Resulta increíble que, con todo lo que está pasando, no haya una reacción del Gobierno

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad”

un cargo público no ocupa su puesto porque tenga un pulcro certificado de penales, sino porque se ha depositado en él un caudal considerable de confianza. cuando las primeras noticias sobre corrupción de un cargo público salen a la luz, se instala la sospecha y la confianza se quiebra.

si el sospechoso es capaz de dar una explicación verosímil que disipe la acusación, la desconfianza se volverá contra la prensa. pero si no lo puede hacer, quizá incluso siendo inocente, no queda otra solución que la dimisión. dimitir no equivale a autoinculparse, sino a reconocer que uno no está a la altura de la confianza depositada en él por los ciudadanos.

la dimisión nada tiene que ver con el delito, porque no es un hecho penal, sino político.

(y la condena tampoco va unida a la dimisión)

Un tribunal ordena que los condenados por el ‘caso Pallerols’ entren en prisión
La Audiencia de Barcelona alude a la gravedad de la financiación irregular de Unió
Los jueces rechazan suspender el ingreso en la cárcel pese a que es inferior a dos años
Dos excargos del partido y un empresario aceptaron los hechos para reducir la pena
JESÚS GARCÍA Barcelona 6 MAR 2013 - 20:16 CET

La corrupción política debe castigarse con severidad para que cunda el ejemplo. Cualquier decisión que no ponga freno a esa lacra sería “obscena” para unos ciudadanos sometidos al azote del paro y de los recortes. Así argumenta la Audiencia de Barcelona una decisión de calado: denegar la suspensión de la pena de prisión para tres condenados por el caso Pallerols, con el que Unió Democràtica de Catalunya (UDC) se financió irregularmente a través de las subvenciones de la Unión Europea para formación de parados.

Espera sentado que el des-gobierno vaya contra si mismo.

Yo no estoy de acuerdo con el título de este post. SÍ está habiendo una reacción del Gobierno. UNA REACCIÓN PASIVA Y NEGATIVA (no hacer nada y negar cualquier acusación contra ellos), Lo cual demuestra, además de desprecio por la ciudadanía, una soberbia sin límites.

Pero esta actitud es la prueba de su falta de preparación en cualquier tema de Derecho Público (a pesar de tantos Abogados del Estado) y en Economía Política, y de lo poco que conocen la Historia Política Mundial. Y de lo mal aconsejados que estánn, a pesar de los tropecientos miles de asesores que se lo están llevando crudo.

Porque es evidente, y a las encuestas me remito, que su valoración, uno a uno y en conjunto, cada día es más baja. Y ellos pueden pueden creerse que como "el pueblo es tonto", cuando se acerquen las elecciones entre un poco de Marketing por aquí y un par de decetos bajando algún impuesto por allá la gente se pondrá otra vez a sus pies. Pero olvidan que los tiempos han cambiado y además de que la Indignación no se cura por las buenas, existe Internet. Para lo bueno y lo malo.

S2

Me alegro mucho por la decisión de la Audiencia de Barcelona

Que tomen ejemplo en otros lugares...

S2

Resulta novedoso el concepto de "ética" exigible que se plasma en este auto de la Audiencia de Barcelona en el caso Pallerols.
Y esto es lo triste. Que a estas alturas, juzgados, audiencias y demás tribunales encargados de dar cauce a estos robos de guante blanco del dinero de nuestros impuestos, por parte de los cargos públicos, sigan parando casos tan sangrantes para que no lleguen a nada o, si llegan, como este caso y tras 14 años, se consienta saldarlos con unos eurillos, nada que ver con el montante robado.
Y es más, en estos casos, deberían añadirse penas por daños morales y con cuantías ejemplares.
Esperemos que este caso sirva de ejemplo a seguir por todos los tribunales, de ahora en adelante. Ellos son los que tienen que entonar el mea culpa por tanta connivencia, por consentir lo que consienten y tanto favor como hacen a los que nos roban a gran escala. Ellos son los primeros que tienen que poner en práctica la mínima ética que, se supone, debería de presidir sus actuaciones.
Ya está bien que tanto ladrón se vaya de rositas y que, por no hundirles sus carreras políticas y su enriquecimiento ilícito, nos hayan hundido de tal manera a quienes pagamos los impuestos con tanto sacrificio, con nuestras economías tan mermadas. Porque si no nos hubieran robado tanto y tanto, no estaríamos como estamos.
Los que nos han robado y siguen robándonos, están en la convicción de que son inmunes por su cargo o su status y, quienes deberían castigarles por Ley, también se sienten inmunes por no hacerlo.
Perfecta la lección de pedagogía y ética, pero para todos, juzgadores y juzgados.

