» Dinero »
* Máximo Suchowolski
Lun, 10/10/2011 - 23:00
El Gobierno permite comprar deuda en secreto desde los paraísos fiscales
La memoria es corta. 9 de julio pasado. Palacio de Congresos, Madrid. Alfredo Pérez Rubalcaba pronuncia un discurso durante su proclamación como candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, discurso que incluye el siguiente entrecomillado: “En los paraísos fiscales hay unos sitios que tienen ‘los dineros’ para no pagar a Hacienda. Pero hay mucho más, está el dinero del narcotráfico, está el dinero de la corrupción, está el dinero de la trata de personas... Es intolerable, es indecente, es absolutamente inmoral que el mundo viva con los paraísos fiscales”.
29 de julio. Último Consejo de Ministros antes de las vacaciones estivales. El Gobierno desempolva un decreto congelado durante dos años y medio que permite a todos los inversores comprar deuda española desde un paraíso fiscal de manera absolutamente anónima.
Los últimos días de julio y primeros de agosto fueron de auténtico infarto, en lo que a la situación de la deuda española se refiere. Tras una serie de movimientos especulativos en los mercados, la prima de riesgo rebasó la cota histórica de los 400 puntos. El presidente Zapatero decidió retrasar el inicio de sus vacaciones y la Comisión Europea tuvo que salir al paso de la rumorología creciente para negar la necesidad de rescatar a España, aunque ese rescate era lo que, en realidad, estaba haciendo a pequeña escala el Banco Central Europeo comprando deuda española.
" Del ‘libre de impuestos’ a la oscuridad total "
El divorcio del Gobierno con su mensaje antiparaísos por la búsqueda a toda costa del inversor para la deuda pública arranca en la primavera de 2008 con la decisión de incluir en el grupo de operaciones sin retención a aquellas efectuadas desde territorios opacos al Fisco.
Hasta entonces, el emisor de la deuda pagaba los intereses descontando el tipo impositivo correspondiente (un 19%, en la actualidad); posteriormente, y si el inversor o su depositario remitían una serie de datos sobre su identidad y país de residencia, reembolsaba la retención.
Al eliminar este sistema, Hacienda trataba de evitar trámites burocráticos para atraer fuertes sumas de capitales procedentes de grandes centros financieros mundiales como Hong Kong, que pese a formar parte —por poco tiempo ya— de la lista española de paraísos, está reconocida mundialmente como plataforma de inversión lícita. Tributos defendía entonces que su estrategia era equivalente a la que ya habían adoptado otros grandes países europeos.
Aquella decisión, sin embargo, contó con un fuerte rechazo interno. La Agencia Tributaria preparó un estéril informe contrario a la medida, aunque la gran rebelión llegó de la mano de los inspectores de Hacienda un año después, en 2009, cuando una versión del texto del pasado julio comenzó a circular en formato de proyecto de real decreto.
Ya a finales de 2008 el Gobierno había dado un paso más, limitando la posibilidad de que Hacienda tuviese acceso a la identidad de los inversores que operan desde paraísos, pero la normativa reglamentaria seguía en pie y la Dirección General de Tributos venía entendiendo que las obligaciones de información completa seguían siendo aplicables para todo tipo de inversores, residentes y no residentes.
El proyecto de decreto era el golpe de gracia para el control de los bonistas situados en territorios opacos. La inspección decidió alegar contra el texto y remitió una carta al presidente Zapatero instándole a “poner fin” al uso “abusivo” de los paraísos.
También Izquierda Unida reclamó, mediante una proposición no de ley, la retirada del texto. Aquella iniciativa permaneció dos años y medio paralizada en el Congreso, para morir a finales del mes pasado con el cierre de la legislatura.
Durante todo este tiempo, y pese a alguna intentona política frustrada de reactivar el texto, Tributos logró mantener congelado el real decreto. Pero a finales de julio, en medio de una nueva crisis de confianza de los mercados, el Gobierno no ha sabido resistirse por más tiempo: comprar deuda desde un paraíso ya no solo queda libre de impuestos, sino que también es una operación perfectamente anónima, con independencia del origen, lícito o no (evasión fiscal, narcotráfico, incluso terrorismo…), del dinero con el que se esté financiando al país.
