Comienza la caza contra Puigdemont
Hace pocas semanas, durante un encuentro restringida pero en la que participaron el suficiente número de personas que, con el paso de los días, el comentario se haya filtrado, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dejó boquiabiertos a sus interlocutores, muy interesados en la renovación de Convergencia: "Yo lo que hará Convergencia sé poco, pero todo esto de los partidos cambiará cuando dentro de menos de un año proclame la independencia de Cataluña". Puigdemont lo ha dicho posteriormente en, al menos, dos citas más. Explicando, de paso, que su papel habrá terminado llegado ese momento. Uno de los asistentes a la reunión, en explicarlo días después y todavía aturdido por el comentario, no dejaba de expresar su preocupación de la siguiente manera: "Quizás es una de las pocas personas que lo creen y lo está tomando en serio, pero será suficiente para que le caigan todos los dardos del Estado ".
Tan pronto he lei este martes las informaciones que avanzaban a las 08:00 que se estaban produciendo registros en varios ayuntamientos relacionados con la corrupción y se titulaba abiertamente por el consistorio de Girona y por adjudicaciones de la época en que Carles Puigdemont era el alcalde de la ciudad, he recordado aquella conversación. Mucho más cuando a esa hora en que avanzaba la noticia sólo había periodistas frente a la casa consistorial gerundense. Los agentes de la Guardia Civil llegaron cinco horas más tarde, a las 13 horas, y entraron discretamente de paisano por una puerta lateral.
Pero, quizás, eso era lo de menos. Las televisiones con sede en Madrid ya habían anunciado que la Guardia Civil había entrado a hacer un registro en el ayuntamiento e incluso un diario importante escribía que "Puigdemont tampoco se encuentra entre la docena de detenidos", ignorando que, como cualquier diputado en el Parlamento, es un aforado y el Estatuto de autonomía establece en su artículo 57 que los parlamentarios tienen inmunidad durante su mandato a los efectos concretos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito. No era el caso, ya que los presuntos delitos eran unos contratos que ya habían sido reclamados en 2014 por la Oficina Antifraude de Cataluña del hoy famoso Daniel de Alfonso y que hacía años que estaban colgados en la web municipal.
No es exagerado pensar que la operación de demolición de Puigdemont ya ha comenzado en forma de un nuevo nube tóxica de corrupción. En el Parlamento, el PP ya ha pedido su comparecencia antes del próximo pleno de la cámara catalana y Ciudadanos ha solicitado la creación de una comisión de investigación parlamentaria. Y mientras tanto, CDC formaliza este viernes su disolución como partido. Otra casualidad.