- En mayo de 1996, el exconsejero del Gobierno catalán Jordi Planasdemunt (CiU) fue condenado a siete años por la estafa del caso de los pagarés falsos distribuidos por la empresa BFP e ingresó en prisión por orden de la Audiencia de Barcelona.

- En septiembre de 1998, el exconsejero navarro de Obras Públicas Antonio Aragón (PSOE) fue condenado por el delito de cohecho a siete años de prisión por la Audiencia Provincial, pena que el Tribunal Supremo en 2001 rebajó a 3,8 años.

La investigación se centró en el presunto pago entre los años 1989 y 1990 de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) por parte de la multinacional Bosch Siemens a exdirigentes socialistas por la venta de la factoría Safel, dinero que fue descubierto en varias cuentas bancarias en Suiza.

- En noviembre de 2002, el exconsejero de Economía de Melilla Francisco Suárez, afiliado al PP cuando ocurrieron los hechos, ingresó en prisión dentro de la Operación Ave, por un supuesto delito de blanqueo de capitales, aunque meses más tarde, en enero de 2003 fue absuelto.

- En julio de 2008 el exconseller valenciano y exalcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena (PP), fue encarcelado tras ser condenado a cuatro años por la Audiencia de Alicante, por delitos de falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.

- Dos años después, el exdiputado autonómico de Unió Mallorquina (UM) y exconseller de Territorio del Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens, entró en la prisión de Palma para cumplir tres años de cárcel, tras la condena por corrupción dictada por el Tribunal Supremo, en relación con el "caso Son Oms".

- En enero de 2011, el exconsejero de Educación y Ciencia de Asturias José Luis Iglesias Riopedre (FSA-PSOE) permaneció durante un mes en prisión, acusado de delitos de corrupción por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, aunque un mes después fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros y con la obligación de presentarse ante el juez dos veces al mes.

- el 24 de abril de 2012 El ex consejero de empleo andaluz, Antonio Fernández, ha sido condenado a prisión provisional comunicada y sin fianza. Es el cargo más alto condenado por el caso de los ‘ERE fraudulentos’ que amenaza a la Junta de Andalucía. La juez ha decretado el ingreso en prisión por entender que existe riesgo de fuga.

La lista de delitos que se le imputan a Antonio Fernández es bastante larga. Está acusado de cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios. La juez Alaya, instructora del caso, ha considerado que existía un alto riesgo de fuga y por eso ha decretado su ingreso en prisión.

Hasta la fecha y dentro de la Administración autonómica también habían ingresado en prisión dos presidentes socialistas: el de Navarra, Gabriel Urralburu, y el de Aragón, José Marco.

Urralburu fue sentenciado en 1998 a once años de prisión y nueve de inhabilitación de cargo público y una multa de 780 millones de pesetas (4.700.000 euros) por sendos delitos de cohecho continuado y contra la Hacienda foral, aunque el Tribunal Supremo le redujo los años de cárcel a cuatro.

José Marco fue condenado en 1995 por la Audiencia Provincial de Zaragoza a trece meses de cárcel y seis años de inhabilitación por malversación de caudales y falsedad en documento público.

En 1999 fue también condenado en el caso de espionaje a políticos por la Audiencia de Zaragoza a nueve meses de prisión y dos años de inhabilitación absoluta por malversación y a seis meses y un día de prisión por falsedad en documentos públicos, penas por las que, según el nuevo Código Penal, no tuvo que ingresar en la cárcel.

Eludió la prisión tras un acuerdo con las acusaciones y devolver 14,5 millones de pesetas (87.146 euros).

esperemos que no venga gallardón con su distinto concepto de lo ético y que no los indulte