A la hora de plantear debates sobre los principales problemas de nuestro país, todavía me sorprende lo fácil que es conseguir que todo el mundo llegue a la misma conclusión, aunque sea sin argumentos de peso –ya ni hablo de evidencia empírica, literatura o informes-. Desde mi punto de vista, esa manera tan visceral con la que la opinión pública zanja los asuntos me parece natural cuando hablamos de servicios vitales como la sanidad. Pero no lo veo de la misma forma cuando la emprendemos, por ejemplo, contra las instituciones del Estado, porque las cosas no son tan obvias como la gente quiere creer. Ahí tenemos uno de los chocolates del loro habituales: el Senado. Que podemos funcionar con una sola Cámara, vale. Que no se puede gastar tanto en webs, traductores, i-pads extraviados, etc. pues también. Las pensiones vitalicias, los dinosaurios de la política… Hasta ahí el sentido común. Pero no sé a quién se le ha ocurrido decretar el dogma de que nuestra utópica cámara de representantes se tiene que parecer más al actual Congreso que al actual Senado: ¿no llevamos años exigiendo listas abiertas, desbloqueadas, debates más despolitizados de guante blanco, participación de técnicos en la elaboración de leyes…? Pues eso, desde esta mi humilde tribuna, me declaro férreo defensor del Senado (eso sí, con alguna que otra mejora). Y reivindico que, en la próxima cadena de e-mails - protesta, la toméis contra el Congreso de los Diputados, es decir, contra lo que representa en cuanto a partidismo, listas cerradas y sobreactuación mediática.
Bueno, que estamos casi en Navidad y, si vamos a discutir, que sea sobre temas centrales. No es por llevar la contraria a (casi) todo el mundo pero no comparto cómo la opinión pública ha resuelto el problema del Estado de las Autonomías. Supongo que algo tendrá que ver el grado de madurez y la capacidad de gestión que demuestran la mayoría de nuestros políticos locales respectivos. Pero, por eso mismo, no entiendo por qué la solución consiste en re-concentrar el poder. Y es que no me atrae nada la idea de volver al sistema del antiguo régimen, el de la España radial formada por tres o cuatro provincias favoritas que se comen la mayor parte del pastel en nombre del interés general. Y espero que no me entendáis en clave nacionalista, no va por ahí la cosa. Hablo en clave de responsabilidad, de autogestión, de méritos no difuminables y de dimensiones óptimas. Cierto es que el actual sistema de financiación autonómica no se mueve, ni de lejos, en esos términos. Pero uno sueña con evolucionar hacia una sociedad más madura, más autónoma, menos tutelada. Una sociedad mayor de edad, en pocas palabras. Y estos valores no los veo reflejados en un Estado monolítico.
- Osea, Macro – me preguntaréis-. Tú estás de acuerdo en que haya 17 reinos de taifas.
Pues no sé cuántos tienen que ser, pero sí, me vale lo de los reinos de taifas. Al menos en el sentido en el que habla Víctor Lapuente, profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo, en este artículo publicado en El País. El autor desarrolla una idea que dejé caer hace tiempo en este blog: que en España pueden convivir modelos económicos diferentes en función de las preferencias de los ciudadanos de cada región, es decir, que no pasa nada (al menos me permito plantearlo como hipótesis) porque los madrileños voten políticas liberales (entendidas como impuestos más bajos, cartera de servicios más justita) y los navarros prefieran lo contrario (servicios públicos de primera a cambio de pagar hasta por ir al baño). Lo que no voy a defender nunca es un modelo como el vigente: café para todos cuando las cosas van bien, arréglatelas cuando las cosas van mal. Modelo más conocido como economía mixta.
Pero en este artículo no pretendía hablar de mi modelo favorito sino de aportar algunas ideas o criterios para profundizar en el debate. Las dejo caer en modo lista y, si os parece, hablamos en los comentarios:
1. Durante décadas, hemos vivido con un modelo en el que el Estado central ha financiado a las Comunidades Autónomas. Para ello, se han desarrollado mecanismos de financiación cada cual más complicado e inteligible. No existe una verdadera corresponsabilidad fiscal ya que la liquidación de las cuentas se produce, en el mejor de los casos, dos años después de que la autonomía ha recibido su asignación. O dicho de otro modo: las comunidades se gastan lo que el Estado no tiene (todavía). Básicamente, el Estado anticipa a las autonomías un dinero que espera recaudar y existe el peligro de que la recaudación real no esté a la altura de lo presupuestado. Desde mi punto de vista, la solución a este problema no consiste en re-diseñar y re-complicar los mecanismos de reparto de la recaudación, sino en cambiar los papeles: que sean las CC.AA las que financien al Estado de forma solidaria. Ahí queda eso. Tened piedad si vais a comentar algo sobre el tema.
2. Evidentemente, el debate sobre quién debe financiar a quién nos lleva a cuestionarnos cuál es la cartera mínima de servicios que debe asegurar el Estado para cumplir con el principio constitucional de igualdad. Pero, desde mi punto de vista, no pasa nada porque cada comunidad tenga su propia combinación de soluciones público-privadas a la hora de dar cobertura a las necesidades colectivas con los recursos disponibles.
3. Cierto: algunas comunidades sólo podrían garantizar la cartera de bienestar mínima (las que se beneficien de la acción igualatoria del Estado). Pero qué queréis que os diga, habrá que trabajar para que la tarta sea cada vez más grande. Hay quien piensa (me temo que una buena mayoría), que es mejor reducir el número de pedazos. No sé.
4. Otro elemento para el debate está en la movilidad de las personas, es decir, en que los ciudadanos puedan votar con los pies, o que puedan elegir dónde quieren vivir. Aquí enlazamos con el problema del acceso a la vivienda. Mientras la gente viva atada a su casa y a su hipoteca, nunca vamos a poder debatir nada seriamente (y, desde luego, nuestros políticos seguirán haciendo lo que quieran con nosotros). Una sociedad más móvil (¿se puede decir así?) es una sociedad más fuerte para tomar decisiones colectivas.
5. Y otro componente más para hablar de federalismo fiscal. Me refiero al concepto de regiones económicas y al tamaño óptimo de las administraciones. Hay regiones pequeñas muy bien avenidas (¿La Rioja?) y hay auténticos mamotretos (¿Castilla-León?). Hablando del caso que tengo más cerca, a Cantabria le veo más futuro en una región informal vasco-cantábrica, bien conectada con el Mediterráneo y con Europa, que como playa de la provincia de Valladolid. Lo sé, no se deben incendiar los debates territoriales, pero os prometo que hablo con espíritu constructivo. Que nadie se enfade.
En fin, tal vez no sea el mejor momento, con las fiestas de por medio, para publicar esta entrada. Pero como es un tema que va para largo seguro que me perdonáis la osadía. Espero que no os resulte tan indigesto como las comilonas de estos días.
Cerraré el año con un parte de crisis, pero aprovecho para felicitaros ya la Navidad. A ser posible bien y en familia. Y, en su defecto, que sea bien.
S2.
