es que tu eres muy de jose maria jjj el percebe es de no precipitarse deja que la cosa se pudra con el tiempo (a mi modo de ver casi siempre ha acertado) pero derrepente toma una decision que suele ser acertada...ademas tenemos de ministro a mi paisano, no te preocupes veras a la policia y guardia civil en el Prat... sera poco tiempo porque en breve habra acuerdo trabajadores con la empresa.
saludos y recuerdos a Abascal un buen muchacho (estuvieron barbaros en gibraltar desplegando la bandera patria)
#2087
Re: Les hemos destrozado el sistema aeroportuario
En el tema de los estibadores parece que no se lució mucho tu paisano.
Da la impresión de que como hacen los catalufos todo el mundo les toman por el pito de un sereno y dan por echo que se van a rendir.
Y hasta el momento no les falta razón.
En una región devastada por la propaganda del odio a España como es Cataluña, los ciudadanos tienen más confianza en la Benemérita que en el 'Govern'.
Guardia Civil
Los abnegados agentes de la Guardia Civil lo mismo valen para un roto que para un descosido. En calidad de policía judicial, están al cargo de las diligencias relativas a la corrupción nacionalista del tres por ciento y de las afectas a la organización del referéndum separatista que según Rajoy no se va a celebrar el 1 de octubre. Las actuaciones del Instituto Armado son de una reconocida profesionalidad y solvencia, al punto de que en una región devastada por la propaganda del odio a España como es Cataluña
los ciudadanos tienen más confianza en la Benemérita que en el Govern y en el Parlament, según la última encuesta del CIS catalán.
Al parecer, la caricatura garbancera del tricornio y el 23-F que difunde con gran despliegue de medios el nacionalismo, sea vasco o catalán, no cala en una ciudadanía empecinada en mostrar un cierto respeto por los hombres de verde. Tal vez se deba al consistente sentido de la justicia del que hacen gala los guardias, a su innegable vocación de servicio y acendrada disciplina o a su contrastada eficacia, pero el caso es que un número de la Guardia Civil representa de forma más positiva y concreta al Estado que un ministro o un alto cargo. Por lo que sea, infunde más confianza.
Llevaría décadas y sería en balde determinar las verdaderas causas del prestigio de la Guardia Civil en particular y de las fuerzas del orden españolas en general entre quienes conducen serenos. El sistema político surgido de la Transición puso de relieve el valor y mérito de los policías –picolos, maderos, cipayos, mozos o pitufos– en la defensa de la vida y la democracia frente al terrorismo etarra. Cientos de miles de ciudadanos pueden referir alguna circunstancia en que los uniformados fueron ángeles de la guarda por tierra, mar y aire. El catálogo de especialidades policiales es tan inabarcable como las razones a su favor.
Es un espejismo, pero la única vez en Cataluña que los manifestantes contrarios a la independencia han sido más que los partidarios resultó ser la ocasión en que la CUP llamó a protestar frente a las puertas de la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona. Gran chasco separatista, tanto de los espantaturistas de la CUP como de los Rull y Turull que han llegado al extremo de denunciar a los agentes que por orden de un juez interrogaron a un grupo de altos cargos de la Generalidad.
Por primera ocasión en lo que va de legislatura postautonómica la lideresa cupera Anna Gabriel fue burlada. Ella, que se cargó a Mas, estaba dando la cara por unos convergentes junto a unas decenas de colegas entre los que no había ni un solo alto cargo de la Generalidad, ni el más ignoto militante pedecato ni el más levantisco dirigente republicano. Ni siquiera el secretario de Turull, el pedazo de portavoz que anunció la denuncia contra la Guardia Civil vía Twitter.
Ante las groseras mentiras de la Generalidad y la silente impasibilidad del Gobierno, el magistrado al cargo de las investigaciones sobre los mangoneos de los altos cargos de Puigdemont y Junqueras se vio en la tesitura de tener que desmentir que los agentes fueran unos torrentes sin control, según bramaba el excitado Turull.
Agua pasada. Ahora el epicentro del proceso está en el Aeropuerto de El Prat-Barcelona. El personal de los arcos de seguridad se ha declarado en huelga y cuarenta empleados han caído enfermos al tiempo y de repente. El colapso se arrastra desde finales de julio. Miles de personas han perdido sus vuelos, las esperas para acceder a las terminales han marcado registros de cuatro horas. Tercermundista imagen carroñeada por la Generalidad y sus extensiones ante la abstención del Estado encarnado en Fomento y Aena, cuyos mandos apuntan ahora la opción Benemérita si Interior da el visto bueno. La Guardia Civil siempre presente, pero no estaría de más que alguna vez los encorbatados, en este caso los muy bien pagados directivos de Aena, se hicieran cargo sin tener que tirar de los uniformados. Es lo mismo que pasa con el artículo 155 de la Constitución, que de haberse aplicado a tiempo hubiera evitado el bochorno de dos manifestaciones frente al cuartel de la Guardia Civil en Barcelona.
