LOS DOCUMENTOS DESMIENTEN A COTINO
El vicepresidente de la Generalitat Valenciana y actual conseller de Territorio y Medio Ambiente, Juan Cotino, ha remitido a este diario un escrito de aclaración en el que discrepa de las informaciones publicadas en los últimos días sobre su gestión al frente de la Consejería de Bienestar Social, cargo que ocupó entre el 29 de junio de 2007 y el 28 de agosto de 2009. Sin embargo, tanto los documentos oficiales de diferentes órganos de la Administración valenciana como la declaración firmada por la actual consellera, Angélica Such, desmienten las tesis de Cotino de forma clara y contundente. EL MUNDO sostiene que Cotino benefició con sus decisiones a las empresas de su familia, el grupo Gerocentros-Savia, uno de los más importantes del sector en la Comunidad, y que las decisiones del consejero no sólo permitieron que ampliara el número de plazas concertadas, sino también el dinero que percibían de la Generalitat. El vicepresidente sostiene que todo eso es falso, aunque no aporta datos sobre las residencias de su familia. Cotino desmiente que fuera apoderado de una empresa mientras era conseller -como reflejan el Borme y el Registro Mercantil, y confirma el propio presidente de la compañía-. El escrito del consejero relata, fundamentalmente, la teoría sobre la que se basó su política en su etapa como responsable de Bienestar Social. Posteriormente, Camps le hizo responsable de Territorio, sector en el que su familia también tiene una de las empresas más importantes de la Comunidad, Sedesa, investigada en el caso Gürtel por financiación ilegal del PP.
LA VERSIÓN DE COTINO
«Estimado Sr. Director, en relación con la información aparecida en el periódico de su digna dirección el pasado lunes 24 de mayo de 2010, en la portada nacional con el titular «Cotino cambió normas como conseller beneficiando a empresas de sus familiares» y en página 6 de la edición nacional, y en portada edición Comunidad Valenciana con el titular «Cotino cambió normas como conseller que beneficiaron a las empresas de su familia» y páginas 2 y 3 de la edición de la Comunidad Valenciana, considero que en el mismo se vierten datos inexactos y que la información difundida en dicha noticia es inveraz, incierta, inexacta y resulta gravemente perjudicial para mi imagen pública. Es por ello que, por la presente, en uso del derecho de rectificación que ampara la Constitución, le requiero que publique la rectificación de los hechos que se acompaña como anexo:
1 Cotino no cambió ninguna norma como conseller con el fin de beneficiar a empresa alguna. El vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, no ha realizado ninguna modificación del marco jurídico para la gestión de residencias de la tercera edad con la finalidad de mejorar las condiciones de negocio de empresas vinculadas a su familia, ni a ninguna otra empresa privada.
2 El vicepresidente siempre ha actuado dentro de la legalidad.
3 La Orden de 5 de diciembre de 2007 a la que se refirió este periódico, regulaba los requisitos y condiciones de acceso a las ayudas económicas de atención a las personas y sus familias en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana, y no suponía, en ningún caso, la ampliación del número de plazas concertadas ni el incremento del precio de las mismas.
Las residencias de la Comunitat Valenciana con plazas concertadas por la Administración son las adjudicatarias del concurso convocado en el año 2001, es decir seis años antes de que el vicepresidente Cotino accediese a la Conselleria de Bienestar Social y dos años antes de que Francisco Camps ocupase la Presidencia de la Generalitat. El objeto del citado concurso, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana con fecha 8 de febrero de 2001, consistió en la creación de un máximo total de 9.000 plazas residenciales para personas mayores y la puesta a disposición de la Conselleria de Bienestar Social de parte de estas plazas. Este concurso, aprobado el 6 de febrero de 2001, con el informe jurídico favorable y la fiscalización previa de la Intervención de la Generalitat, citaba explícitamente que la adjudicación sería por un periodo de 15 años prorrogable hasta un máximo de 25. Al mencionado concurso se presentaron 19 empresas resultando adjudicatarias 13, entre las que se encontraba el Grupo Savia.Con este concurso se materializaba el acuerdo del Consell de 30 de enero de 2001, por el que se aprobaba el Programa de Acceso a Plazas Residenciales en el Sistema de Servicios Sociales para la ampliación hasta 9.000 del número de plazas residenciales para personas mayores, dada la insuficiencia de las mismas en la Comunitat Valenciana, según el mapa de necesidades de atención gerontológica.
