La semana pasada toda la prensa se puso de acuerdo para sacar a relucir el tema de las balanzas fiscales, ya saben, ese ranking de comunidades autónomas en el que se compara lo que da y lo que recibe cada región de la hucha financiero-territorial. Me parece bien que se publiquen, faltaría más. En nombre de la transparencia, oiga. A pesar de que los datos sean incompletos y sólo reflejen una parte de la verdad, porque no incluyen variables relacionadas con el comercio interregional, se basan en una división administrativa de las regiones -cuando la economía funciona por ejes o zonas de desarrollo- y se apropian descaradamente del trabajo de propios y extranjeros, que son los que realmente ponen los euros en la balanza.
Lo cierto es que el melón territorial lleva ya demasiado tiempo abierto y está a punto de echarse a perder. Y no me refiero a cuestiones nacional-sentimentales, sino al problema financiero tanto de comunidades autónomas como de ayuntamientos. Parte del batacazo inmobiliario que sufrimos se ha debido a la necesidad que tienen estos últimos de sostenerse. Y la solución integral última no pasa por una idea etérea de solidaridad, sino por reforzar los mecanismos de corresponsabilidad y autogestión.
Permítanme poner como ejemplo el caso de Cantabria, por tener casi todo el bloque de competencias transferidas. Sabemos cuáles son nuestras necesidades y no perdemos el tiempo en pedir tonterías como la televisión autonómica. Exigimos que nos terminen las autovías y que nos traigan el tren QUE NECESITAMOS (no el que le están haciendo a los vecinos). Nos hemos dotado de un sistema de financiación estructurada, donde participa el sector privado, para poder emprender proyectos que no sería posible llevar a cabo sólo con dinero público. Hemos sobrevivido a la salida del Objetivo 1 porque no se puede ir de pobres para unas cosas y presumir de crecimiento para otras. Que los mediterráneos estarán en la Copa, pero nosotros les sacamos ventaja en unos cuantos indicadores.
Por contra, también adolecemos de ciertos fallos, me temo que muy comunes. Por ejemplo, el exceso de personal funcionario -no quiero ni mentar los costes de las últimas huelgas judicial y sanitaria. Dudo que ningún sistema de financiación sea viable mientras el personal no se adapte a las formas de la empresa privada y a unas mínimas exigencias de productividad. Por otro lado, yo no me preocuparía tanto de cuántos millones teóricos nos quitaría el Estatuto de Cataluña, sino de cuántos profesionales de nuestra sanidad pública se podrían largar para Madrid con una buena oferta de la sanidad privada-incentivada de la Comunidad manejada por Espe.
Creo que no he hecho demasiados amigos con este post, pero había que sacar el tema porque es de los gordos. Seguro que da para más.
Buena semana.