Me alegro mucho...yo les pienso saludar en catalán y me parece que no voy a ser el único ;-))
#2093
Re: Catalunya-España 2.017 (cosas que pasan)
Aena gasta casi el doble en los filtros de seguridad en Barajas que en El Prat
Nicolas Tomás
Foto:
Sergi Alcàzar
Barcelona. Miércoles, 9 de agosto de 2017
2 minutos
El Gobierno español ha negado un trato desigual entre Barajas y El Prat. Incluso algún medio de Madrid ha publicado que Aena dedica "recursos idénticos" a los filtros de seguridad de ambos aeropuertos: 23,6 millones de euros en Barcelona y 23,7 en Madrid. Pero basta con ir al registro de contratos de Aena para descubrir la trampa de este dato: la adjudicación inicial de Barajas era para un año y la de El Prat, para dos. El gestor aeroportuario acaba
gastando casi el doble en la capital española.
Con respecto al aeropuerto de El Prat, según consta en el
contrato, Aena adjudicó en junio de 2016 el servicio de seguridad privada en los filtros de pasajeros a la empresa Eulen por un valor de 23,1 millones de euros (después licitado por 23,6 millones). A eso hay que añadir 425.000 euros adicionales, que entraron en vigor el 1 de julio para responder a la temporada de verano. En total, 24 millones de euros para un contrato que tiene una duración de dos años:
12 millones por año.
Con respecto a Barajas, según el
contrato, el gestor aeroportuario español adjudicó en julio de 2015 la inspección de pasajeros, tripulación y equipajes de mano a la empresa Prosegur por 21,7 millones (después la licitación fue de 22 millones). El contrato, sin embargo, era por un año, que después fue prorrogado dos veces, por unos valores de 21,7 millones y 23,7 millones. A eso hay que añadir una ampliación de dos millones. En total, 69,4 millones de euros,
23,1 millones por año.
De esta forma, por el mismo servicio, Aena gasta
1,9 veces más en el aeropuerto de Barajas que en el de El Prat. Sin embargo, esta proporción no responde al tráfico de pasajeros de los dos aeropuertos. Según los mismos
datos de Aena, el aeropuerto de Madrid tuvo en 2016 un tráfico de 50,4 millones de pasajeros y Barcelona de 44,1 millones. De hecho, El Prat registró un crecimiento del 11,2%, frente al 7,7% de Barajas.
Los otros grandes aeropuertos
En el resto de los cinco principales aeropuertos del Estado español, las adjudicaciones son inferiores económicamente. En el aeropuerto de
Palma, fue adjudicado por un valor de
20,7 millones de euros en un
contratode dos años (más una ampliación de medio millón). En el aeropuerto de
Málaga-Costa del Sol, fue concedido por
18,2 millones en un
contratode dos años (más una ampliación de 600.000 euros). Y en el caso de
Alicante, forma parte de un
contrato conjunto con los aeropuertos de La Coruña, Fuerteventura, Jerez de la Frontera y Santander que, con prórrogas y ampliaciones, asciende a unos
16 millones en tres años y un mes.
El diario madrileño ABC publicó este lunes un artículo en que aseguraba que "Aena dedica recursos idénticos a los filtros de seguridad de El Prat y Barajas". Una afirmación que, con los contratos del registro de Aena en la mano, no se acaba de aguantar.
No es por presumir, pero esto dije yo el pasado día 4 (y que al Cajero se le hacía complicado entender):
A mí me parece que el primer escándalo es que un servicio público de seguridad de otro servicio público como es un aeropuerto lo acabe prestando una empresa privada y encima de las que estruja a los trabajadores.
En esa situación, ¿qué motivo hay para que sea un servicio público?. Hubo un tiempo en que esos servicios públicos se prestaban por los correspondientes funcionarios a quienes corresponde la seguridad.
Y esto es lo que dice ahora la Guardia Civil (yo diría que coincide exactamente con mi argumentación):
La Guardia Civil pide que el Gobierno asuma el error de privatizar la seguridad en los aeropuertos
La amenaza de Generalitat de desobedecer al Tribunal Constitucional y, saltándose la ley, convocar un referéndum el 1 de octubre, acerca al Estado a un enfrentamiento jurídico e institucional sin precedentes.
