Rivas, y asistió a diversas reuniones con los empresarios y con el alcalde de Guadalcanal, Carmelo Montero.

La juez tambíen cita para el próximo 19 de febrero a los peritos generales de la Intervención y pide que se una a la causa el informe aportado por la defensa del expresidente José Antonio Griñán al Tribunal Supremo y en el que dos catedráticos contrarrestaban el informe de la Intervención. Con ello la juez pretende que los interventores expongan sus tesis para sostener las acusaciones contra los exaltos cargos de la Junta.

Regalos a Guerrero

Así los nuevos imputados son el exalcalde de de El Pedroso, Antonio Diana Expósito, que obtuvo una subvención de 60.000 euros para ampliar una gasolinera y que, en compensación le regaló a Guerrero un equipo GPS con DVD y dos pantallas de televisión instaladas en un BMW. Por ello la juez le imputa prevaricación y malversación.

Igualmente imputa a Antonio Florencio Suárez y Santiago Florencio Pablo, pertenecientes a la empresa Coflosur que recibieron para sue empresa una subvención de 60.000 euros sin justificación ni memoria. De la empresa Atarazanas de Constantina imputa a Manuel Fuentevilla Valverde y José Montesinos Cabrera así como Luis Martínez Perea que consiguieron a través de la infuencia de Guerrero la creación de una cooperativa y la construcción de un aserradero de madera de castaño en Constantina.

Otros imputados son José Gómez Muños que explotaba «La Taberna el Cruce» y que pidió a Guerrero una ayuda de más de 90.000 euros. Estalisnao Reina, de Rail e Infraestructuras S.A. que tenía una estrecha amistad con Guerrero y que pertenecía a la anterior sociedad. También imputa a José Bermúdez Ávila y Rosario Rodríguez Barranquero que obtuvieron una ayuda de mas de 390.000 euros y a Carmelo Montero Cabezas que gracias a sus relaciones de amistad con el gerente provincial de Empleo, Manuel Enrique Rodríguez Contreras, obtuvo una subvencion de un millón de euros.

También de la Sierra Norte imoputa a Juan Manuel Prieto Guerra por lograr una ayuda de 180.000 euros y a Alfonso Manuel García Delgado que junto con su socio José Grueso García obtuvo una ayuda de 100.000 euros sin cumplir los requisitos. De la cooperativa Virgen del Belén imputa tambíen a Luis García García que obtuvo una ayuda de 270.000 euros y a Antonio Bermejo García de Pema Jamones y Embutidos que logró 700.000 euros de Guerrero. Benito Migule Oliver, Fernando Migule Cornello, Juan Luis Mariscal, Juan Martínez Sevilla, Lucía Piñero y Julia Piñero y Sandra Caballero, los cuales lograron igualmente ayudas de Empleo, complementan la lista de imputados. Manuel Romero Alvarez, Guillermo Romero y Juan Miguel Mejías además de Miguel Sáenz, José Antonio Méndez, Rosario Parrado, Manuel Grueso, Carmen Muñoz y Carmelo Montero. Todos ellos están citados a declarar el 23 de marzo.

Solfam, pero aqui no passsaaa naaadaaa, volveran a ganar las proximas elecciones ya lo veras, aqui en Andalucia existe una administracion paralela (amiguetes y demas del psoe) que son aproximadamente unas 20.000 personas, las cuales tienen familia con los que son unos 100.000 votos demas si esto se lo suma a su electrorado son lo suficiente para conseguir la mayoria casi absoluta y si no hay estara otra vez su complice IU para taparles todas las verguenzas. El psoe tiene un negocio enorme con nosotros (los parados)y que no halla nadie que pare esto, la jueza Mercedes Alaya contra mas escarba mas corrupcion saca y esto no tiene fin, date cuenta que llevan 35 años gobernando y le han dado tiempo de comprar al 51% del electorado no tiene otra explicacion, una region con mas de un millon de parados, la primera en fracaso escolar, la mas pobre del pais etc...... y siempre ganan los mismos, da que pensar. Slu2s ah! y seguro que no hecha a griñan ni a chaves.

desgraciadamente te tengo que dar la razon yo suelo ir bastante a andalucia de hecho tengo casa en huelva y en las ultimas elecciones andaluzas estaba alli todo el mundo que a votar a PP todo el mundo hasta la coronilla de la corruptela del psoe pero aunque gano el pp no fue suficiente y volvieron los de siempre y eso fue posible gracias a los pueblos la mafia es profunda y a todos los tiene comprados de una manera u otra ...son como dices 35 años y sino se pudo ganar entonces les veo que estaran al menos otros 35 años mas...saludos

http://www.abc.es/el-sacapuntas/wp-content/uploads/2015/02/11-02-15-636x468.jpg

y la presidenta andaluza tambien la echaran?????

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, conocía las irregularidades de las subvenciones para la formación de parados y ocupados desde mitad de 2014 pero no informó de ellas al Parlamento de Andalucía ni a la opinión pública. Su conocimiento viene demostrado por los ocho informes de la Intervención General que fueron terminados y firmados por sus responsables a mediados de 2014.