En ese contexto, y oculto por el contraluz que provocaba Zapatero ese 29 de julio con el anuncio de la convocatoria electoral para el 20 de noviembre, Hacienda sacaba adelante un real decreto que tenía por “objetivo principal”, según el Ministerio que dirige Elena Salgado, “simplificar las obligaciones” de los inversores no residentes en renta fija al percibir sus rendimientos.
Inversor de incógnito
Tal simplificación, en la práctica, se concreta en la posibilidad que, a partir de ahora, tendrán los inversores no residentes –incluidos quienes operen desde paraísos fiscales– de comprar deuda pública sin identificarse ante las autoridades españolas. Y, además, indirectamente el decreto extiende el anonimato a los tenedores de participaciones preferentes de la banca española, dado que el régimen legal que afecta a estas emisiones del sector financiero está asimilado al de la deuda pública.
El real decreto modifica el Reglamento de Aplicación de los Tributos, estableciendo un nuevo “régimen de información respecto de determinadas operaciones con deuda pública del Estado, participaciones preferentes y otros instrumentos de deuda”. Según el nuevo régimen, en lo que toca a no residentes sin establecimiento permanente en España, las obligaciones de información se limitarán a identificar los valores adquiridos y el importe total de los rendimientos generados. Además, el decreto anula hasta seis normas de distinto rango para terminar de apuntalar un nuevo esquema dfe opacidad total en la venta de deuda al exterior.
Las consecuencias del nuevo modelo son evidentes. Países que hasta hace apenas unos meses eran considerados paraísos fiscales por España han firmado acuerdos bilaterales que oficialmente les permite quitarse la etiqueta de territorio opaco: Andorra, Panamá, San Marino, Bahamas, en breve Hong Kong y Singapur… Con la legislación vigente hasta el mes de julio, a los inversores que comprasen deuda desde estos territorios Hacienda les podría seguir vigilando, o al menos seguir el rastro, al igual que a cualquier otro inversor, residente o no residente.
Con el modelo de anonimato y anulación del sistema de retenciones, mientras un bonista que opere desde territorios opacos no existirá para el Fisco español en ningún sentido, un inversor español debe pagar impuestos por sus intereses y es vigilado por Hacienda salvo que, precisamente, disfrace su operativa interna a través de un paraíso. Pero las consecuencias, según advierten los inspectores de Hacienda, podrían ser aún mayores.
Según entiende su portavoz, Francisco de la Torre, "vender deuda a ciegas perjudica a la lucha contra el fraude y, lo que es peor, a la actividad contra el blanqueo de capitales, que requiere seguir el rastro del dinero". Pero además, apunta el inspector, eliminar la identificación del inversor resulta "absolutamente ineficaz" para mejorar la capacidad de financiación de la economía. Al "inversor sano", remarca, se le está enviando el mensaje de que la situación es "tan mala" que el Gobierno tiene que hacer "lo que sea" para colocar la deuda.
Una apuesta estéril
Después del último movimiento de las calificadoras de riesgo (Fitch acaba de rebajar de golpe dos escalones el ‘rating’ de la deuda española), cabe preguntarse si para tal viaje –el de la atracción de capitales a toda costa– eran convenientes semejantes alforjas.
Los inspectores "confían" en que el nuevo Gobierno que salga de las urnas el 20 de noviembre derogue el decreto de julio. De momento, el Partido Popular está ocupado en otros mensajes y Rubalcaba sigue anunciando proclamas antiparaísos.
En cuanto a Hacienda, asegura que si recupera ahora un texto abandonado en un cajón del Ministerio desde hace dos años y medio, es porque ha querido esperar a ver si en las discusiones internacionales sobre lucha contra los territorios opacos se consideraba clave conocer la identidad de los bonistas extranjeros. A la vista de los hechos, parece que el Gobierno no encontró tales argumentos fuera de casa, aunque desde luego sí que existían en el propio Ministerio de Hacienda y en la Agencia Tributaria.
