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Ausbanc pide dimisiones, ayuda fiscal y psicológica estafa sellos
El delegado de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) en Baleares, Carlos Hernández, pidió hoy dimisiones en el seno del Ministerio de Sanidad y Consumo por la presunta estafa de Afinsa y Fórum Filatélico, así como la ayuda económica, fiscal y psicológica del Gobierno central a las víctimas.
En una rueda de prensa, Hernández presentó un decálogo de propuestas elaborado por su asociación para aliviar la situación de los afectados por lo que calificó 'la mayor estafa de la historia de España', de la que hay 350.000 víctimas, 4.000 de ellas en Baleares.
Hernández solicitó la dimisión del subsecretario de Estado de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, y de la directora del Instituto Nacional de Consumo, Angeles Heras, y demandó que se deje de tratar a los damnificados como 'especuladores' y 'codiciosos' en los medios de comunicación.
El delegado de Ausbanc en Baleares cuestionó, asimismo, la actuación de Hacienda por haber levantado acta de las provisiones de fondo que llevó a cabo Afinsa para asumir los compromisos con sus clientes.
Según explicó Hernández, esta actuación condicionó el comportamiento de la empresa y perjudicó a los afectados, ya que Hacienda advirtió de que estos fondos serían considerados como beneficios a efectos tributarios.
Hernández reclamó que el Gobierno proporcione ayuda económica a las víctimas del supuesto fraude filatélico, porque estas no son 'menos que una piedra embadurnada de chapapote' y porque de esta forma actuaría la Administración central si se tratara de los damnificados por una catástrofe natural.
Ausbanc, que ha interpuesto querellas como acción popular en la Audiencia Nacional y tramita personarse en el procedimiento del concurso de acreedores de Afinsa y Fórum Filatélico, propone, además, en su decálogo que el Gobierno clarifique la situación fiscal de los afectados por la presunta estafa.
Solicita que se cree un juzgado específico para este caso, con el fin de garantizar un juicio rápido, así como que los medios audiovisuales estatales dediquen un espacio diario a informar a la víctimas para evitar que el caso quede en el olvido.
También exige que, si los 350.000 ahorradores han sido objeto de 'una estafa piramidal', nadie cobre 'ni un euro' hasta que todos los afectados hayan recuperado el patrimonio perdido.
Ausbanc cree necesario que se efectúen auditorías en otras empresas del sector para garantizar su transparencia.
La asociación pide que se prevea la posibilidad de que los afectados puedan ceder su derechos de crédito al Estado, para agilizar el cobro de las cantidades perdidas y con el fin de evitar que todos los bienes se pongan en el mercado a un mismo tiempo, con consecuencias perjudiciales para su valor.
Hernández también criticó el comportamiento de otras asociaciones de defensa del consumo, como OCU y Adicae, por no haber denunciado como correspondía, a juicio de Ausbanc, esta situación.
Terra Actualidad - EFE