El crimen desafia al Estado
Jaume Curbet
Impulsada por la desregulación y la globalización financiera, la diferenciación entre actividad económica legal y criminal, dinero limpio y dinero sucio, resulta cada vez más difícil. En las dos últimas décadas, las finanzas especulativas han impuesto su lógica por encima de cualquier otra consideración política, económica o social: necesitan siempre más dinero y menos controles. Sometidos al dictado de la especulación financiera, los mercados se nutren de la totalidad del dinero que se halla en circulación, sin que importe ni su origen ni su propietario.
Según los cálculos más prudentes -aunque difíciles de verificar en un ámbito regido por la "ley del silencio"-, la cifra de negocios a escala mundial del dinero procedente de actividades ilícitas de las diferentes organizaciones criminales, es decir, el producto criminal bruto, no es inferior a los 800.000 millones de euros anuales, es decir, el 15% del comercio mundial.
Se entiende, pues, que la lucha contra el Crimen Organizado Global y el dinero sucio obtenga unos resultados tan lamentables. Y es que una represión eficaz supondría cuestionar los principios mismos que rigen la globalización financiera en tanto que sistema autorregulado al margen de cualquier tipo de control cívico. ¿No es extraño -como se pregunta el magistrado francés Maillard- que cuanto más importantes sean las sumas que hay que camuflar, más fácil resulte su blanqueo? Lo cierto es que los circuitos financieros internacionales garantizan una seguridad absoluta en las grandes operaciones de blanqueo y nos conduce, así, a esta paradoja aberrante de la globalización criminal: cuanto más importante es el crimen, menos visible resulta. Ello se explica en la medida en que la criminalidad económica y financiera -como la corrupción política o los paraísos fiscales- es el resultado natural de una forma específica de capitalismo. El despliegue mundial de este capitalismo ha supuesto prácticamente la desaparición del papel del Estado, y de cualquier otra forma de control cívico, en la administración de la economía y, de esta forma, se ha roto el círculo virtuoso del crecimiento y la integración social.
Las políticas neoliberales de los años ochenta y noventa aceleraron el proceso de globalización financiera y, asimismo, el incremento del paro y el aumento incesante de las diferencias de rentas; lo cual propició el entorno idóneo para la extensión del crimen y la creación de redes de corrupción, mercados negros, traficantes de armas y drogas, etcétera.
El Crimen Organizado Global, pues, se acomoda perfectamente a la parcelación del poder existente en el mundo liberal y la impotencia de los poderes públicos, aislados ante la criminalidad organizada, resulta cada vez más escandalosa. En su expresión más descarnada, el Crimen Organizado Global aparece como la manifestación típica y muy moderna de una nueva criminalidad a escala mundial: la de los poderosos.
No es difícil pronosticar, por tanto, que el creciente poder de estas organizaciones posestatales terminará desafiando -si no lo hace ya- al Estado convencional mediante el establecimiento de diversos vínculos mercenarios transnacionales y que defenderán, cada vez más, ambiciones regionales e incluso mundiales. Hasta el punto de que, como señala Castells, una de las causas más inquietantes de la crisis que amenaza al viejo Estado-nación viene dada, justamente, por el impacto combinado del Crimen Global Organizado en la economía y la política.
De manera que, las redes flexibles del crimen, han sabido aprovechar las ventajas competitivas propias de la nueva economía global; es decir, por un lado, unos entornos locales propicios -dominados tradicionalmente por las mafias- y, por el otro, una prodigiosa capacidad de las redes globales del crimen para eludir las regulaciones nacionales y los burocratizados procedimientos de la colaboración policial internacional. Lo cual resulta particularmente visible en España, donde, según el &q