... "la libertad de culpabilidad de los directivos , supondrá para todos los afectados que la intervención fué desmedida, inadecuada y carente de fundamento con la consiguiente responsabilidad patrimonial del Estado. Y en esta vida hay que ser prácticos y, yo no voy a enturbiar mi alegría de conseguir recuperar mis ahorros por una u otra via, por el hecho de que salgan indemnes los Directivos. Si la dicha de los Directivos de las empresas trae consigo nuestra dicha como afectados ¿porqué nos vamos a amargar ? o ¿ es que preferimos que nos saquen un ojo con tal de ver que a los directivos les sacan los dos ojos?. El pragmatismo debe estar por encima del rencor y la venganza".
Corroborando tu afirmación, te revelo algo mucho más importante todavía. Ésto es, que la convicción previa de que el destino y la solución para los afectados debía de ser distinto y correr la suerte opuesta a la que se pretendía para los ex-directivos (prejuzgados y condenados de antemano) era y es un fatal error de cálculo, que sólo puede conducir a nuestra propia derrota.
Desde el principio se vió claro, que nuestra suerte debía correr paralela a la de las empresas y sus directivos imputados. Siendo, de tal manera, que si éstos fuesen declarados culpables por alguno de los cargos que se les habían atribuido, nosotros apareceríamos todos, como los perjudicados por la acción exclusiva y directa de ellos, con lo que el resto de los actores institucionales que aparecen en ésta trama, tendrían la justificación perfecta para eludir, cómodamente, sus responsabilidades.
Tan certera resultó ésta suposición que tuvimos los denostados "afinseros", que así ha sido, finalmente, una vez que la RPE que se solicitó, por "in vigilando", ya ha sido, irremisiblemente, rechazada.
Pretender seguir con la equivocación de apuntar a quienes, con seguridad, van a ser declarados inocentes, es empeñarse en hacerles el juego a los verdaderos culpables de éste atroz atentado, que, además, se permiten vilipendiarnos, mofándose de nosotros frente a la opinión pública, ante la que su fechoría cobra plena legitimación (intervenimos para salvar a esos ingenuos "listillos" y avariciosos). "Que no pretendan que el Estado tenga que pagarles nada", afirma el clamor popular, unánime.
Desviar la atención de los auténticos causantes de éste latrocinio, es la mejor absolución que les podía haber caido del cielo y ésto, justamente, es lo que la inmensa mayoría de afectados han venido haciendo, inconscientemente, en gran parte, abducidos y confundidos, por bufetes y asociaciones subvencionadas, que junto con los medios de comunicación afines, se prestaron a cumplir, fielmente, con las consignas del Poder establecido.
Llegados a éste punto y una vez que la controvertida Disposición Adicional IV, ha sido ratificada en la nueva ley del 2007 sobre los bienes tangibles, además de haber sido negada la existencia de falta de control o vigilancia por los organismos públicos, carece de sentido despreciar dicha disposición contenida en la ley, cuando existen normas semejantes en otros paises de Europa, que rigen la actividad de éste sector económico.
Efectivamente, hay dos modelos, igualmente válidos, que posibilitan la regulación de éste tipo de negocios. Uno es el enfoque mercantil y el otro es el financiero. La UE no establece ningún criterio unánime a aplicar, quedando éste sometido a la legislación particular de los diversos Estados de la Unión.
Criticar, pues, al PP, por la implantación, en su día, de la normativa legal cuyo contenido esencial sigue aún vigente, sin que jamás fuera derogado por ninguna otra autoridad política, es un vano e inútil intento, de persistir en una estrategia, abocada al fracaso y a una completa pérdida de tiempo. Peor aún, sería el golpe definitivo para todos los afectados, continuar asentado en una premisa, que se sustenta sobre un principio arbitrario y valorado según la concepción personal de cada uno.
