Personalmente pienso que es un debate bastante demagógico e interesado, muchas veces trufado de medias verdades, o directamente de falacias que nadie se encarga de desmentir. Considero que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) tiene su perfecta justificación y encaje en un Estado Social y de Derecho, y que guste o no, es un impuesto progresivo y social que grava el lucro por hacer recibido gratuitamente unos bienes sin haber desempeñado un esfuerzo personal por conseguirlos.
Para mayor abundamiento es un impuesto, que entre otras finalidades, tiene un claro objetivo ético-social de igualar las desigualdades que ocasiona la llamada “lotería genética” o “vivir de gorra” por recibir una herencia (según en que casos, léase el caso más ilustre; Borja Thyssen) frente a la valoración del mérito que supone habérselo currado uno mismo día a día con el sudor de su frente. Y es que un país que permite posicionamientos de partida injustos, que no prima la igualdad de oportunidades, ni reconoce el esfuerzo de sus conciudadanos es un país destinado al fracaso.
Por ello, no me resulta asumible que alguien por el mero hecho de figurar en una herencia pueda pasar a tener como premio de defunción un incremento de renta o patrimonio brutal totalmente libre de impuestos mientras a un asalariado a partir de 53.000 euros Hacienda se le lleva el 43% de su trabajo. En fin, que no parece muy equitativo que en aras a contribuir a la redistribución de la riqueza de un país a las rentas del trabajo personal se les castigue hasta marginales del 43% mientras la herencia de tío Miguel salga gratis.
E incluso dejando al margen las influencias ideológicas de las que todos estamos “contaminados”, desde una perspectiva más doctrinal es un tributo totalmente justificado y amparado por su carácter redistributivo de riqueza y por su empeño en hacer compatible el derecho a heredar con el derecho a la igualdad de oportunidades. Y si bien en los últimos años en España la aceptación de este tributo ha entrado en crisis por el uso partidista que han hecho de él ciertas fuerzas políticas y grupos de presión (lo que ha motivado su práctica supresión en la mayoría de las CC.AA), cabe recordar que en la gran mayoría de países de UE-15 el ISD sigue vigente sin mayores problemas. Ya se sabe, "Spain is different". Es innegable, no obstante, que todo es mejorable y que en según que supuestos particulares el ISD pueda distar mucho de la eficiencia y equidad del que debe hacer gala todo impuesto. Y para ello está el legislador para corregir todas aquellas imperfecciones que se detecten, proponiendo mecanismos de adaptación a las realidades sociales y económicas imperantes en el momento con el objetivo de mantener su carácter redistributivo y de manteniento de igualdad de oportunidades, evitando siempre en última instancia, que no llegue a tener un carácter abusivo o confiscatorio. Pero claro, entre reformarlo y pretender su entera abolición nos parece que dista un abismo, a la vez que supone un retroceso importante en derechos conseguidos a lo largo de los años.