Es habitual que los países descentralizados se doten de mecanismos coercitivos para el caso de que sus regiones incumplan sus obligaciones, pero lo cierto es que son cláusulas excepcionales, de las que se espera que tengan un poder disuasorio suficiente como para no tener que aplicarlas. La huida hacia adelante del Ejecutivo de Carles Puigdemont, sin embargo, obliga a explorar un terreno desconocido, cuya aplicación suscita algunas dudas.
En origen, en el ordenamiento español, la función de control último de las comunidades autónomas se configuró a través del artículo 155 de la Constitución. Un precepto que habilita al Gobierno, previa autorización del Senado, a "adoptar las medidas necesarias" para reconducir a una CCAA que incumplesus obligaciones legales y constitucionales o está atentando gravemente contra el interés general.
Sin embargo, éste no es el único mecanismo legal con el que cuenta el Estado para hacer frente al desafío independentista. Junto con el 155 hay otras tres vías que podría activar el Gobierno para responder el órdago de la Generalitat: el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la Ley de Seguridad Nacional y los estados de excepción o de sitio.
La reforma de la LOTC y la Ley de Seguridad Nacional fueron aprobadas en 2015, en un movimiento del Estado para dotarse de más recursos ante el procés soberanista al margen del 155, que prevé un mecanismo lento y que puede ser bloqueado por el Senado. Las mayorías inciertas que se preveían al final de la primera legislatura de Mariano Rajoy obligaban a no depender en exclusiva de ese precepto para activar la defensa de la legalidad.
En función de la gravedad del incumplimiento en el que incurran la Generalitat y el Parlament, el Estado podrá activar uno u otro, pero siempre teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes de cada uno y el coste político e institucional que conlleva su aplicación.
El artículo 92
El nuevo artículo 92 de la LOTC refuerza la capacidad del Tribunal Constitucional para ejecutar y garantizar la efectividad de sus sentencias, convirtiéndole, además, en un sujeto con iniciativa propia: puede actuar de oficio, sin necesidad de ser instado a ello por el Gobierno.
Así, según su redacción actual, si el Constitucional advierte que una resolución está siendo incumplida, "de oficio o a instancia de alguna de las partes en el proceso", requerirá a las instituciones o autoridades un informe. Si tras su examen -o porque no ha sido entregado- "apreciase incumplimiento total o parcial de su resolución", podrá imponer una multa coercitiva, acordar la suspensión de funciones de autoridades o empleados públicos, o dictaminar la ejecución de la resolución, para lo cual podrá requerir la colaboración del Ejecutivo.
"De convocarse el referéndum, no haría falta ni siquiera que el Gobierno lo impugnara o que instara al TC a actuar. Éste debería actuar de oficio y, dado el caso, acordar la suspensión de la Mesa del Parlament o del Gobierno catalán. Otra cosa es el lío político que conlleva, o que quiera evitarse el desgaste que supondría para el Constitucional", explica Ignacio Menéndez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.
El artículo 92, además, prevé un procedimiento exprés para ejecutar las resoluciones si concurren "circunstancias de especial trascedencia constitucional", en el que pueden adoptarse las medidas necesarias a priori, antes de escuchar a las partes, dándoles audiencia en los tres días siguientes a su ejecución.
La capacidad del TC para ejecutar sus propias resoluciones es un mecanismo que, aunque ha sido avalado constitucionalmente, ha planteado algunas dudas jurídicas y prácticas que, en un momento dado, puede condicionar que sea el más efectivo, dada la solidez política y legal que se requiere en la respuesta.
Una "coordinación reforzada"
El recurso de la Ley de Seguridad Nacional plantea dos ventajas. La primera es su velocidad de aplicación, puesto que permite su aprobación a través de Real Decreto del Consejo de Ministros -sin trámite parlamentario-. Y la segunda es que el texto nace de un acuerdo PP-PSOE, lo que hace más difícil la discrepancia política en torno a su puesta en práctica.
La norma habilita a declarar la situación de interés para la seguridad nacional -en un plazo y en un territorio determinado- para "garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales". Durante la declaración, se impone una "coordinación reforzada" de todas las Administraciones bajo la dirección del presidente del Gobierno. Si así se decide, en su lugar, puede nombrarse una autoridad funcional que dirija y coordine las ac- tuaciones que procedan.
¿Qué problema plantea esta opción? En primer lugar, como advierte Fernando Simón, profesor de Constitucional de la Universidad de Navarra, que no otorga poderes excepcionales al Estado, sino que únicamente "va encaminada a mejorar la eficacia y la coordinación de las autoridades competentes bajo la dirección del Gobierno".