4 Cuando en junio de 2007 Juan Cotino es nombrado conseller de Bienestar Social, todas las empresas que habían sido adjudicatarias del concurso en 2001 ya habían puesto en marcha 37 residencias. En concreto, el Grupo Savia ya había abierto las puertas de 13 de las residencias de tercera edad y tenía en construcción otras siete, todas ellas incluidas en el contrato de 2001. Además, todas las obras de las residencias vinculadas al grupo Savia habían obtenido la licencia correspondiente antes de mayo de 2006, es decir, un año antes de que el vicepresidente fuese nombrado conseller de Bienestar Social, por lo que Juan Cotino no intervino ni tomó ninguna decisión para la construcción de nuevas residencias, ni del Grupo Savia ni de ninguna otra empresa privada.
5 Asimismo es rotundamente falso que el vicepresidente Cotino aprobase una Orden para multiplicar por tres el número de plazas concertadas y aumentar el número de residencias adjudicatarias del Grupo Savia de 13 a 21, puesto que la única Orden en la que tuvo participación, de 5 de diciembre de 2007, mantiene el número de centros, el número de plazas en cada uno de los centros, el plazo de duración del contrato, así como el precio por día de cada plaza establecido en 2001. Lo único que modifica esta Orden, informada favorablemente por el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana, es el régimen de las residencias contratadas en 2001, estableciendo su condición jurídica de centros concertados, respetando todas las condiciones establecidas en el pliego de condiciones inicial, y todo ello con la finalidad de atender las exigencias contempladas en los artículos 14 y 16 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
El artículo 14 establece que los servicios de atención en residencias tendrán carácter prioritario y se prestarán a través de la oferta pública de la que forman parte los centros públicos o privados concertados debidamente acreditados. Además, el artículo 16 insiste en que la red pública de centros estará formada por los de titularidad pública, así como por los privados concertados.
Por tanto, se trata de una Orden de la Conselleria que no suponía, en ningún caso, la ampliación del número de plazas concertadas ni el incremento del precio de las mismas, por lo que no representaba una mejora económica para las empresas.
6 Por otro lado, es falso que con la gestión del conseller Cotino el Grupo Savia pasase a disponer del 40% de las plazas financiadas por la Conselleria de Bienestar Social, alcanzando una cifra de negocio de 40 millones de euros. En la Comunitat Valenciana se ha pasado de 8.132 plazas autorizadas en 1995 a las 27.199 que existen actualmente. De ellas, el 63,9% están financiadas por la Generalitat. El Grupo Savia nunca ha tenido más de 2.000 plazas financiadas por la Conselleria de Bienestar Social. Así en la actualidad dispone de 1.604 plazas concertadas, que al precio establecido no pueden llegar a alcanzar una cifra de negocio de 40 millones de euros, como falsamente se atribuía.
En octubre de 2008 cuando la Ley de Dependencia ya estaba plenamente operativa y ante la necesidad de ampliar el número de plazas para dar respuesta a la creciente demanda de atención residencial, se firmó un protocolo de intenciones con 11 empresas de accesibilidad social, con 22 asociaciones sin ánimo de lucro y con 26 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, que en conjunto representaban a 142 residencias. El objeto del protocolo era incorporar paulatinamente hasta 5.200 nuevas plazas a la red pública. Entre otras actuaciones dirigidas a materializar el protocolo de 2008 para incrementar el número de plazas, se tramitan nuevos contratos con las empresas adjudicatarias de 2001, que tenían reconocida la exclusividad en la gestión de nuevas plazas residenciales para personas mayores dependientes en sus correspondientes demarcaciones. Todos estos contratos fueron informados favorablemente por los servicios jurídicos de la Generalitat y fiscalizados por la Intervención, rigiéndose estrictamente por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Para estos nuevos contratos, los precios plaza/día fueron calculados en función del precio de mercado, respondiendo además al encarecimiento experimentado por las exigencias establecidas en la Ley de Dependencia, que entre otras cuestiones, determina un incremento de las plantillas de personal. Este nuevo precio plaza/día es común a todas las empresas adjudicatarias.
Por lo que respecta al precio público de las plazas derivadas de 2001, es falso que se haya aumentado de 43 a 56 euros diarios en 2008. El precio de plaza/día en 2008 era de 51,16 euros y en 2009 de 51,88 euros por día. Las actualizaciones de estos precios se realizaron en el marco de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, previo informe favorable del Servicio Jurídico y fiscalización por parte de la Intervención de la Generalitat.
7 Con respecto a los precios por plaza que la Conselleria abona al Grupo Savia, como consecuencia de los contratos que le fueron adjudicados en 2001, cabe destacar que son resultado de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que estimó el recurso interpuesto por Centros Residenciales Savia, SL contra la Resolución de 3 de agosto de 2004 de la Conselleria de Bienestar Social.
