Enmiendas Presupuestos, ¿el PP nos engaña?
ENMIENDA NÚM. 165
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
A la disposición adicional (nueva)
De adición.
Se habilitarán los créditos presupuestarios necesarios para hacer frente al pago de las cuantías que se determinen por los Tribunales de Justicia en el caso de que estimen la existencia de Responsabilidad Patrimonial de la Administración General del Estado en la intervención de Fórum Filatélico S.A. y Afinsa Bienes Tangibles.
JUSTIFICACIÓN
Otorgar seguridad jurídica a los afectados.
ENMIENDA NÚM. 1.330
FIRMANTE:
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
De adición.
Se propone la creación de una nueva disposición adicional del siguiente tenor literal:
«Disposición adicional (nueva). Fondo Extraordinario de Compensación de Pérdidas para los afectados por la insolvencia de las empresas Fórum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A. y Arte y Naturaleza Gespart, S.L.
Uno. Se crea el Fondo Extraordinario de Compensación de Pérdidas para un resarcimiento económico justo y razonable, anticipado en el tiempo a las resoluciones judiciales pertinentes, al objeto de indemnizar y compensar las pérdidas económicas a las familias afectadas por la insolvencia de las empresas Fórum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A. y Arte y Naturaleza Gespart, S.L. e incursas en procedimientos judiciales concursales y penales, que tengan la condición de consumidores y usuarios definida en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, con una cuantía del 85 por ciento de los créditos reconocidos a cada afectado en los procedimientos concursales y con un límite máximo de 20.000 euros por titular de créditos reconocidos. En atención a la condición de ahorradores de los afectados se tomará como referencia la normativa legal existente en cuanto a los sistemas de indemnización previstos en los Fondos de Garantía de Depósitos y de Inversiones.
Dos. El Fondo se establece por un plazo máximo de duración de 4 años a contar desde la transferencia por parte del Ministerio de Economía y Hacienda de la primera anualidad destinada al Fondo.
Tres. El Fondo tendrá una dotación total máxima de 1.956.000 miles de euros. La dotación para el ejercicio 2010 será de 489.000 miles de euros aportados por el Ministerio de Economía y Hacienda con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2010.
Cuatro. En los procedimientos concursales y penales en curso el Estado se subrogará en las posiciones acreedoras de las familias afectadas que se acojan al Fondo hasta el importe total de las cantidades aportadas a cada afectado.
Cinco. El Ministerio de Economía con la colaboración de las Administraciones Concursales establecerá el procedimiento y condiciones aplicables a la gestión del Fondo, así como los criterios y procedimientos de selección, concesión y control de los pagos a efectuar por el mismo a los afectados.
Seis. Este Fondo carece de personalidad jurídica. Las responsabilidades del Fondo se limitarán exclusivamente a aquellas que la entidad gestora haya contraído por cuenta del mismo.
Siete. En el supuesto de que los procedimientos concursales o penales o la venta de los activos de las empresas superaran el importe que a cada afectado le hubiera sido adelantado por el Fondo, dicho exceso será repartido proporcionalmente a los créditos reconocidos entre todos los acreedores con respeto a los principios legales aplicables.
Ocho. Los fondos aportados por el Fondo Extraordinario de Compensación de Pérdidas no podrán ser objeto de exacción ni tasa alguna por parte de asociaciones, plataformas ni abogados o técnicos, ni ser objeto de imposición fiscal de tipo alguno dado su carácter indemnizatorio.»
MOTIVACIÓN
Se propone una solución para los afectados de Fórum Filatélico, Afinsa Bienes Tangibles y Arte y Naturaleza, después de tres años y medio sin resolver la grave situación planteada y en la perspectiva de una duración impredecible pero ciertamente larga de los procedimientos judiciales en curso.
Desde el primer momento y por unanimidad el Congreso de los Diputados en diversos debates reconoció la necesidad de prestar apoyos y ayudas, así como de buscar soluciones definitivas y justas al grave problema social planteado. Sin embargo, las soluciones adoptadas no han tenido prácticamente ninguna efectividad, prolongando el problema y causando cada vez mayor frustración a los cientos de miles de afectados, nada menos que el 1% de la población española.
El debate y aprobación de la Ley 43/2007 de Protección de los Consumidores en la Contratación de Bienes con Oferta de Restitución del Precio (también conocida como Ley de Bienes Tangibles) no supuso ninguna solución efectiva a los problemas históricos causados por este sector, que en la práctica desapareció a partir de la intervención judicial de las empresas filatélicas el 9 de mayo de 2006 porque se trataba de un sector mal regulado y supervisado que permitió el colosal fraude.
Además se da la paradoja de la legislación contradictoria que se ha llevado a cabo en otros países de la Unión Europea como Portugal, lo que podría conllevar un conflicto legislativo europeo que sería necesario prevenir con la resolución pacífica del problema.
Los datos hoy completamente constatados por las Administraciones Concursales sobre las familias que han perdido sus ahorros, y el tipo de productos que estas empresas comercializaban (pseudo productos financieros con denominaciones como «Plan de ahorro juvenil», «Plan de ahorro jubilación» y otras similares a los Fondos de Inversión y otros productos de ahorro/inversión) demuestran el carácter popular de los mismos y su pertenencia a estratos sociales humildes que confiaron en esas empresas como cualquier ahorrador lo hacía con entidades financieras reconocidas. El 94,81% de los afectados tenían invertidas cantidades inferiores a los 50.000 euros, todas ellas y aparte de la captación frenética de los últimos años por parte de las empresas, provenientes en su gran mayoría de ahorro familiar obtenido en períodos de hasta 20 años; existiendo además una proporción muy elevada de perjudicados que percibía por esos ahorros complementos de pensión que podían oscilar entre 100 y 400 euros mensuales.
Se han presentado centenares de demandas de responsabilidad patrimonial del Estado por la ausencia de regulación y control de estas empresas a lo largo de casi 30 años, en los que mediaron denuncias a las autoridades claras y explícitas, y mediando también investigaciones de Hacienda, la Fiscalía, Banco de España, CNMV ... desde hace más de 10 años, que no concluyeron lo que hoy han concluido ya diversas sentencias judiciales, informes y recomendaciones de autoridades académicas u otras como el Defensor del Pueblo, y que podrían derivar en un grave problema patrimonial para el Estado, muy superior a la solución propuesta, la cual resuelve el problema pacíficamente de una manera beneficiosa para los ciudadanos y para la dignidad y credibilidad del Estado de Derecho.
