Hacienda prevé una repatriación masiva de dinero negro a España
http://www.expansion.com/2010/06/25/midinero/1277417912.html
Hacienda tiene en sus manos la mayor regularización de dinero negro desde la Transición. El golpe dado a las grandes fortunas españolas por la revelación de los datos de hasta 1.500 clientes del HSBC con 3.000 cuentas en Suiza y 6.000 millones de euros, según datos de la propia entidad, puede dar lugar a una repatriación masiva de fondos irregulares, según adelantó el miércoles en exclusiva Expansión.com.
Estos clientes deberán dar cuenta de todos sus fondos en el extranjero que ahora no rinden cuentas al erario público español: en cualquier entidad protegida por cuentas opacas y en cualquier jurisdicción. Es su única vía para evitar el delito fiscal ante las autoridades españolas. Los asesores fiscales así se lo han transmitido a sus clientes, a los que también desaconsejan esconder parte de su patrimonio a la Administración o no regularizar ahora y enfrentarse a una inspección mayor.
Los gobiernos regionales también tienen en sus manos la lista de los clientes de HSBC y ya han mandado requerimientos a algunas de ellas para exigir el pago del Impuesto de Patrimonio.
Dinero de vuelta
La cantidad potencial que podría repatriarse en los próximos días es muy difícil de calcular. Fuentes cercanas al proceso señalan que no resulta descabellado pensar que hay alrededor de 100.000 millones de euros de dinero negro de españoles en paraísos fiscales. En primer lugar, se legalizará el dinero depositado en HSBC. Se calcula que el 90% de estos clientes tiene cuentas en otros paraísos fiscales o en bancos suizos, por lo que la cantidad podría ascender hasta los 15.000 millones, según cálculos no oficiales.
El delito fiscal es el único del Código Penal que se puede evitar pagando y restaurando el perjuicio hecho a la Hacienda Pública. Para evitarlo, las 1.500 fortunas a las que Hacienda les ha hecho un requerimiento para que se pongan al día antes del 5 de julio, deben acogerse a la figura de la “excusa absolutoria”: si los defraudadores se ofrecen a pagar los impuestos motu proprio, la Fiscalía Anticorrupción puede apreciar que no hay delito en esta actuación. Todo se saldaría con el pago de la deuda tributaria, más los intereses y una sanción administrativa.
Para poder acogerse a la fórmula de la “excusa absolutoria”, la legislación española exige que se regularicen todos los fondos, en cualquier banco o país en el que estén instalados.
Amnistía encubierta
La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ya ha señalado de que se trata de una actuación “que se asemeja a una amnistía fiscal” y un “escandaloso privilegio” para estas fortunas. Los Inspectores de Hacienda del Estado llevan años denunciando la falta de medios con la que realizan su labor, motivo por el cual la Agencia tributaria tenga que buscar una solución intermedia para atraer los fondos irregulares.
Algunos expertos consultados creen que si Hacienda ya sabe que hay fraude, debería avisar a las autoridades judiciales para que actúen penalmente y no sólo por la vía administrativa.
La Agencia Tributaria apuntó ayer que los requerimientos efectuados a residentes españoles con cuentas en Suiza no son “un perdón o un trato de favor” a determinados contribuyentes. “Las distintas asociaciones de inspectores desconocen el detalle y contenido de la investigación”, indica.
Algunos expertos añaden que los juzgados españoles no pueden abrir 1.500 procesos penales ni 1.500 investigaciones por la falta de recursos, por lo que se ha optado por una vía intermedia para recaudar dinero para las maltrechas arcas del Estado.
Las fuentes consultadas señalan que existe un miedo inducido por Hacienda con un efecto más potente sobre las grandes fortunas. En el fondo se sitúa una cuestión regulatoria: la presión del G 20 para acabar con los paraísos fiscales y el secreto bancario.
Los asesores fiscales llevan desde el año pasado aconsejando a sus clientes que regularicen las cantidades que hay en el extranjero para evitar que sus datos lleguen a manos de la Fiscalía y entonces puedan enfrentarse a un delito fiscal (siempre que se trate de cantidades mayores de 120.000 euros). En esta situación podría haber capitales españoles comprometidos por un valor total de más de 80.000 millones.
Prescripción de los delitos
La Inspección de Hacienda puede remontarse hasta el año 2004 en su investigación, debido a que el delito fiscal prescribe a los 5 años (antes el período era de 10, pero se varió durante la tramitación del nuevo Código Penal). Aquellos que hayan depositado dinero en los últimos 5 años serán los más perjudicados. No obstante, existe en Suiza dinero de españoles desde la posguerra civil y otras cantidades que salieron durante la Transición.
Ese dinero deberá regularizarse también debido a que las rentas que ha generado el principal en los últimos cinco años será también objeto de inspección. El pago puede ir desde una devolución física de dinero, la compensación de las pérdidas de patrimonio sufridas durante la crisis y el pago de un porcentaje muy alto de las rentas en Suiza. La casuística es muy variada. Los especialistas consultados señalan que sería conveniente que la Agencia Tributaria crease un mecanismo único para la repatriación de estos fondos, como hizo Francia el año pasado, para agilizar el proceso.
Los clientes afectados estudian presentar una denuncia
Los clientes de HSBC barajan la posibilidad de demandar a la entidad por haber roto el compromiso de secreto bancario, una condición bajo la cual contrataron sus depósitos. Alegan que el banco cobraba unas comisiones mayores que otras entidades por esta condición incumplida. El banco fue víctima del robo de estos datos, que fueron transmitidos a las autoridades francesas como aplicaciones informáticas de bases de datos que luego han tenido que ser descifrados por medios tecnológicos. Desde HSBC alegan que en todo lo que ha ocurrido no hay evidencias de mal comportamiento por su parte. HSBC ha ofrecido asesoramiento gratuito a sus clientes con el bufete de abogados Uría Menéndez.
Otra de las cuestiones a debate es la validez ante un proceso penal por delito fiscal de estos datos conseguidos de forma irregular por las autoridades francesas y remitidos posteriormente a las españolas. Fuentes jurídicas consultadas apuntan que en Alemania ya se están utilizando pruebas indiciarias en este tipo de procesos judiciales.
Los abogados que están trabajando en estos procesos de regularización, que se han disparado con el caso HSBC, tienen una dificultad añadida: Deben comprobar que el dinero que sus clientes quiere repatriar no proviene de algunas actividades ilícitas, como los cohechos, el tráfico de armas, el tráfico de blancas o el narcotráfico.
En este punto, algunas de las 1.500 personas físicas que tienen que rendir cuentas a Hacienda por este dinero podrían tener que dar cuenta también a los Tribunales por el origen de los fondos a examen.
