Sostiene Manuela Carmena que «en democracia los juicios se hacen en los juzgados, no en los medios de comunicación». ¡Cierto! Los medios de comunicación sirven para dirimir otras cuestiones, como el valor de la palabra dada, la credibilidad o la coherencia de los personajes públicos. Los medios de comunicación informan, contextualizan esa información y emiten opiniones plurales sobre las implicaciones que se derivan de esos hechos, con el fin de ayudar a la ciudadanía a formarse su propio criterio. Los medios de comunicación constituyen un pilar esencial de la democracia, señora Carmena. Tan imprescindible al menos como los juzgados, a menudo ocupados por togados vinculados a partidos o ideologías incompatibles con la imparcialidad que se les supone y necesitarían para desempeñar su función dignidamente. Los medios de comunicación son los vigilantes del sistema, señora Carmena, mal que les pese a algunos. Los fedatarios llamados a garantizar que los gobernantes o aspirantes a gobernar asuman su responsabilidad política.
Una compañera de Libertad Digital, Sandra León, ha publicado una información absolutamente veraz, relevante, y por tanto impecable periodísticamente hablando. Se refiere a la empresa de la que el marido de la señora Carmena, Eduardo Leira, era propietario y administrador único, condición que utilizó para contratar a un equipo de arquitectos que estuvieron trabajando para el estudio como falsos autónomos y con un categoría inferior a la que les correspondía. Por si no bastara con estas graves irregularidades, reconocidas en una sentencia, los trabajadores en cuestión desempeñaron su labor durante siete meses sin cobrar su sueldo ni tampoco ser despedidos, lo que al menos les habría hecho acreedores a una indemnización que sí les reconoció el tribunal, aunque no llegaran a percibirla al declararse insolvente el señor Leira. Su dinero había sido transferido a su mujer en plena crisis de su empresa, i3 Consultores, a fin de hacer frente al pago de un crédito avalado, entre otros bienes, con una casa que no llegó a ser embargada, a diferencia de lo acaecido a la inmensa mayoría de los empresarios sumidos en la pesadilla de un concurso de acredores.
Sostiene la señora Carmena que sacar a relucir ahora esta historia es jugar sucio y personalizar una pugna política. ¡Falso! Para una candidata que ha hecho bandera de la defensa de los trabajadores y se ha llenado la boca y la pluma de reivindicaciones relativas a los derechos laborales conculcados por la patronal ávida de lucro, esta peripecia de su esposo resulta terriblemente reveladora, máxime porque ella no ha negado los hechos ni afeado a su compañero esa actuación, sino que se ha limitado a repetir que él actuó dentro de la legalidad. También son legales los desahucios, señora Carmena, las puertas giratorias o las asesorías a empresas por parte de diputados, pese a lo cual usted y sus compañeros de lista militantes de Podemos las califican de inmorales, acaso porque la mayoría de las veces, lo son. Legalidad no es sinónimo de decencia y en política, para predicar desde una pretendida superioridad ética, hay que tener la casa inmaculada.
Amenaza Manuela Carmena con querellas a todo aquél que la vincule con un delito de alzamiento de bienes por ese traspaso patrimonial denunciado en su día y enseguida archivado por la Justicia. Es ciertamente más fácil querellarse, sobre todo para una cofundadora de Jueces para la Democracia con muchos y buenos amigos en la Carrera Judicial, que dar explicaciones satisfactorias sobre los hechos relatados. Lejos de mi intención, en todo caso, achacar a la candidata de Ahora Madrid una participación cualquiera en un delito. Yo la acuso, eso sí, de ser profundamente incoherente, someto esta acusación al tribunal de la opinión pública y me acojo para hacerlo a la libertad de expresión vigente aún en esta España democrática que algunos de sus compañeros de candidatura querrían ver convertida en Venezuela.