Los nuevos contratos suscritos en 2008, fruto del acuerdo alcanzado con todo el sector, fijaron el precio plaza día en 56 euros. Este precio se sitúa muy por debajo del establecido en otras comunidades autónomas para plazas de idénticas características, que llegan a alcanzar los 62 euros por plaza/día en Castilla-La Mancha, o los 87 euros en Baleares».
8 Por último, cabe señalar que Juan Cotino vendió sus acciones de la empresa Cyes en el año 1988, es decir antes de dedicarse a la actividad pública. Por ello, es falso, una vez más, la afirmación que asegura que el vicepresidente fue apoderado de la empresa Construcciones y Estudios, S.A. hasta el 7 de agosto de 2007.
LA RESPUESTA DE EL MUNDO
1 En ningún titular ni en el texto se dice que adoptara decisiones «para» beneficiar a sus empresas, sino que «Cotino cambió normas beneficiando a empresas de sus familiares» o que «realizó cambios que beneficiaron los negocios de su familia». El señor Cotino no sólo cambia nuestro titular, sino que se contradice entre lo que dice el encabezamiento de la carta dirigida al director -como se relata al principio de la crónica adjunta- y lo que pone en el punto número 1.
Con todo, si su empresa es una de las más importantes del sector y él es conseller del área, si ha beneficiado al sector con su gestión, por lógica, ha beneficiado también a las empresas de su familia.
2 En el editorial publicado el lunes en este diario explicamos que «puede que Cotino no haya cometido ninguna ilegalidad, pero sólo teniendo una manga muy ancha se puede considerar correcta su actuación». Obviamente, nadie le acusa de actuar ilegalmente, pero tanto Camps cuando le nombró, como él cuando aceptó el cargo de conseller de Bienestar Social, sabían que el grupo de su familia era uno de los más importantes del sector. Posteriormente, lo designó conseller de Medio Ambiente y Territorio, cargo que mantiene en la actualidad, y la firma Sedesa, de su familia, es una de las principales constructoras valencianas investigadas en la trama Gürtel por presunta financiación ilegal del PP.
3 El señor Cotino fue conseller de Bienestar Social entre el 29 de junio de 2007 y el 28 de agosto de 2009. En la Orden del 5 de diciembre de 2007, la Disposición Transitoria Cuarta hace referencia a las 9.000 plazas residenciales privadas creadas en el año 2001, de las que un tercio estaban concertadas, y los respectivos contratos suscritos con empresas adjudicatarias. En su punto 4 dice: «...se podrá incrementar el número de plazas a sujetar al régimen de conciertos hasta el 100% de plazas disponibles en dichos centros». Es decir, la Orden desmiente la tesis de Cotino, ya que no sólo abre claramente la puerta a que se concierten más plazas, sino que da cobertura legal a las dos resoluciones que se adoptan bajo su mandato -6 de noviembre de 2008 y 29 de mayo de 2009-, en las que se concertaron más plazas con las empresas de su familia que pagaba la Generalitat, tal y como consta en los documentos en poder de EL MUNDO.
Y en el punto número 2 de la misma Disposición se dice: «No obstante lo anterior y sin perjuicio de esta conversión desde la entrada en vigor de esta orden en el plazo de un año, se establecerán de común acuerdo los posibles ajustes que resulten precisos en relación al régimen jurídico y económico». Es decir, la Orden permitía cambiar el desembolso económico, como confirmó la actual consellera, Angélica Such, el 22 de febrero de 2010, en una respuesta parlamentaria en las Cortes valencianas, al informar de la tramitación por procedimiento negociado de la ampliación de plazas y precios en 2008, 2009 y 2010, los dos primeros años bajo mandato de Cotino.
4 En su etapa como conseller de Bienestar Social, las empresas de su familia han pasado de tener 13 a 21 centros y de 716 a más de 2.000 plazas con concertación directa y con bonos-residencia. No cuestionamos cuándo se empezaron a construir, sino cuándo se finalizaron y, por tanto, comenzaron a concertarse, a recibir dinero de la Administración, cuya ampliación se realizó en la etapa de Cotino.
La «licencia correspondiente», que no concreta qué licencia es, se supone que es la de construcción, que la daría el ayuntamiento de cada localidad. Pero en el Pliego de Cláusulas del contrato de atención residencial a personas mayores dependientes del 5 de febrero de 2001 que firmó el ex conseller Rafael Blasco, se especifica en el artículo 22.2C como uno de los supuestos de extinción de contratos la «no puesta en funcionamiento de los centros residenciales en el plazo ofertado». Luego pese a que estaban en plazo de construcción con licencia, Cotino sí fue quien decidió ampliar las plazas concertadas de su familia, una vez terminadas las obras. Además, las concertó fuera de plazo, como informamos el martes y como confirmó el gerente de la empresa de su familia, Gerocentros, Arturo Alario: «La Generalitat consideró las dificultades de las empresas para encontrar parcelas de grandes dimensiones y por eso nos permitió entrar fuera de plazo».
