El FMI recomienda reducir el salario y despedir 120.000 Funcionarios en Portugal
El FMI también recomienda reducir el salario de los funcionarios en una cuantía que puede oscilar entre el 3% y el 7%, y deshacerse de hasta 120.000 empleados públicos (de un 10% a un 20%), centrándose, sobre todo, en profesores, profesionales sanitarios y funcionarios de baja cualificación. Además, los técnicos del Fondo recomiendan acabar con la, a su juicio, discriminación que sufre el resto de asalariados, que trabajan 40 horas semanales, con respecto a los funcionarios, cuya jornada semanal es de 35. Naturalmente, la igualación es por arriba: todos trabajarán 40 horas.
A juicio del FMI, el pago por consultas médicas (implantado ya en Portugal) podría incrementarse hasta llegar al tercio del gasto que suponga la prestación correspondiente. Ahora mismo, ir a urgencias en un sanatorio o en un hospital de Lisboa cuesta 20 euros. Si el Gobierno aceptara la explosiva sugerencia del FMI esta consulta de urgencias llegaría a costar casi 50 euros, según explicaba hoy el Diário de Notícias, que añade que una mamografía puede llegar a costar 15 euros y una consulta de médico de familia quedaría en los diez euros.
Los pensionistas, que en su gran mayoría han visto volatilizarse sus pagas extras, aún se verán peor. A juicio del FMI, para empezar, hay que subir la edad de jubilación de los 65 a los 66 años, reducir un 20% lo recibido por los pensionistas de la función pública e igualar —por abajo, evidentemente— el sistema de pensiones de todos los trabajadores a fin de ahorrar.
El informe ha levantado una considerable polvareda mediática. La izquierda acusa al Gobierno de Passos Coelho de desmantelar concienzudamente y pieza a pieza el país, y de instaurar una sanidad que va a costar más que un mero seguro privado. El secretario de Estado portugués, Carlos Moedas, ha aclarado que el informe “muy bueno y muy bien trabajado” será estudiado por el Gobierno, lo que no quiere decir que comulgue o no con sus medidas concretas.
De cualquier manera, el Gobierno, que en febrero piensa presentar a la troika (Comisión Europea, Banco central Europeo y el propio FMI) su propio plan de ahorro, ya se ha apuntado un punto con la exposición pública del informe al conseguir un objetivo evidente: que el país entero debate ya de dónde recortar 4.000 millones y que, quiera o no, se vaya haciendo a la idea de lo que le espera.