A pesar del conocimiento de causa que tenía la presidenta de la Junta de Andalucía de los hechos gravísimos que reflejan dichos informes, se opuso a la petición del Partido Popular andaluz e Izquierda Unida de constituir una Comisión de Investigación, si bien Izquierda Unida transigió con el PSOE andaluz y decidió apartarse del PP en dicha petición. Tampoco hay constancia de que la propia Junta denunciara los hechos ante los juzgados correspondientes dada su gravedad y profusión.

Estudios para aprender a poner la redecilla a las señoras después de colocarles los rulos en el pelo. Aunque parezca una broma éste era uno de los «cursos» que ha descubierto la Policía en las investigaciones que realiza sobre el fraude en Andalucía de los cursos de formación, muchos de los cuales, pese a recibir las subvenciones, ni se realizaban ya que eran solicitadas por empresas creadas ad hoc, que desaparecían una vez recibido el dinero.
Lo más llamativo es que los «alumnos» que se seleccionaban para dicho curso eran discapacitados, que de alguna manera se han visto envueltos, por supuesto, contra su voluntad en este turbio asunto.
Fuentes de la investigación consultadas por LA RAZÓN han señalado que, conforme avanzan las pesquisas, a las que ayer se dio un importante impulso con el inicio de la «operación Edu-Costa», se topan con hechos tan escandalosos como el relatado, a la par que aumenta la cifra estimada de lo que podría haber sido defraudado, que se estimó en 2.000 millones, pero que podría ascender a mil más.
Las pesquisas las realiza la Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ) del Cuerpo Nacional de Policía, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
A lo largo del día de ayer comenzó a desarrollarse el citado operativo, en Málaga, Cádiz y Almería, en la que están previstas unas 90 detenciones de carácter policial, de las que al cierre de esta edición se habían practicado unas 16. Los arrestados, tras su comparecencia, son puestos en libertad con la condición de imputados.
Aunque ya se han realizado algunas actuaciones en el pasado, sobre todo a raíz de denuncias concretas –como la que llevó a la juez Mercedes Alaya a imputar a los exconsejeros andaluces Ángel Ojeda y Antonio Fernández–, la de ayer es, en realidad, la primera fase de la operación, que se interrumpirá en las próximas semanas para no incidir en el proceso electoral que se va a desarrollar en Andalucía. Se retomará después y abarcará a toda la Comunidad Autónoma, con una cifra total de detenciones que se puede aproximar a las 400, según las citadas fuentes.
Hasta el momento, se han realizado unas 4.500 tomas de declaración a alumnos (supuestos o no), profesores (lo mismo), empresarios y a algunos políticos relacionados con el fraude de los cursos de formación. En cada declaración se obtienen datos que permiten avanzar en las pesquisas y abrir nuevas líneas para poder implicar a otras personas en la trama.
La UDEF se ha marcado un sistema de trabajo que consiste en empezar por la base de la «pirámide», con la toma de declaración y, en su caso imputación a alumnos, profesores y empresarios, con el fin de ascender poco a poco, hasta llegar, si procede, a los que desde arriba consintieron esta gigantesca trama fraudulenta.
Además, los investigadores se ven apoyados ahora por el reconocimiento que la Hacienda Pública andaluza ha realizado en el sentido de que se han podido producir irregularidades, fraudes en una palabra, en los fondos para los cursos de formación.
De la magnitud que puede alcanzar este asunto en toda Andalucía da idea que la «operación Edu-Costa» está basada en, al menos, 19 expedientes instruidos por la UDEF, con un posible volumen de estafa de 400 millones de euros. «Estamos en el inicio de la investigación y ni nosotros sabemos lo que nos encontraremos cuando lleguemos al final», subrayaron las mismas fuentes.
En cada expediente van incluidas las declaraciones de alumnos, profesores, y empresarios, así como otras evidencias, que implican a determinadas personas o entidades en el supuesto fraude, con el fin de que la autoridad judicial tenga, en su día, los datos concretos por los que cada individuo ha sido detenido por la Policía. Uno de los casos que se ha detectado, junto con el de falsos alumnos que prestaban su nombre para que se pudieran solicitar las subvenciones, es el de «profesores» que, una vez recibido el dinero por la empresa que presuntamente les había contratado, cobraban el 50 por 100 de lo estipulado y desaparecían por el mismo camino por el que habían llegado. Las irregularidades detectadas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones al estar relacionadas con el control y la concesión de las ayudas. La UDEF había detectado la falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se le concedieron los fondos y también un supuesto incumplimiento en la contratación del sesenta por ciento de alumnos o posibles irregularidades en los partes de asistencia. Los agentes también determinaron que pudo haber falta de control a la hora de conceder los fondos y en la justificación posterior de los programas formativos. La investigación policial aprecia también casos de facturas falsas con las que empresas justificaban gastos no realizados y falsificaciones en los partes de asistenci