5 La tesis del 'conseller' reitera una vez más lo explicado anteriormente, es decir, que tanto en la Orden del 5 de diciembre de 2007 como en las dos posteriores resoluciones, se amplió el número de plazas concertadas. Es más, cuando la actual consellera aludía a los procedimientos negociados, se refería a los procedimientos que fueron «negociados sin publicidad», como consta en la Resolución de Adjudicación Provisional, un documento de 20 páginas en poder de EL MUNDO, en el que se detallan, por empresas, localidades y precios, todas las nuevas plazas concertadas durante el mandato de Cotino. En concreto, al grupo Savia se le conceden 758 plazas concertadas.
6 El señor Cotino aporta una amplia explicación teórica de su política, pero en ningún momento da datos concretos de las empresas de su familia. En el año 2006 estas empresas de sus familiares contaban con 503 plazas de accesibilidad concertadas y cobraban de la Generalitat 43 euros por día, es decir, 7.894.585 euros al año, y 213 bonos a 1.317 euros al mes, es decir, 3.366.252 euros al año. La suma arroja un negocio de 11.260.837 euros en el año 2006, según los cálculos realizados a partir de los documentos oficiales en poder de EL MUNDO obtenidos de las respuestas parlamentarias del propio Juan Cotino en las Cortes.
En 2009 el grupo disponía de 2.020 plazas financiadas repartidas de la siguiente forma: 887 a 55,51 euros al día (17.971.640 euros al año); 758 plazas que durante medio año cotizaron a 56 euros (7.725.536 euros) y el resto del año a 58 euros (8.045.412 euros), y por último, poseía 375 bonos residenciales a 1.506,5 euros al mes (6.779.250 euros al año). De lo que se desprende que sólo de la Generalitat y del departamento que dirigía Cotino el volumen de negocio entre enero de 2007 y el año 2009 pasó de 11,2 millones a 40,5, si tomamos los años completos. EL MUNDO posee todos los documentos oficiales que lo demuestran.
Y en el documento firmado con la consellera Angélica Such el 22 de febrero de 2010, se confirma que en 2008 el precio era de 56 euros; el de 2009, de 56/58 euros (el precio varió a mitad de año), y en 2010, de 58, en contra de lo que apunta Cotino.
En 2009, había 52 residencias concertadas, de las que 21 eran de la familia Cotino, es decir el 40,3% del sector. Y en plazas, de las ampliadas, que son a las que se refiere el artículo, se amplió el concierto a 1.810, de las que 758 fueron para el grupo Gerocentros-Savia, es decir, el 41,8%. Y del total de las plazas financiadas -4.000-, 1.604 están controladas por los Cotino, es decir, el 41,1%, según los documentos oficiales. En estos datos no están incluidos los bonos-residencia.
7 La sentencia, de la que informa este diario, no fue recurrida por la Generalitat ante el Supremo, pese a que cabía recurso de casación, y apenas 20 días después de la decisión del TSJ de Valencia, el Gobierno de Camps, en el que Cotino era un influyente conseller, ordenó pagar a las residencias. El resto del sector no pudo recurrir y por eso las residencias de la familia hoy cobran más de la Generalitat que las demás empresas.
8 Juan Gabriel Cotino aparece en dos documentos en nuestro poder como apoderado de Cyes. En el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) figura hasta el 7 de agosto de 2007 y en el Registro Mercantil hasta el 25 de julio de 2007. Además, el presidente de la compañía, Felipe Almenar, en declaraciones a este periódico, confirmó que Cotino fue accionista de Cyes hasta 1988 y que después no tuvo relación con la empresa, pero no fue hasta 2007 cuando Cyes hizo «un barrido» de revocación de órdenes de apoderados y retiró los poderes a Cotino y otros ex consejeros.
Aunque este periódico no había publicado hasta ahora, el 27 de octubre de 2004, siendo conseller de Agricultura, Cotino adjudicó a la empresa de la que era apoderado una obra en Enguera por valor de 4.214.768,57 euros.
Todo lo aportado en la información de EL MUNDO está contrastado por documentos oficiales de diferentes organismos de la Generalitat Valenciana en poder del periódico. Tanto el señor Cotino como los representantes de las empresas de su familia declinaron facilitar la labor del periódico antes de publicar estas informaciones y renunciaron a aportar su versión y a aclarar las posibles dudas en reiteradas ocasiones y durante varios días.
(www.elmundo.es, 27/05/10)
