Piden la dimisión de los responsables de Consumo del Ministerio
AUSBANC pide dimisión responsables Consumo por no desarrollar ley
AUSBANC pidió hoy la dimisión o el cese del subsecretario de Estado de Sanidad y Consumo, Fernando Puig, y la directora del Instituto Nacional de Consumo, Angeles Heras, por considerarlos responsables del caso Afinsa-Fórum Filatélico por no cumplir la 'obligación' de desarrollar la normativa que regula el sector.
Además, señaló como cómplices de la situación por 'negligencia culpable', al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), por no exigir al Ministerio de Consumo el desarrollo de la norma, y a las asociaciones de consumidores OCU y ADICADE, por no aportar al consejo la información que tenían sobre posibles irregularidades.
En un encuentro con afectados por la presunta estafa filatélica, el presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC), Luis Pineda, que se rodeó de fuertes medidas de seguridad ante el temor de que el acto fuera boicoteado por, según dijo, 'determinados grupos de poder', pidió que se depuren responsabilidades ante la falta de 'previsión y pasividad' de las autoridades competentes.
Explicó que la disposición adicional Cuarta de la ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva establecía el deber de informar al cliente de los elementos importantes del contrato y la legislación, además de prever el desarrollo de las garantías que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo que se establecieses reglamentariamente.
En el Real Decreto 1309/2005, que desarrollaba la citada ley, establecía que el desarrollo 'de las demás instituciones de carácter no financiero' quedaba pendiente del posible desarrollo que pudiera hacerse en el futuro 'por orden ministerial', lo que no ha sucedido, apuntó.
AUSBANC considera que Puig y Heras son los responsables directos de la 'inactividad reglamentaria', al incumplir el compromiso de desarrollar una norma que describía con 'claridad meridiana' el sector y ordenaba a Consumo 'regularlo y supervisarlo'.
Añadió que el Ministerio debería haber tomado una serie de medidas que habrían evitado la 'crisis', entre las que citó el establecimiento de coeficientes de insolvencia e inversión, para no dejar a Afinsa y Fórum Filatélico crecer de forma 'exponencial', sino dentro del límite de sus propios recursos; y la creación de una unidad de análisis patrimonial para la tasación de los sellos.
Pineda señaló que si se hubiesen desarrollado esas garantías previstas en la ley, no se estaría hablando de '400.000 afectados', al tiempo que acusó de 'negligencia' al CCU, por no cumplir con su deber de exigir al Gobierno el desarrollo de la ley y mostrarse 'más preocupado por obtener subvenciones que por los derechos que supuestamente defienden'.
En este sentido, criticó a la OCU, por su 'deslealtad' con el CCU al no remitir un informe que tenía sobre el sector, y a ADICADE, por su 'dudosa transparencia' al no difundir la información que tenía referente a la problemática de Afinsa con Hacienda.
Pineda, que el martes acudirá al Defensor del Ciudadano, ofreció su asesoramiento a los afectados, a los que aconsejó no usar los servicios de Consumo por considerar que al ser los responsables no defenderán sus derechos, y dijo que su organización creará un fondo para ayuda para situaciones insostenibles, que cada seis meses será dotado con 10.000 euros.
Aseguró que su objetivo es que todos las víctimas de la presunta estafa recuperen las cantidades invertidas y exigió que se identifiquen exactamente los delitos cometidos y a sus autores, sobre los que pidió que caiga todo el peso de la ley.
Además, instó al Ejecutivo a hacer un 'esfuerzo importante' para que el sector del coleccionismo de sellos no se vea afectado por el 'hachazo homicida' que ha recibido por una intervención judicial, que en su opinión, 'se ha hecho mal' y ha es