En este sentido, el TC interpretó que, en ningún caso, la norma habilitara al Estado a sustraer competencias autonómicas. Es decir, no serviría para arrebatar a la Generalitat el mando de los Mossos d'Esquadra o de los servicios de protección civil.
"Esta ley regula cómo debe actuar el Estado cuando hay una crisis constitucional; es una norma de procedimiento, no de contenido. Es muy genérica y, de hecho, no permite ni siquiera dar órdenes directas a las autoridades autonómicas", resume Menéndez, que descarta este mecanismo, por sí solo, como una respuesta adecuada en caso de se consume el 1-O. Otra cosa -explica- sería activarla en combinación con el artículo 155 o con el estado de excepción.
El recurso de referencia
Erróneamente suele asignarse al artículo 155 de la Constitución el poder de suspender la autonomía, pero lo cierto es que los redactores de la Carta Magna optaron por una opción suave más cercana a una intervención, que no debe durar ni dotar de más capacidades al Estado que las mínimas para restablecer el orden legal y constitucional en la comunidad díscola. Otras legislaciones, como la austriaca, la italiana o la portuguesa, han optado por soluciones más duras, como una verdadera suspensión de los órganos regionales o, incluso, su disolución.
Los especialistas no dudan de que la convocatoria del 1-O por parte de la Generalitat cumpliría el presupuesto habilitante del 155. "Si aprueban las leyes de desconexión, eso sería atentar gravemente contra el interés general de España", asevera Menéndez. Opinión que suscribe Simón, que percibe que "cada vez hay una conciencia mayor acerca de la oportunidad de su aplicación frente a los acontecimientos que podrían avecinarse".
La activación de esta vía requiere que el Gobierno, tras detectar el incumplimiento, envíe un requerimiento al presidente autonómico. Si éste no es atendido, solicitará al Senado que le habilite a adoptar "las medidas necesarias" para obligar a la CCAA a cumplir "forzosamente" sus obligaciones. Una autorización que requiere mayoría absoluta.
El 155 también concede al Ejecutivo el poder de dar "instrucciones" a todas las autoridades regionales.
"Es difícil de aplicar antes del 1-O", observa Simón, dado que el procedimiento descrito "exige tiempo". Menéndez, por su parte, pone el acento en algunas de las lagunas que rodean la aplicación del 155. "No es un procedimiento de plenos poderes al Gobierno. El sentido del precepto es que el Senado debe conocer y autorizar las medidas y el plazo y, así, las dota de legitimidad política, porque en ellas se implican las Cortes Generales. Un detalle fundamental para romper el argumento independentista de que esto es un lío de Rajoy con los catalanes".
Además de las dudas que suscita el procedimiento -cuánto debe esperarse tras el requerimiento o qué límites tienen las "medidas necesarias"-, el gran lastre del 155 es la lenta tramitación que prevé -requerimiento, convocar al Senado, debatir la medida, etc.-. Un elemento que cobra especial importancia dada la independencia exprés que han diseñado los arquitectos del procés.
Contra actos de fuerza
Los estados de excepción y de alarma están previstos para situaciones realmente extraordinarias y comprometidas, en los que se vea alterado gravemente el orden público o el funcionamiento de las instituciones, o exista un acto de fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o el orden constitucional.
¿Qué escenario podría provocar su declaración? El caso más evidente sería un enfrentamiento entre los Mossos y la Guardia Civil, en el caso, por ejemplo, de que la policía autonómica catalana optara por proteger los eventuales actos de desobediencia a la legalidad de la Generalitat y el Parlament.
Ambos estados están previstos en la Constitución y regulados en una Ley Orgánica de 1981. El elemento diferencial con respecto a las vías anteriores es que, además de medidas excepcionales, los estados de excepción y de sitio permiten decretar la suspensión de algunos derechos -los mínimos necesarios y con amplias limitaciones marcadas en la ley-. La gravedad de sus consecuencias se ve compensada con un mayor control por parte del Congreso, que deberá autorizar su declaración, contenido y prórroga.
"El 92 de la LOTC y el 155 son medidas de carácter institucional, afectan al ámbito político y orgánico pero no a la población. Estos estados son dar un paso más allá, porque afectan a los derechos de la población", relata Menéndez. "Se trata de una ultima ratio en lo que respecta a la suspensión colectiva de derechos", concluye Simón.
Mariano Gomá: «Aún nos queda por ver la caída del independentismo»
Considera que el referéndum de la Generalitat puede acabar en «un acto ridículo y vergonzoso» y, si no se celebra, habrá elecciones: «Si no las convoca él, le obligará el pueblo catalán»
